Tres militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) fueron sancionados con ocho días de arresto por realizar un video con sus respectivos uniformes utilizando la aplicación Tik Tok.
La dirección de Asuntos Jurídicos fue la que recomendó aplicar la sanción para los uniformados. La información fue confirmada a La Nación por el director de Comunicación Social, el capitán de Corbeta DEM, José María Aguiar Cristaldo.
Los militares sancionados son el suboficial tercero Javier Meza Mendieta, el teniente Juan Carlos Bareiro Gómez y la suboficial segunda Eliana Elizabeth Escobar Benítez. A los mismos se los ve en el video compartido por los canales Unicanal y Trece.
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El dictamen señala que “los uniformados protagonizaron un video de Tik Tok con sus uniformes, lo cual viola el estatuto del personal militar”.
Además, hace mención a la Ley 1115/97, que dice que “los militares deben velar por el fortalecimiento, la disciplina, la dignidad, rectitud en el procedimiento, honradez y debe ser discreto en su conducta y prudente en su lenguaje y conducirse correctamente dentro del servicio como fuera”.
Con base en lo que dice la referida norma, se llegó a la conclusión de que los citados uniformados cometieron una indisciplina, por lo que se recomendó que los tres sean arrestados por ocho días en sus respectivas unidades.
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Esposa de Marset amenazó a militares en su traslado: “No saben las consecuencias de esto”
Este jueves, se dio a conocer como actuó Gianina García, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su traslado al penal de mujeres Martín Mendoza de Emboscada, ocasión en la que amenazó de muerte a los militares que participaron del procedimiento. Además, de que su pareja tomaría represalias y se arrepentirían del cambio.
El documento fue emitido por la Suprema Corte de Justicia Militar y remitida a la jueza Rosarito Montanía. En este relatan la situación por la que pasaron funcionarios militares la semana previa y el mismo día de la ejecución del traslado de García, en el que la tensión subió y fueron amenazados de muerte.
El informe señala con detalles todo lo que se vivió entre el 16 al 20 de febrero dentro del penal militar de Viñas Cué. En ese periodo, la mujer recibió la visita de su abogado Balbino Garcete en dos ocasiones y consultó con la psiquiatra Lilian Ovelar. La familia no la visitó y se tenía un ambiente tenso, indica.
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El 20 de febrero, día del traslado, la situación se desbordó cuando García vio que los militares se preparaban para la ejecución de la orden y opuso resistencia, amenazando a los uniformados y serían víctimas de represalias por parte de Sebastián Marset.
“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, fueron las palabras de la mujer, según el documento firmado por el coronel Luis Vega de la Dirección de Justicia Militar.
La mala conducta se viene repitiendo desde el año pasado, una de las situaciones fue el 1 de diciembre cuando la mujer amenazó con suicidarse y luego rompió todas las cámaras de seguridad de su celda. Gianina García Troche está imputada en el marco del operativo a Ultranza Py porque habría colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.
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Centro Educativo de Itauguá: presentan proyecto para separar adolescentes prevenidos y sancionados
Se realizó una reunión en la Corte Suprema de Justicia entre autoridades judiciales y del Ministerio de Justicia, a los efectos de debatir sobre la adecuación de la infraestructura del Centro Educativo de Itauguá para garantizar la separación efectiva entre adolescentes prevenidos y sancionados, conforme a la normativa vigente y con el objetivo de fortalecer el sistema penal adolescente.
Del encuentro participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, el vicepresidente primero y titular de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera; el ministro, Eugenio Jiménez Rolón y la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, quienes se interiorizaron del proyecto presentado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
Durante la reunión interinstitucional, Nicora presentó el proyecto denominado “Nuevo Modelo de Gestión: separación sancionados–prevenidos”, impulsado por la cartera a su cargo para el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa contempla adecuaciones en la infraestructura del Centro Educativo de Itauguá, con el objetivo de segmentar a adolescentes según su situación procesal, diferenciando a quienes cuentan con prisión preventiva de aquellos que ya cumplen una sanción firme. Según lo expuesto, la implementación del nuevo esquema se realizará en articulación con las disposiciones judiciales vigentes.
Nicora explicó que el proyecto se encuentra en ejecución, con financiamiento asegurado y empresas adjudicadas para llevar adelante las obras previstas. La expectativa institucional es culminar las adecuaciones y poner en funcionamiento el nuevo modelo en el transcurso del mes de mayo.
Asimismo, señaló que la separación entre prevenidos y sancionados permitirá organizar de manera más adecuada el funcionamiento del sistema, facilitar la aplicación de programas diferenciados y optimizar el trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia y los jueces especializados.
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Por el Ministerio de Justicia participaron además el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Viceministerio de Política Criminal, Gustavo Ferriol y la directora general de Obras, arquitecta Stella Azuaga.
También estuvieron presentes la directora general de Gabinete, Fátima Cabrera Brambilla, la directora del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), Mabel Colmán y los magistrados Camilo Torres, coordinador de la Oficina Técnica Penal Juvenil, Víctor Benítez y Nunila González.
El proyecto se desarrolla en coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Oficina Técnica Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como ministra enlace a María Carolina Llanes Ocampos y es coordinada por el magistrado Camilo Torres.
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El Gobierno moviliza a militares y policías para frenar la delincuencia extremista
El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera conjunta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secuestro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y policiales ayudará a dar más fuerza al operativo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.
El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bienestar de la gente que trabaja y quiere progresar mediante su esfuerzo cotidiano.
Se habló de que el que secuestró al ciudadano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de amedrentar al Gobierno y proponer otra conducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públicas para eliminar los problemas de seguridad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.
El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elementos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras instituciones estatales en las zonas geográficas que están fuera de los departamentos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuerzas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibilización del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territorio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documentos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.
Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que pretenden socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, porque como país en plena tarea por el crecimiento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamientos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciudadanía y la seguridad de las personas.
Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violencia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes criminales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quieren imponer posiciones cuestionables y posturas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.
El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de criminales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres humanos para aceptar ciertas posiciones ideológicas o políticas.
El que mata, aunque use la ropa o la bandera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explicación que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposiciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.
Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacional contra la delincuencia y la criminalidad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.
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Medallas a militares por misión en la ONU
La Ceremonia de Entrega de Medallas por término de misión distinguió a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación que cumplieron funciones como observadores internacionales en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), en reconocimiento a su desempeño en el ámbito internacional.
Durante el acto fueron condecorados el teniente coronel DCEM Israel Ananías Medina Vera y la mayor Evelin Elizabeth Araújo Reyes, quienes recibieron la distinción por su profesionalismo, compromiso y destacada labor en representación de la República del Paraguay. La ceremonia resaltó el valor del servicio prestado en escenarios multilaterales.
Las autoridades destacaron que la participación en este tipo de misiones fortalece la proyección internacional del país, además de consolidar la experiencia operativa y diplomática del personal militar en contextos de cooperación global.
La actividad reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas de la Nación con los principios de paz, seguridad y cooperación internacional, en el marco de iniciativas impulsadas por organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, consolidando la presencia paraguaya en operaciones de verificación y apoyo a la estabilidad regional.