Este lunes se realizó una requisa en el Pabellón A Alta, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del departamento de Itapúa, en la que los intervinientes lograron incautar armas de fuego, proyectiles y celulares. La intervención fue realizada por personal del establecimiento penitenciario con el acompañamiento del director, Javier Rodas, y fue comunicado a la Policía Nacional.

Según el reporte policial, la intervención se realizó pasado el mediodía en el centro de rehabilitación ubicado en barrio San Jorge, en el distrito de Cambyretá, donde lograron incautar varios elementos, entre ellos dos armas de fuego y proyectiles, todos sin percutir.

La Dirección de Policía del Departamento de Itapúa realizó el relevamiento de datos, trabajos de campo y retiro de los elementos incautados para su análisis. También fue informado el agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso la individualización y declaración indagatoria de los reclusos en cuyo poder encontraron las armas.

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En la requisa encontraron un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 mm; un arma de fuego, tipo pistola calibre 22 mm, marca Mahely. Además, 28 cartuchos sin percutir de ambos calibres, un celular de la marca Samsung en poder del recluso Pascual Benítez Miranda alias el “Sicario”.

Así también, otro aparato celular, marca Samsung de color negro en poder de la personas privada de su libertad identificada como Ronald Javier Núñez. Las evidencias se encuentran actualmente bajo cadena de custodia en sede de la Comisaría n.º 115 del Barrio Arroyo Porã de Cambyretá.

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En cumplimiento a un mandato del comandante en jefe y presidente de la República, Santiago Peña, durante una visita pasada a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), se procedió a la destrucción de más de 9.000 armas de fuego que fueron entregadas en custodia y que estaban vinculadas a procesos judiciales de años anteriores.

La misma se realizó con autorización jurisdiccional correspondiente.

Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, detalló que se trata de un lote de armas viejas, acumuladas durante años, que principalmente incluyen revólveres y escopetas.

“Estas armas que fueron destruidas son aquellas que fueron decomisadas durante años y que fueron entregadas a la Digemabel, que es la depositaria judicial de los armamentos que son requisados en cualquier hecho delictuoso”, mencionó.

El ministro González explicó que el jefe de Estado había realizado una visita a la Digemabel en una ocasión anterior, en la cual había instruido que se acelere el proceso de destrucción de las armas porque eran una inmensa cantidad acumuladas en un depósito.

Destacó que la institución realizó los procesos para acelerar la destrucción de las armas, ya que, al estar vinculadas a procesos judiciales, donde las mismas constituyen una prueba, no podían ser destruidas hasta tanto culmine el proceso judicial y se tenga la autorización correspondiente.

El ministro de Defensa aclaró que las armas que fueron destruidas no guardan relación con aquellos armamentos nuevos incautados en operativos contra el crimen organizado, que eran armas nuevas de uso militar, y que efectivamente fueron entregadas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral realizado en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, Bonifacio Irala Amarilla (52) fue condenado a 13 años de prisión, como autor del homicidio doloso de un agricultor. El sentenciado estuvo 19 años prófugo de la Justicia. La defensa de la acusación estuvo a cargo del fiscal Edgar Torales Gamarra, de la unidad zonal de Yguazú.

El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo condenatorio estuvo presidido por el juez Serafín González e integrado por sus pares Fabio Aguilar y Vitalia Duarte. El crimen ocurrió el 28 de agosto de 2005, siendo la 01:00 aproximadamente, en un camino vecinal de la compañía Ka’arendy Guazú, en el municipio de Juan León Mallorquín, Alto Paraná.

Fue víctima Arnaldo Pérez Ramírez (48), agricultor, domiciliado en las cercanías del lugar donde murió. El autor, hoy condenado, le aplicó siete puñaladas y huyó. Permaneció prófugo durante 19 años, hasta que en noviembre de 2024 se presentó ante las autoridades y le fue concedido el arresto domiciliario.

Durante los alegatos en juicio, el fiscal Torales solicitó la revocatoria de esa medida y la remisión inmediata del condenado a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.

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Según el informe policial que dio inicio a la investigación, víctima y victimario estuvieron en una cancha de la zona, horas antes del hecho, que luego terminó en una ronda de naipes (truco). Durante la partida, se generó una discusión que derivó en un desafío de pelea.

Irala Amarilla se retiró visiblemente molesto. Horas después, cuando Pérez Ramírez regresaba a su domicilio fue interceptado en un camino vecinal por Irala Amarilla, quien lo esperó con un arma blanca y lo atacó, causándole las heridas que cegaron su vida.

Agentes policiales recabaron testimonios de vecinos que relataron lo ocurrido antes del crimen y aportaron datos sobre la secuencia de los hechos. Todo eso fue expuesto y demostrado en juicio, según la sentencia dictada.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La convivencia como pareja de un adulto con adolescente e incluso niña, sigue siendo una situación muy repetida en poblaciones de las periferias de la ciudad. Es el caso de un joven que fue condenado hoy a 7 años de prisión, por abuso sexual de una niña desde que tenía 12 años.

El mismo había convencido a la menor de edad a ir con él y la convirtió en su “pareja”, siendo en realidad, el abuso de una menor de edad. El sentenciado es Alejandro Ovelar Maldonado, alias “Ale’i”, de 21 años, quien fue encontrado culpable por abuso sexual sistemático en niños.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde. El fiscal Alberto Torres Flores, fue quien representó al Ministerio Público, en el juicio oral realizado hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

De acuerdo a lo expuesto en la sala de audiencia, los abusos comenzaron en el 2023 y se prolongaron hasta el 2024, en un asentamiento de Presidente Franco.

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El acusado y hoy condenado, aprovechando la minoría de edad y la ingenuidad de la víctima, la convenció de abandonar su vivienda familiar y la llevó a convivir con él, sometiéndola sexualmente en repetidas ocasiones.

El hecho se descubrió cuando una hermana adolescente de 16 años llevó a la víctima hasta la Unidad de Salud Familiar del distrito Los Cedrales, para que le aplicaran anticonceptivos. El personal de salud, realizó la denuncia e intervinieron las instituciones pertinentes.

La Fiscalía inició la investigación y dentro de ese proceso, la niña fue inspeccionada por un médico forense quién confirmó los abusos sufridos. En la evaluación psicológica, la víctima dijo que fue a vivir con el joven y argumentó como causa, que su madre la pegaba mucho.

Ante esos reportes, la Fiscalía imputó al agresor y ahora fue condenado a 7 años de pena carcelaria, mediante las pruebas consideradas por el tribunal.

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