Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.

El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.

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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.

Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.

Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.

Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.

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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.

Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.

Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.

Fuente: AFP

Este lunes, el Ministerio Público decidió imputar a la pareja que asaltó a una estudiante de 17 años en la ciudad de Lambaré y, además, se ordenó la prisión preventiva para ambos. Estas personas fueron detenidas el sábado pasado en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción y lograron incautar la motocicleta.

La agente fiscal Amelia Bernal Jara, quien lleva el caso, imputó a Clementina Almada Rumich Núñez, de 39 años, y a Carlos David Torales, de 29 años, este último cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado, violencia intrafamiliar, entre otros. Estos presuntos delincuentes enfrentarán cargos por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

Tras la imputación, la fiscal también ordenó como medida cautelar la prisión preventiva para la pareja. Esta fue detenida el sábado 12 de abril, sobre las calles Pozo Favorito y Tte. Garay, del barrio San Vicente en la ciudad de Asunción. Del poder de los mismos se incautó la motocicleta utilizada para cometer el atraco y las prendas usadas el día del atraco.

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El hecho ocurrió el pasado 9 de abril, alrededor de las 7:10, en el barrio Valle Ybaté, cuando la joven salía de su casa para dirigirse a una parada de ómnibus para ir a la universidad. La misma fue interceptada por la pareja que se movilizaba en una motocicleta, de la cual descendió Clementina Almada y siguió a la universitaria para asaltarla.

Cuando la alcanzó la tomó del cabello y le puso un cuchillo en el cuello, exigiendo que le entregue todo lo que tenía y esta le entregó su mochila, en cuyo interior se encontraba su celular de la marca IPhone, modelo XR, su billetera y útiles. La detención se logró luego de que el propietario de la vivienda que alquilaba la pareja se percatara de las similitudes de las características de los asaltantes, divulgadas a través de los medios de comunicación, ante lo cual el hombre dio parte a la Policía.

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Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.

El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.

Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.

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“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.

Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió hoy jueves, durante la sesión ordinaria, hacer lugar al desafuero de los jueces de Paz Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y Natalia Garcete, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación de la mafia de los pagarés. El actual presidente del JEM es el ministro César Garay.

Con la determinación adoptada por el órgano juzgador de magistrados, la justicia ya podrá procesar penalmente a los tres magistrados por el delito de prevaricato. Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú ya pueden avanzar en el presente caso.

De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.

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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.

El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.

El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.

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