La jueza penal de Garantías de turno de Central, Jennifer Insfrán, decretó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Fabián Martí, presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, quien está imputado por acceso indebido a datos, uso indebido a través de redes y asociación criminal en el marco de la investigación por el robo de información de los celulares de dos periodistas, Jorge Torres y Clari Arias, además del diputado Carlos Rejala.
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La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Lorenzo. La defensa del imputado solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Días atrás, la magistrada de Garantías de Fernando de la Mora, Carolina Duarte, ordenó la prisión en Tacumbú de Luis Bordón y en la penitenciaría de Buen Pastor de Liz Carolina Centurión.
Los detenidos hackearon teléfonos celulares para acceder a datos y aplicaciones de los propietarios. Bordón fue identificado como el autor material, además ya cuenta con antecedentes por este tipo de hechos, y su cómplice sería Liz Carolina Centurión.
Cerebro
De acuerdo a los investigadores, Martí está sindicado como el cerebro de toda la operación, ya que sería quien supuestamente comandaba las acciones que eran ejecutadas por Bordón y sus cómplices.
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Comisión del Senado culmina audiencias y prepara ternas para contralor y subcontralor
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado culminó con las audiencias públicas de los postulantes al cargo de contralor general de la República y subcontralor.
El próximo paso es emitir un dictamen a la presidencia de la Cámara Alta y poner a disposición del pleno, que sería ya en las primeras semanas de agosto.
“Hoy terminamos las audiencias públicas, en total fueron 49 participantes, estamos terminando con aproximadamente 40 participantes porque hemos sacado con los que no cumplían con los requisitos constitucionales y legales”, indicó el senador Javier Zacarías a los medios de prensa.
Así mismo, señaló que “el martes que viene en la Comisión de Asuntos Constitucionales vamos a dictaminar, y elevamos ya a la presidencia para que el presidente ponga en el orden del día para que el plenario finalmente decida las ternas para el contralor y subcontralor”.
El legislador explicó que la idea es que el pleno de la Cámara de Senadores ya pueda tratar la integración de las ternas en la primera o la segunda semana de agosto, teniendo en cuenta que existe un plazo legal y constitucional hasta el 1 de setiembre para que las ternas ya estén en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, aclaró que la posición institucional, de la comisión y del Senado es que las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) sean designadas sin importar el color, religión, etnia y mucho menos partido político. “Aquí lo importante es la idoneidad y capacidad de la gente, y veo como una incoherencia que ciertos partidos políticos dice que tiene que ser un liberal”, aseveró.
En este sentido, calificó de incoherente a ciertos sectores políticos partidarios que exigen que la Contraloría quede en manos de ellos, como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Es una incoherencia, no podemos por un lado pedir independencia, transparencia y por otro lado, exigir nombres por partido, el cuoteo no nos puede llevar a nada bueno, acá lo importante es la persona y esa persona tiene que ser idónea, capaz, tiene que ser una persona patriota que vaya a la Contraloría para cumplir con la función que debe cumplir”, concluyó.
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Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Suspenden audiencia por muerte de Maradona entre insultos y amenazas de abogados
Los principales abogados del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvieron este martes al borde de la agresión física, en un episodio que obligó a los jueces a suspender la audiencia y amenazar con apartarlos del proceso que tiene lugar en Argentina.
El incidente se desencadenó durante la declaración de un testigo en el proceso que ha llevado al banquillo al equipo médico que atendió a Maradona en la internación domiciliaria antes de su muerte en 2020.
La audiencia tuvo que ser momentáneamente suspendida y los contrincantes se trasladaron fuera de la sala para continuar la contienda. Enfrentados con los rostros a centímetros de distancia en medio de una ronda de abogados, policías y periodistas, los legistas se gritaron insultos.
“Acá estoy, ¿qué vas a hacer?”, le espetó Fernando Burlando, representante de dos de las hijas de Maradona, a Francisco Oneto, defensor del principal acusado. “Payaso de mierda”, le respondió furioso su contraparte. “Sos un gil (tonto)”, replicó Burlando.
Uno de los fiscales y un policía intervinieron y lograron alejar a Oneto unos diez metros sin que la agresión física se concretara.
El enfrentamiento comenzó dentro de la sala de audiencias, cuando Burlando se mofó de Oneto en medio de una discusión entre ambos legistas.
“Te gritan en todos lados, hasta en tu casa”, dijo Burlando. “¿Qué sabés lo que pasa en mi casa, irrespetuoso? Decímelo afuera”, respondió Oneto, mientras se levantaba velozmente y caminaba hacia el escritorio de su colega.
Esta rivalidad es una constante del proceso que comenzó en abril y se extenderá por lo menos hasta fines de agosto.
Maradona murió a los 60 años en una vivienda en Tigre, al norte de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio cuando se recuperaba de una neurocirugía.
En el juicio que se desarrolla en San Isidro, cerca de Tigre, se examina si el exfutbolista recibió atención adecuada por parte de los siete integrantes de su equipo médico, que enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que sabían que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista.
Todos se declaran inocentes.
- Fuente: AFP
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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