La defensa del ciudadano mexicano, detenido en Paraguay, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo” explicó el motivo por el cual su defendido rechazó el proceso abreviado de extradición.

Afirmó que solicitó documentos formales respecto a la causa, ya que considera que estaría desprovista de elementos mínimos de estándar probatorio, y que incluso se encuentra con recurso de amparo en México.

El abogado Carlos Iván Rodríguez indicó en comunicación con La Nación/Nación Media, que junto con el equipo jurídico que ejerce la defensa en México están solicitando a la Justicia de ese país toda la información acerca de la acusación que pesa contra su defendido.

Explicó que actualmente se está llevando adelante el procedimiento cautelar de extradición, en atención al proceso principal que es una causa penal por supuesta extorsión y secuestro, en una modalidad que prevé la legislación penal mexicana de secuestro exprés. Esto, producto del cual, por la vía del exhorto, la justicia mexicana está requiriendo la extradición del ciudadano mexicano.

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El abogado confirmó que se somenten al proceso ordinario conforme al Tratado con México, de ley número 3027/2026; y o al simplificado, por una cuestión de estricto orden procesal y estratégico. Desde el momento de su detención está corriendo el plazo de 60 días para que se defina si se lo extradita o no a su país.

“Nos encontramos en contacto con el abogado en México, sobre la causa que se estaría sustanciando allá, sería una causa desprovista de elementos mínimos de estándar probatorio, en el cual se interpuso inclusive un recurso de amparo allá en México. Se encuentra sustanciando eso, y con la finalidad de recibir dentro del plazo regular de 60 días los documentos formales de allá, es que nos acogimos a ese trámite ordinario”, explicó

El abogado Rodríguez mencionó que en el informe solicitado a su colega que tiene intervención en México, se encuentra además el marco penal, para conocer a la eventual pena que se expone con la causa, situación del proceso. Señaló que de momento en la carpeta fiscal de Paraguay, no existe ninguna causa o proceso que se vincule al ciudadano mexicano.

Cabe recordar que el operativo de captura de Bermúdez Requena se logró gracias a una importante cooperación entre autoridades de investigación de Paraguay y México, a partir del intercambio de información que arrancó en marzo de 2025, cuando se obtuvieron indicios sólidos de la presencia irregular de Bermúdez en Paraguay. Su captura se realizó en la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, departamento Central.

Por otra parte, el abogado señaló que el señor Bermúdez Requena, vivía en el país junto con su esposa. Explicó que la misma no se encuentra decretada bajo ninguna medida cautelar restrictiva o personal, puesto que la justicia mexicana no realizó hasta el momento ningún requerimiento contra la mujer.

“El exhorto de extradición es solamente respecto al señor Hernán. No existe respecto a la señora de momento, porque como son situaciones procesales, esto va variando momento a momento, minuto a minuto van informando nuevos elementos, tanto allá en México como aquí, y hoy actualizada la información, no existe ningún pedido, ni ninguna causa formada respecto a la señora”, acotó.

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En cuanto a eventual pedido de asilo político por parte de Bermúdez Requeña, el abogado explicó que en honor a la estrategia procesal del equipo jurídico que se encarga de su defensa, no están contemplando todavía esas cuestiones.

“Esto ya guardaría relación con el fondo de la cuestión. Esta defensa recién se está encargando de las cuestiones primarias, es decir, los elementos del allanamiento, todas las cuestiones de índole probatorio y de antecedentes, para luego ver, una vez revisados los antecedentes de México, analizar el planteamiento que corresponda en función a mi defendido”, precisó.

Finalmente, recordó que Bermúdez Requena es un hombre de 72 años, y señaló que dicha situación tiene un trámite especial en el Código Procesal Penal paraguayo. Pero en lo que respecta a la decisión de su actual lugar de resguardo de prisión preventiva, que es la sede la Secretaría Nacional Antidrogas, obedece más a la cuestión de estricta política criminal en atención al perfil del ciudadano mexicano y una cuestión de seguridad.

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La justicia brasilera encontró culpable a Marcelo Pinheiro Veiga, alias “Piloto”, por el crimen de la joven Lidia Meza y lo condenaron a 24 años de cárcel. Piloto fue juzgado en Brasil, donde fue extraditado por tener otras altas condenas que seguirá cumpliendo.

El terrible suceso se registro en el año 2018, en una celda de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, cuando Marcelo Piloto citó a una dama y aprovechó tal situación para asesinarla y así evitar su extradición.

Por su parte, la agente fiscal del presente caso, María Irene Álvarez, mencionó estar contenta por el trabajo enorme que se hizo durante la tapa investigativa y por sobre todo porque se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho acusado.

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Es uno de los pocos casos en los que un brasileño es condenado en su país por hechos que sucedieron en Paraguay.

El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía, atendiendo que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.

Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.

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Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.

El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del des­tituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa téc­nica presentó varios inciden­tes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institu­cionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia espe­cializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia pre­liminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputa­ción (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particu­lar, pero hoy en día se sos­tiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informacio­nes se basan en elementos de administraciones ante­riores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entre­vista con el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Deli­tos Económicos y Antico­rrupción detalló que, para la formulación de la imputa­ción, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictáme­nes emitidos por la Contra­loría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a tra­vés de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Muni­cipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encon­traba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presen­tadas en su momento. En este sentido, la primera situación

que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.

Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.

La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.