El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Auadre, ratificó la prisión preventiva de Luis Fernando Leite y Cintya Raquel Pereira, imputados por asociación criminal y otros hechos punibles relacionados a la muerte del periodista Leo Veras.
El pasado 17 de abril, el juez de Garantías de turno, Yoan Paul López, decidió confirmar la prisión preventiva de ambos imputados, ante este fallo la defensa decidió apelar la referida resolución.
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Los camaristas mencionaron que la resolución del juez inferior se encuentra correctamente fundado, tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, por lo que corresponde ratificar la determinación adoptada en primera instancia.
En el presente proceso penal están imputados Óscar Duarte, Marco Aurelio Vernezquez, Arnaldo Colmán, Anderson Ríos Villalba, Paulo Cespedes y Leonardo de Souza. Los mismos fueron imputados inicialmente por violación a la ley de armas y asociación criminal, por estar presuntamente involucrados en el homicidio del comunicador de Pedro Juan Caballero.
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Otro dron sobrevoló una prisión
Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo. No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso.
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Venezuela: vacían la temida cárcel El Helicoide ante protestas por traslado de presos
El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.
El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.
El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.
Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.
“Totalmente vacío”
El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.
Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.
“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.
Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.
El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.
Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.
El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.
Fuente: AFP.
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Jueza ordena prisión para tres imputados estadounidenses por cargamento de hachís
La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de los tres ciudadanos estadounidenses imputados por tráfico internacional y tenencia de sustancias estupefacientes (hachís).
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Los imputados Troy Anthony Vásquez y David Thomas Wise cumplirán la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex cárcel de Tacumbú).
Mientras tanto, Marisol Rivas guardará reclusión en el centro penitenciario de mujeres de Emboscada.
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La agente fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad N.° 6 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, había solicitado la prisión preventiva al momento de presentar el acta de imputación, pedido al cual la magistrada hizo lugar.
En el marco de la investigación, se logró la incantaución de 262,6 kilogramos de hachís (marihuana premiun) que eran transportados a bordo de una aeronave privada tipo Challenger 604, procedente de los Estados Unidos.
El cargamento fue detectado durante un procedimiento realizado en un hangar ubicado en la ciudad de Luque, donde uno de los ahora procesados fue sorprendido cuando intentaba retirar la carga ilícita en un vehículo particular.
Los operativos fueron ejecutados de manera conjunta por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y organismos de seguridad aeronáutica.
Durante las intervenciones también se incautaron de dispositivos de comunicación satelital, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a análisis pericial para el esclarecimiento del caso.
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Ratifican prisión preventiva de conductor de plataforma imputado por la muerte de su pasajero
El Juzgado Penal de Garantías ratificó este jueves la prisión preventiva para el conductor de plataformas que está imputado por la muerte de un pasajero en el barrio Trinidad de Asunción.
El abogado defensor solicitó la revisión de la medida y pidió el cambio de la carátula pidiendo que vuelva a ser procesado por homicidio doloso.
La jueza penal de garantías, Diana Carvallo, decidió que Cristian Eduardo Jaime Narváez, de 37 años, imputado por la muerte de su pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años, ocurrida en el barrio Trinidad de Asunción, continúe guardando reclusión.
La caratula de la causa fue cambiada de “homicidio doloso” a “homicidio culposo” y la defensa de inmediato solicitó la medida alternativa a la prisión que sería esperar en su vivienda mientras dure las investigaciones. Sin embargo, la jueza argumentó que el cambio de carátula aún no está firme.
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Carvallo afirmó que además existe peligro de fuga en este caso teniendo en cuenta que el imputado es de nacionalidad argentina. Así también, resaltó que la fianza que ofreció la defensa del conductor no resultó suficiente para otorgarle la libertad ambulatoria o el arresto domiciliario.
Otros de los datos confirmados por la jueza es que la defensa apeló el cambio de carátula del caso y que buscan que el detenido vuelva a ser procesado por la figura de homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de hasta 20 años de cárcel y al pasar a homicidio culposo la pena se reduce a 5 años o multa.