La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó al fiscal adjunto del Alto Paraná, Édgar Moreno, que inicie una investigación penal sobre la conducta de la agente fiscal María del Carmen Meza. Ella junto con otras personas habrían quebrantado las normas sanitarias dispuestas en el marco de la cuarentena para mitigar los contagios de coronavirus, dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República.
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De acuerdo a la investigación, la agente fiscal y parte de su familia intentaron ingresar al país de manera ilegal este fin de semana. Dicha situación fue descubierta a raíz de denuncias que se hicieron, por lo cual la Fiscalía debió intervenir.
Según los datos de la aduana brasileña, María del Carmen Meza y su familia habían ingresado al vecino país el 13 de marzo de este año y su salida se produjo ayer, viernes 1 de mayo.
Meza había indicado que tenían intenciones de ingresar al país incluso siendo conscientes de que debían guardar cuarentena sanitaria en el sitio donde fuesen asignados, situación que no descarta la supuesta intención de la funcionaria pública de intentar utilizar su posición para agilizar el ingreso y evitar los controles sanitarios de rigor así como una autorización para el efecto.
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Ministerio de Justicia investiga denuncia por supuesta faena de gato en penal de Oviedo
El Ministerio de Justicia desmintió que en la cárcel regional de Coronel Oviedo se esté faenando gatos para el consumo de los internos. La cartera emitió un comunicado informando que tras la denuncia vía redes sociales, iniciaron una investigación y aclararon que los restos hallados corresponden a carne de conejo.
En ese sentido, la Dirección de la Penitenciaría Regional de Oviedo abrió una investigación administrativa interna tras la difusión de una publicación en redes sociales en la que se hacía referencia a un supuesto hecho de faenamiento de gatos dentro del establecimiento.
El Ministerio de Justicia aclaró que “la información difundida no se ajusta a los hechos verificados”. Asimismo, la institución solicita a la ciudadanía actuar con responsabilidad en la difusión de este tipo de información. “Evitar compartir contenidos no verificados que puedan generar confusión o alarma innecesaria”.
Por otra parte, la cartera de Estado, señala que ratificando su política de respeto y protección de los animales, la investigación continuará en curso hasta tanto se aclaren los hechos. Además, tomarán las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
La investigación se realiza de manera interinstitucional en forma coordinada con la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, de modo a contar con el respaldo técnico especializado.
La denuncia fue difundida por una organización de defensa animal, generando fuerte repercusión este fin de semana, luego de que se señalara el supuesto faenamiento de un gato dentro de la penitenciaría.
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El director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, confirmó que tras ordenar una investigación al director del penal, Jorge Torales, se concluyó que el animal observado en la imagen no era un gato, sino un conejo.
Según la versión oficial, una persona privada de libertad que se dedica a la cría de conejos llevó consigo un ejemplar ya faenado al regresar a la penitenciaría luego de su último permiso.
Como parte de la verificación, Peña indicó que la cabeza del animal quedó preservada para que pueda ser examinada por veterinarios u otras personas interesadas.
Desde el Ministerio de Justicia también señalaron que en varias penitenciarías los gatos son utilizados como control de plagas, por lo que son cuidados y castrados para evitar su sobrepoblación.
Peña lamentó la difusión de la denuncia y calificó de “indignante” que se afirme que en cárceles del país se estén consumiendo gatos.
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¿Los transgénicos no son causantes de enfermedades?
Más de 200 millones de hectáreas y casi 30 años de uso, en una investigación con datos epidemiológicos y evidencia científica internacional entre distintos países descarta vínculo.
Una investigación publicada por la revista científica GM Crops & Food, y difundida por el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), analiza casi 30 años de datos epidemiológicos y evidencia internacional. La misma descarta vínculos entre el consumo de alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados (OGM) y enfermedades.
El estudio, elaborado por investigadores de la Chosun University y la Seoul National University, revisó literatura científica y bases de datos de organismos como la OMS, GBD, GLOBOCAN, CDC y ECDC, aplicando análisis de tendencias y modelos de regresión Joinpoint para evaluar posibles cambios en la incidencia de enfermedades tras la introducción comercial de OGM.
Abarcando publicaciones entre 1996 y 2023 y series epidemiológicas de 1990 a 2020 en países como Australia, Brasil, China, India, Corea del Sur, Sudáfrica, España y Estados Unidos, los autores analizaron patologías como cáncer, alergias, toxicidad reproductiva y otras enfermedades crónicas.
Los resultados concluyen que no existe evidencia consistente de una relación causal entre el consumo de OGM y estas enfermedades, ni una coincidencia temporal entre su autorización comercial y aumentos en tasas de enfermedad. Incluso en meta-análisis, los patrones fueron heterogéneos y sin señales epidemiológicas robustas.
El documento señala que los cultivos genéticamente modificados, utilizados a gran escala desde mediados de los años noventa y hoy presentes en más de 200 millones de hectáreas a nivel global, se encuentran entre las tecnologías agrícolas más examinadas, y que la evidencia actual no respalda vínculos causales consistentes con enfermedades crónicas, según la recopilación de Chilebio.
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Dinero incautado a Dalia López pasa a la bóveda de seguridad del BNF
La fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia, de la Unidad Especializada de Narcotráfico y Crimen Organizado, dispuso que los billetes incautados en el marco de la causa por uso de documentos públicos de contenido falso en la que está procesada y presa Dalia Angélica López Troche, sean remitidos a la bóveda de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Las evidencias, consistentes en billetes en guaraníes y dólares, se encontraban bajo guarda y custodia en el depósito central “La Piedad” del Ministerio Público. No obstante, desde la fecha, los mismos fueron remitidos por disposición fiscal al referido estamento.
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Conforme al antecedente, el 2 de abril de 2026, a las 17:40, el agente fiscal Federico Leguizamón, de la Fiscalía Barrial N. º 2, encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Herrera de Asunción, que derivó en la detención de Dalia Angélica López Troche, quien se encontraba en rebeldía desde el 18 de marzo de 2020 y contaba con orden de captura internacional. El procedimiento fue realizado con apoyo de personal del Departamento de Tráfico de Armas de la Policía Nacional.
Igualmente, Dalia López designó a los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino como nuevos defensores. Los mismos buscarán que la que estuvo prófuga por seis años pueda ser beneficiada con el arresto domiciliario.
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La Fiscalía nunca debió imputar porque los delitos ya prescribieron, sostiene la defensa del senador Rivas
El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del senador Hernán David Rivas, se refirió sobre la resolución firmada por el tribunal de apelación en mayoría sobre la prescripción y la desvinculación del proceso penal por producción y uso de documento no auténtico con relación al título de abogado del citado parlamentario.
Cáceres fue claro en señalar que “la Fiscalía nunca debió imputar a Rivas porque los delitos imputados y acusados ya no podían ser perseguidos penalmente porque habían prescripto”. Indicó que “la resolución de la Cámara de Apelación fue la de corregir y argumentar jurídicamente que no puede haber uso de documento público falso cuando no existe el delito principal conexo, que es el hecho punible de producción de documento falso”.
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“Creo que la postura de la Fiscalía es que no quieren reconocer que imputaron y acusaron hechos prescriptos, porque digamos que el Ministerio Público ahí no queda bien parado, pero la resolución de cámara es clara y contundente sobre la persecución del hecho punible acusado, que ya no puede seguir por lo que corresponde la desvinculación de mi representado”, sostuvo el citado profesional del derecho.
La defensa del parlamentario sostuvo en que al haber prescripto la cuestión de la producción, tanto a criterio de la defensa como a criterio de la Cámara, no se puede ya identificar el uso específicamente por esa remisión que hace el artículo del 252, que es el uso al 250, que es la producción inmediata.”