La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz admitió la imputación y procesó penalmente por violar la cuarentena y tentativa de lesión grave a Hans Werner Penner Loewen, esposo de la ex senadora liberal María Eugenia Bajac, quien también soporta un proceso penal por los mismos delitos que su pareja. Penner Loewen dio positivo al COVID-19. Asimismo, la citada magistrada convocó al imputado para el miércoles 13 de mayo a las 8:00 para la audiencia de imposición de medidas cautelares. La fiscala Carla Rojas fue quien presentó la imputación y solicitó el arresto domiciliario para el mismo.
El acta de imputación señala que “en fecha 22 de abril de este año, la Comisaría 11 Metropolitana informa que el ciudadano Hans Werner Penner se presentó en las instalaciones de la referida sede policial a los efectos de solicitar la vida y residencia de su esposa, la ex senadora liberal María Eugenia Bajac, quien es de público conocimiento que fue imputada por violar la cuarenta al dar positivo al COVID-19 y tentativa de lesión de grave”.
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Asimismo refiere el escrito “el hoy imputado al ingresar a la sede de la Comisaría 11 Metropolitana no utilizó ningún tipo de protección, como tapabocas, poniendo en riesgo a todo el personal policial al suponerse que por ser marido de una persona que ya había dado positivo al COVID-19 podría también ser portador del virus”, señala parte de la imputación formulada contra Penner Loewen, esposo de la ex legisladora Bajac.
Días atrás el juez penal de Garantías Yoan Paul López otorgó el arresto domiciliario a la ex parlamentaria María Eugenia Bajac de Penner, quien fue imputada por violar la cuarentena y tentativa de lesión grave. Es importante mencionar que la procesada fue destituida de la Cámara de Senadores.
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Condenan a 20 años a un hombre por violación y robo a una mujer a punta de revólver
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable por coacción sexual, violación y robo agravado, durante un juicio oral que culminó hoy en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Unidad Penal N.º 10 de Ciudad del Este, representó al Ministerio Público en la acusación.
Se trata de Odilón Miguel Amarilla Gómez (31), alias “Macaco”, quien tiene una condena anterior por robo agravado también y cuenta con otras causas penales por robo, hurto agravado y desacato. La víctima es una joven que tenía 20 años al momento de la agresión.
Durante el juicio, tras valorar los elementos probatorios, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, resolvió condenar al acusado.
Los hechos se registraron el 3 de abril de 2025, aproximadamente a las 2:40, en el interior de una vivienda ubicada en kilómetro 4,5 Acaray de Ciudad del Este. En esa ocasión, el hoy condenado ingresó a la fuerza al inmueble tras violentar la puerta y se dirigió hasta la habitación de la joven que se encontraba descansando.
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Según lo expuesto en juicio, el hombre la amenazó con un arma de fuego (revólver) mientras cargaba diversos objetos como joyas, ropas, calzados, perfumes, tarjetas bancarias y un teléfono celular de la marca Redmi Xiaomi, en una maleta y dos mochilas.
Posteriormente, bajo amenaza de dispararle en la cabeza, el agresor forzó a la víctima a practicarle sexo oral; luego la empujó a la cama, la obligó a desvestirse y la sometió sexualmente. Luego, huyó del lugar con las pertenencias robadas. Inmediatamente, la agredida salió a la vía pública a pedir auxilio. Una vez contenida fue a presentar la denuncia ante la comisaría jurisdiccional.
En el marco de la causa, los médicos forenses Eduardo Cano y Tania Morínigo, confirmaron científicamente la agresión sufrida por la joven. Asimismo, una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas brindó contención a la mujer y constató un severo quiebre emocional e indicadores de alto trauma.
En prosecución de la causa, el 4 de abril de 2025, a las 20:00, agentes policiales detuvieron a Odilón Amarilla Gómez, en la vía pública del kilómetro 4,5. Intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido y recuperado de su poder una maleta roja con parte de las pertenencias robadas.
La víctima reconoció plenamente los objetos y al autor del hecho, mediante anticipo jurisdiccional de prueba, según el juzgamiento. Con la producción de estas evidencias, el fiscal Osvaldo Zaracho confirmó en juicio los hechos punibles y la reincidencia del acusado para derivar en el fallo condenatorio.
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Fiscalía imputa al representante de Alpha College por presunta utilización indebida de marcas
El Ministerio Público formuló imputación contra Jaime José Benítez Domínguez, presidente y representante legal de Alpha Sociedad Anónima, firma propietaria de Alpha College Paraguay, por la presunta comisión del hecho punible de violación de los derechos de marca, en el marco de una investigación relacionada con el supuesto uso no autorizado de signos distintivos vinculados a la Universidad Americana.
La causa fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial S.A.E. (INCADE S.A.E.), titular de los registros marcarios asociados a la Universidad Americana, que sostiene que la autorización contractual para la utilización de dichas marcas expiró el 1 de enero de 2023.
De acuerdo con el acta de imputación, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes de sospecha para sostener que Alpha College habría continuado utilizando, sin autorización vigente, denominaciones comerciales, elementos gráficos, tipografías y referencias institucionales asociadas a la Universidad Americana, incluso presentándose públicamente como “Alpha College – Colegio de la Universidad Americana”.
La representación fiscal sostiene que la continuidad en el uso de estas referencias podría haber generado en estudiantes, padres y consumidores la percepción de una vinculación institucional o comercial que, según la parte denunciante, había dejado de existir tras la conclusión de la relación contractual entre las partes.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran contratos suscritos entre las instituciones involucradas, certificados de registro y renovación de marcas, actas notariales, capturas de pantalla de plataformas institucionales, intimaciones formales remitidas a la institución educativa e informes técnicos especializados elaborados durante la pesquisa.
Según la imputación, uno de los informes periciales concluye que existen indicios suficientes sobre la presunta comisión de hechos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, reforzando la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público.
La conducta atribuida fue calificada provisoriamente como violación de los derechos de marca, hecho previsto y sancionado por el artículo 184 del Código Penal paraguayo.
La agente fiscal Myriam Rodríguez Quiñónez, titular de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando, solicitó además un plazo de seis meses para la realización de diligencias complementarias y la posterior presentación del requerimiento conclusivo.
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Asimismo, el Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de salida del país y la prestación de caución personal o real.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de la Capital, a cargo del magistrado José Agustín Delmás Aguiar.
Cabe señalar que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad, correspondiendo exclusivamente a la autoridad judicial determinar, mediante resolución firme, la eventual existencia de responsabilidad penal.
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Tragedia en Capitán Miranda: imputan y piden prisión para conductor involucrado en accidente que dejó tres fallecidas
El Ministerio Público avanzó en la investigación del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la zona conocida como Bajada Tirol, en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida tres mujeres, entre ellas una exmagistrada judicial.
El fiscal Francisco Martínez imputó por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a Saddan Hammoudi Garay, de 23 años, quien se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S10 involucrada en el violento siniestro registrado sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 25. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva mientras prosiguen las diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la camioneta conducida por el joven impactó contra un automóvil Geely Coolray guiado por la exjueza Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el mismo vehículo viajaban Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años, y Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años. Ambas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó sus fallecimientos.
Según el informe forense incorporado a la investigación, las tres víctimas sufrieron traumatismos cervicales y politraumatismos severos a raíz del fuerte impacto, considerado uno de los accidentes viales más trágicos registrados este año en el departamento de Itapúa.
Si bien el conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, el Ministerio Público resolvió formular imputación por homicidio culposo y requirió su prisión preventiva, al tiempo de continuar con la recolección de evidencias, pericias técnicas y demás diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.
La investigación buscará determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho, ocurrido en un tramo de ruta conocido por su complejidad y peligrosidad, mientras familiares y allegados de las víctimas continúan conmocionados por una tragedia que enluta a la comunidad itapuense.
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Cirujana fue procesada por presunta violencia familiar contra su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer de 29 años, de profesión médica cirujana, fue imputada por el fiscal Alberto Torres Flores, de la unidad zonal de Presidente Franco, por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar, tras reiterados hechos de maltrato físico y psicológico contra su pareja. El agente pidió la aplicación de la prisión preventiva de la procesada, quien se encuentra privada de libertad en sede policial.
La causa que se investiga comenzó a raíz del último episodio de violencia que se habría registrado el 30 de noviembre del 2025, entre las 19:30 y 20:00 aproximadamente, en un inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales. En dicha ocasión, la imputada habría atacado y agredido a su pareja, además de proferir expresiones denigrantes, provocando lesiones que luego fueron atendidas en la Unidad de Salud Familiar (USF) de dicho municipio.
El afectado presentó la denuncia y en su declaración posterior ante la Fiscalía, manifestó que la mujer habría incurrido en reiteradas agresiones verbales y físicas, configurando un cuadro de hostigamiento constante de larga data.
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Asimismo, las lesiones fueron constatadas mediante fotografías y diagnósticos médicos emitidos en la USF de Los Cedrales, documentos que respaldan la denuncia inicial radicada ante la Comisaría 16ª de la misma ciudad, según el escrito de imputación fiscal.
El expediente cuenta también con mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, un informe psicológico y declaraciones testificales que sustentan la hipótesis investigativa del Ministerio Público. En el marco de la causa, en diciembre del 2025, el fiscal Alberto Torres había emitido una orden de detención preventiva contra la médica, como supuesta autora de los hechos de violencia familiar. La mujer fue detenida y está sometida al proceso penal.
El fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho, la expectativa de pena y la existencia de riesgos procesales de fuga y obstrucción de la investigación.
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