El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que encontró irregularidades administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS), apuntando directamente contra administraciones anteriores, especialmente al expresidente Vicente Bataglia. Durante la presentación del Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025, realizada este lunes en el Congreso, el titular de la Contraloría General expuso algunos de los principales hallazgos en el marco de la auditoría a la previsional.

Benítez confirmó que se detectaron diversas anomalías administrativas y financieras en la institución, situación que salpica directamente a las gestiones de los últimos años. Entre los hallazgos citó el pago de jubilaciones a personas fallecidas; se calcula que el IPS habría desembolsado más de G. 50.000 millones en concepto de haberes a más de 11.000 difuntos.

Asimismo, se detectaron inconsistencias en el stock de medicamentos luego de solicitar una actualización del sistema. El lote de fármacos registró una baja del 45 %, por un valor superior a los G. 600.000 millones. “Eso significa que se registró mal o que desaparecieron; no podemos afirmar nada ni tampoco descartarlo”, indicó el contralor.

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Por otra parte, para garantizar la provisión de medicamentos cuyos contratos ya habían vencido, el IPS recurrió a la firma de nuevos acuerdos que luego fueron homologados judicialmente, evadiendo el procedimiento habitual de la ley de contrataciones. Esto representó un gasto de USD 25 millones.

“Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo Vicente Bataglia. Inclusive, tuvimos que recurrir a acciones judiciales y órdenes de allanamiento para acceder a esta información”, añadió Benítez.

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Este jueves se reportó un grave accidente en la ciudad de San Bernardino, departamento de Cordillera, donde una mujer perdió el control de su rodado y volcó al costado de la ruta. Tanto la conductora como su acompañante quedaron atrapados y fueron rescatados por efectivos policiales.

Según el informe de la Policía Nacional, el hecho se registró cerca de las 13:00 de hoy, sobre un camino vecinal del barrio Cristóbal Colón de la citada ciudad. En el percance vehicular se vio involucrado un solo rodado de la marca Kia modelo Sportage color oscuro del año 2017.

Esta camioneta era guiada por una mujer de 77 años y llevaba un acompañante, ambos quedaron atrapados y fueron rescatados por agentes de la Comisaría 16ª de la ciudad de Sanber. Fueron convocados los bomberos voluntarios, así como también un equipo de paramédicos, quienes confirmaron que estas personas resultaron ilesas.

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La conductora, que sería una escribana explicó a los intervinientes que circulaba sobre la citada carretera y que en un momento dado perdió el control de vehículo. Luego salió del camino e impactó contra unos postes que estaban en la zona y seguidamente se produjo el vuelco.

Tras ser rescatados y pese a que resultaron ilesos del aparatoso accidente, estas personas fueron trasladas hasta el centro asistencial de la ciudad para realizarse un chequeo general, atendiendo al fuerte impacto y posterior vuelco de vehículo, para descartar lesiones internas.

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Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.

“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.

Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.

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Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.

Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.

Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.

Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.

Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.

Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.

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Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.

“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.

Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.

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Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.

Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.

En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.

Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.

“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.

El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.

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INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.

Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).

“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.

Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.