El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al conocerse que la Justicia lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.

El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.

El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas pertenecientes a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, está señalado como el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La trama utilizó “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.

Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

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“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, respondió Zapatero en un vídeo divulgado a la prensa, donde aseveró que “jamás” realizó “ninguna gestión ante ninguna administración pública (...) en relación con el rescate de Plus Ultra”.

“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España”, subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

Entonces, sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra provocó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.

Ábalos, en prisión, es investigado por corrupción ya la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

• Fuente: AFP

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso una reestructuración dentro del Ministerio Público a nivel país. Uno de los cambios más relevantes es el de la fiscal Soledad Machuca, quien deja la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

En su reemplazo fue designada Nancy Salomón. Machuca pasará a cumplir funciones como responsable de la Unidad Penal de Transición de Asunción en reemplazo de Salomón.

Otro movimiento que genera repercusiones es el traslado del fiscal Jorge Sosa, quien deja Alto Paraná para asumir funciones en Ñeembucú. La reestructuración también alcanza a los fiscales Lorenzo Lezcano y Federico Delfino, quienes pasarán a liderar nuevas unidades especializadas en Delitos Informáticos en Asunción.

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La fiscal Nathalia Silva Esteche será reemplazada por el fiscal Silvio Alegre en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero en Asunción; así como la fiscal Rocío González, quien será reemplazada por el fiscal Erico Ávalos como titular en Delitos Ambientales en la sede de Santa Rita.

En Paraguarí, el fiscal Digno Duo Pérez fue asignado para cumplir funciones como titular ante la Unidad Penal de Ejecución Electoral, Transición, Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia.

Los cambios son interpretados como una señal de reacomodamiento interno en áreas estratégicas del Ministerio Público, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación de fiscales en casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

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La Fiscalía salió a aclarar sobre las diligencias realizadas tras la denuncia de supuesto abuso sexual que guarda relación con el caso de filicidio y posterior suicidio en un inquilinato de Lambaré. Reconoce que efectivamente se realizó la denuncia el 9 de diciembre de 2024, se inició una investigación, pero supuestamente no se hallaron elementos suficientes con respecto al abuso físico o maltrato sexual que haya recibido el niño.

En su denuncia, la madre sindicó a su expareja, padre biológico de la víctima, como la persona que habría abusado del niño. “Inmediatamente, por disposición fiscal, la víctima fue trasladada a la Clínica Forense, donde se descartó violencia física en el niño. No obstante, se prosiguió con la investigación fiscal”, señala el informe dado a conocer a través de la página oficial del Ministerio Público.

Menciona además que el niño fue atendido en el Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que se le realizó una contención psicológica y una primera entrevista, en la cual el niño mencionó otro nombre, pero en forma dubitativa y no pudiendo precisar fechas ni hechos precisos.

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También se refiere a la madre como una persona “angustiada y con una conducta contradictoria”, por lo cual se requirió un estudio psicológico a la misma. Asimismo, indica que la madre ya había atentado contra su vida y la de su hijo, según testimonio de una vecina.

“Al día siguiente de la denuncia, en fecha 10 de diciembre de 2024, la mujer habría intentado saltar frente a un vehículo con su hijo y luego se habría subido a un techo donde amenazaba con lanzarse”, indica el expediente fiscal.

Ante esta situación, se dio participación a la Codeni y el menor fue rescatado y entregado a una tía, familiar de la madre. Este hecho se comunicó a la Defensoría de la Niñez de Lambaré, para que realice el seguimiento.

Por su parte, la Unidad Penal prosiguió en la indagación de supuesto abuso para una evaluación psicológica, pero no pudo lograrse debido a las sucesivas ausencias del niño a las entrevistas fijadas.

Por otro lado, la tía declaró ante el Ministerio Público que el niño no le había manifestado ser víctima de abuso ni de otro tipo de violencia. “El examen médico descartó lesiones físicas y descartó signos de violencia sexual; además de la falta de asistencia a las entrevistas para evaluación psicológica, no se han tenido elementos que lleven a una imputación”, concluye el informe de la Fiscalía.

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Este domingo, la Policía Nacional se enfrentó a tiros con un grupo de narcotraficantes que fueron sorprendidos llevando varios kilos de marihuana en la localidad de Mayor Otaño, en el departamento de Itapúa. Se reportan una persona abatida y un detenido, además, se incautaron marihuana, armas, así como dos camionetas.

Según el reporte policial de la comisaría 19, el hecho se registró esta madrugada en la colonia Parejha de la citada localidad, donde se vieron involucrados tres camionetas, cuyos conductores se percataron de la presencia policial y decidieron evadir el control huyendo del sitio, situación que alertó a los efectivos.

En ese momento se produjo una persecución e incluso intercambio de disparos entre narcos y efectivos policiales, que terminó con la muerte de uno de los conductores, que fue identificado como Miguel Ángel Talavera Amarilla, de 35 años, que aparentemente no cuenta con antecedentes penales.

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Así también, se logró la detención de otro de los conductores, identificado como Nazario Lencina Olivera, de 34 años, que cuenta con antecedentes penales por delitos ambientales e incumplimiento del deber alimentario. Ambas personas eran oriundas del departamento de Alto Paraná.

En uno de los rodados fue incautado presunta marihuana que estaba lista como para ser entregada. Estas personas circulaba en dos camionetas, una de la marca Nissan, modelo Frontier, de color plata, y una de la marca Chevrolet, modelo Tracker, de color vermelho, en este último iba el conductor que resultó abatido.

Uno de los rodados de la marca Chevrolet figuraba a nombre de Angélica Ávalos Delgado, funcionaria de la Municipalidad de Ñacunday, y la otra camioneta pertenece a Idalina Delgado de Ávalos. Se presume que estos vehículos fueron robados para usarlo en el trasporte de la droga.

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