El fiscal Elvio Aguilera Vázquez presentó imputación contra una mujer, quien supuestamente comercializaba drogas en un asentamiento del kilómetro 9 Monday de Ciudad del Este.
Se trata de Lidia Sandoval Giménez (47), quien soporta cargos por los supuestos hechos punibles de tenencia y comercialización sin autorización de estupefacientes, según informe del Ministerio Público.
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La mujer fue detenida el pasado viernes durante un allanamiento realizado en su domicilio, ubicado en el asentamiento 8 de Diciembre de la capital del Alto Paraná.
El procedimiento fue realizado por una comitiva de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezada por el fiscal Aguilera Vázquez.
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Los intervinientes requisaron cocaína, distribuidos en 89 porciones, además de varios billetes de baja denominación, presuntamente producto de la venta de la droga. También un revólver calibre 22 milímetros.
Basándose en los elementos de sospechas, el fiscal Elvio Aguilera dio inicio al proceso penal en contra de Sandoval Giménez y requirió su prisión preventiva. El representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías decretar su prisión preventiva.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.
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Imputan a dos productores por hurto de 452 toneladas de soja de otra finca
- Ciudad del Este. Agencia regional
El propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Luis Carlos Pisani, de nacionalidad brasileña y un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., Sidinei Da Silva Schneider, paraguayo, fueron imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora investiga el hurto de 452 toneladas de soja de una plantación supuestamente ajena.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 por el productor agrícola Odimar Agostinho Caus, ante la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad, recurriendo a la fuerza, mediante el uso de maquinarias agrícolas y personal de la empresa del hoy procesado.
El afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã (de 50 y 72 hectáreas). Habrían utilizado tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias para cosechar la producción de soja y trasladarla a destino desconocido.
De acuerdo al escrito fiscal, el propietario de la empresa agrícola habría sido quien organizó y dirigió el operativo, en el que participaron empleados de su firma y otras personas. Indica el agente que se habrían cosechado aproximadamente 452 mil kilos de soja, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares.
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Supuesto atropello
El Ministerio Público señala también que el otro imputado, directivo de la cooperativa citada, habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos.
Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas presuntamente armadas y en vehículos que resguardaban el supuesto atropello. El afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.
La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.