El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia aprobó el uso de la tecnología así como el Whatsapp para brindar informes y copias o fotografías de los últimos movimientos de los expedientes judiciales que requieran los abogados que litigan en los diferentes juzgados de Primera Instancia y Tribunal de Apelación de los diferentes fueros. Este servicio se habilitó a los efectos de poder disminuir la concurrencia al edificio del Poder Judicial de los profesionales del derecho por la pandemia del COVID-19. La resolución lleva la firma del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, y de Carolina Llanes.
Asimismo, para que el profesional pueda acceder a los datos vía Whatsapp deberá identificarse primeramente, lo cual podría hacerse a través de videollamada para luego sí consultar sobre sus expedientes en los juzgados y tribunales de los diferentes fueros.
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Igualmente la máxima instancia judicial aclaró que el presente servicio es optativo debido a que los abogados que quieran venir a revisar sus expedientes judiciales podrán hacerlo sin ningún inconveniente y tomando todas las medidas sanitarias para el ingreso a la sede judicial.
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Escenario fiscal no compromete funcionamiento del Estado, pero exige mayor disciplina, según analista
El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.
De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.
En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.
Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.
Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.
En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.
“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.
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Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.
En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.
“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.
Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.
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Ministro Eugenio Jiménez se reunió con varios gremios de abogados de Central
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, se reunió este jueves con representantes de gremios de abogados de la citada jurisdicción, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y contribuir al mejoramiento del ejercicio de la profesión. El encuentro se desarrolló en la sala de conferencias del noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción.
En el espacio de diálogo, los titulares de los gremios de abogados expusieron sugerencias y planteamientos. Entre ellos, la necesidad de fortalecer la capacitación de funcionarios judiciales, mejorar los mecanismos de control sobre el desempeño de magistrados y garantizar canales seguros para la presentación de reclamos. Asimismo, resaltaron la importancia de un trabajo conjunto orientado a optimizar la administración de Justicia.
Indicaron que el departamento Central presenta características particulares y manifestaron su intención de continuar trabajando de manera coordinada entre los gremios y la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, valoraron la iniciativa del ministro, señalando que este tipo de encuentros permite canalizar propuestas orientadas a mejorar la infraestructura y el funcionamiento del sistema judicial.
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Por su parte, el ministro Jiménez Rolón señaló que su objetivo es agilizar el ejercicio de la profesión, considerando su complejidad. Explicó que, en ocasiones, los procesos pueden verse afectados por situaciones involuntarias, como el desconocimiento o limitaciones operativas.
En ese contexto, informó que propuso al pleno la realización de cursos de capacitación dirigidos a distintos perfiles de funcionarios judiciales, con el fin de optimizar el funcionamiento de juzgados y tribunales. Asimismo, destacó la importancia de identificar de manera precisa las dificultades existentes para avanzar en soluciones concretas.
Finalmente, reafirmó la importancia del diálogo como herramienta de gestión, destacando la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos, en atención a la naturaleza compleja del sistema de justicia.
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El tamaño sobredimensionado del Estado debe achicarse
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
A nivel país seguimos teniendo once ministerios y casi una veintena de secretarías ejecutivas que dependen del Poder Ejecutivo, poco justificable en un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los seis millones de habitantes, manteniendo una superpoblación de más de 400.000 funcionarios públicos, responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que los recursos destinados a salud pública, educación y obras de infraestructura sigan muy por debajo de las reales necesidades.
No se justifica que en pleno siglo XXI, por el gobierno actual, era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal que antes que ser una solución implica un retroceso y un despilfarro multimillonario en pago de sueldos.
Argentina, un país con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas adoptadas, por el gobierno actual fue la reducción de ministerios en un 50 %, además de otros entes que antes que aportar valor agregado, generaban erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevándolos a desvincular a funcionarios, que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.
Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud, aptitud idoneidad y capacidad, pero sin embargo seguimos teniendo miles de ineptos en nuestras instituciones quienes dejan mucho que desear constituyéndose en una mala imagen para nuestro país.
El doble grado de inversión que ostentamos a la fecha es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas, pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, atrayendo nuevas inversiones extranjeras, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro Estado paquidérmico y desfasado, dejando de lado el populismo mostrando disposición de hacer los cambios que ameritan, pues acrecientan la debilidad estructural de nuestras instituciones.
El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, es el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural, en donde lo cualitativo juega un rol primario.
Lo mismo ocurre con las secretarías ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?
Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo al máximo la mega estructura actual, aprovechando que tenemos la tecnología al alcance de un clic, podrán permitirnos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa salud pública e infraestructura que siguen en deuda.
El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces sin mirar la ideología política, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.
Se constituye en una muy buena ocasión que se le presenta al viceministerio de Capital Humano, quien debería ordenar a todas las Direcciones de Organización y Métodos (O&M) que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo, idoneidad y visión de futuro.
La Ley del Servicio Civil ya está promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro del mismo, olvidándonos del color del pañuelo, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica, haciendo los cambios en tiempo y forma.
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Con más de 110 % de resoluciones dictadas, enero supera meta en la Circunscripción Judicial de Cordillera
Este miércoles, desde la Corte Suprema de Justicia el ministro de la Corte y superintendente de la Circunscripción Judicial de Cordillera, Alberto Martínez Simón, informó que la jurisdicción que le corresponde alcanzó el 110 % de cumplimiento en la producción de resoluciones judiciales, con un total de 1.113 sentencias dictadas en el mes de enero.
Según indicó el ministro, esta mañana presentó ante el pleno de la Corte Suprema un informe sobre los resultados obtenidos por los juzgados de la circunscripción, correspondientes al mes de enero del presente año.
Explicó que mediante su labor se alcanzó un 110 % de cumplimiento respecto de la meta establecida, con un total de 1.113 resoluciones emitidas, superando el objetivo fijado de 1.014 resoluciones.
Tras la presentación del informe, el ministro expresó que este hecho refleja el compromiso de los magistrados y funcionarios judiciales de la Circunscripción Judicial de Cordillera con el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados a la gestión jurisdiccional.