El juez en lo Civil y Comercial de Lambaré, Javier Rodolfo Gómez Arce, resolvió tener por iniciado el Juicio Ejecutivo por la suma de G. 120.850.000 presentado por Pedro Germán Vera Silva contra el exdiputado Orlando Arévalo. A su vez, el juzgado decretó el embargo ejecutivo inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones sobre el exparlamentario.

Arévalo fue diputado e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo al que tuvo que renunciar luego de que su nombre apareciera en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.

Igualmente, la Justicia dio por reconocida la firma del documento en el que se le reclama el monto millonario al exlegislador Orlando Arévalo. El mismo tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en el presente juicio civil.

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Del mismo modo, el juez civil Gómez Arce decidió intimar al pago a la parte deudora, haciéndole saber a Arévalo que deberá abonar el capital reclamado más los intereses y costas en el acto de requerimiento o, en su defecto, al tercer día.

Ante la presente resolución firmada por el juzgado mencionado, el representante legal del exdiputado puede recurrir el fallo judicial. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación de Central el que tendrá que definir si corresponde confirmar la determinación adoptada por el magistrado de primera instancia o revocar la misma.

Días atrás, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado destrabó el proceso penal de Orlando Arévalo, imputado por cohecho pasivo. La cámara declaró inadmisible el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa del exdiputado. Este había presentado una reposición contra la providencia que lo convocó a su audiencia de imposición de medidas ante el juez de Garantías Humberto Otazú.

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La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.

Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.

La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.

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En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.

En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.

La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.

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Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.

En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.

Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.

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Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.

Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.

Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.

Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.

Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, sigue realizando su recorrido por los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y los juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital, ubicados en el tercer piso del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento, relevar necesidades operativas e identificar acciones orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización del servicio de Justicia.

Durante su tradicional recorrido, el titular de la máxima instancia judicial dialogó con los magistrados, actuarios judiciales y funcionarios de los juzgados visitados sobre la dinámica de trabajo y las principales necesidades vinculadas a recursos humanos, organización de espacios y funcionamiento general de las dependencias.

Posteriormente, señaló que continúan las tareas de reorganización y mejora en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la capital. Asimismo, destacó que el Poder Judicial avanza en el proceso de digitalización, reciclaje de documentos y remisión de expedientes al archivo institucional.

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“Seguimos con la misma dinámica: enviando expedientes al archivo, verificando el reciclaje de papeles que no forman parte de los expedientes y que siempre se acumulan. Sobre eso vamos a elaborar un informe consolidado de todo lo reciclado y remitido al archivo”, expresó.

El titular de la Corte también subrayó la importancia de generar condiciones adecuadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, atendiendo a la especial sensibilidad de los casos que allí se tramitan.

“Estos relevamientos tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en los juzgados en general. Sin embargo, en el fuero de Niñez y Adolescencia el tema es todavía más sensible, porque los niños necesitan una atención distinta, una atención que no aumente el estrés que ya tienen por presenciar conflictos. Por eso debemos procurar un ambiente amigable y humano para ellos”, manifestó.

Estas acciones forman parte de la política de supervisión directa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, orientada a acompañar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales e introducir mejoras operativas a partir de la observación in situ.

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