En la sala de conferencias de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Martínez Simón y el ministro Luis Benítez Riera tomaron el juramento de rigor a magistrados y agentes fiscales que desempeñarán funciones en distintos fueros para las diferentes circunscripciones judiciales del país.
Los dos altos magistrados así como los demás presentes estuvieron con tapabocas y respetando el distanciamiento pertinente, previa desinfección exigida en el acceso principal a la sede judicial de Asunción. La actividad tuvo lugar en el 9no. piso de la torre norte del Palacio de Justicia.
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Los jueces que prestaron juramento fueron Christian Marcelo Bernal Duarte, juez en lo penal de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y María Laura Bogado Escobar, jueza de Paz de San José Obrero de la Circunscripción Judicial de Cordillera.
También juraron Augusto Jesús Ledesma Blasser, como agente fiscal en lo penal de la capital, y Félix Andrés Cantaluppi González, agente fiscal itinerante.
Por seguridad sanitaria solo los citados participaron del acto de juramento. Esta decisión fue tomada en el marco de la lucha contra la propagación del COVID-19.
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Un juez brasileño ordena investigar el financiamiento de una película sobre Bolsonaro
Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este jueves investigar el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro por parte de un banquero acusado de un megaescándalo de corrupción, dijo una fuente del tribunal a la AFP.
La película “Dark Horse”, que aún no ha sido estrenado y en el que el actor estadounidense Jim Caviezel encarna a Bolsonaro, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato de la derecha a las presidenciales de octubre.
El magistrado André Mendonça aceptó un pedido de la Policía Federal para informar sobre giros millonarios del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo, para financiar la película sobre el expresidente preso por golpismo.
Según el propio senador Bolsonaro, con esos dineros se financió la cinta. El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes en tono de confianza de Flávio Bolsonaro al financiero a multas de 2025 para pedirle dinero.
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Un día después de la conversación, Vorcaro fue arrestado por uno de los mayores desfalcos financieros de la historia de Brasil.
Tras asegurar en un principio que no tenía ninguna relación con el banquero, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para “Dark Horse”, aunque afirmó que no existía cercanía entre ellos.
Vorcaro había prometido unos 24 millones de dólares para la película, aunque finalmente giró poco menos de la mitad de esa suma, según Intercept.
El banco Master de Vorcaro fue liquidado a multas de 2025 por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares ante unos 800.000 inversores.
Luego de conocerse sus vínculos con el banquero, Bolsonaro retrocedió en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.
El escándalo por Master también tocó al gobierno. La policía investiga al senador Jaques Wagner, quien dejó el liderazgo oficialista en la Cámara alta por sospechas de presuntos beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso.
La investigación ha revelado hasta ahora vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos. El propio Lula reconoció haberse reunido con él en 2024.
- Fuente: AFP
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Alliana “crece con fuerza” sin hacer campaña rumbo al 2028, señala Baruja
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, aseguró que el presidenciable Pedro Alliana registra un “crecimiento muy fuerte” en la intención de voto rumbo a las presidenciales del 2028, pese a que no se encuentra oficialmente en campaña electoral, de acuerdo con las mediciones que manejan desde el movimiento Honor Colorado.
“Permanentemente dicen que Alliana no prende, pero los datos que nosotros tenemos, yo en particular es que sin que el vicepresidente esté en campaña tiene un crecimiento muy fuerte en los últimos meses en la intención de votos“, sostuvo el alto funcionario en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que visitó este martes.
Baruja acotó: “Alliana tendrá una participación más activa y dinámica para las elecciones municipales generales, de esta forma los números van a ir subiendo mucho más, llegaremos a las internas presidenciales con una diferencia probablemente similar a lo que tuvimos en los comicios internos municipales. Yo creo que vamos a estar por encima del 70 % en el mes de diciembre del 2027 a favor de la chapa del oficialismo”.
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“Wiens-Baruja”, falsa noticia
El alto funcionario de Estado junto con el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el gobernador del Guairá, César Sosa, integran el abanico de nombres que maneja el oficialismo, liderado por Horacio Cartes, para la candidatura a la vicepresidencia de la República, que acompañará la chapa con Alliana.
A la vez, Baruja se refirió a la campaña de noticias falsas y desinformación, denominadas generalmente como “fake news”, que apuntan contra el proyecto presidencial de Honor Colorado.
La operación política difundida en redes sociales y algunos portales pretende instalar, sin fuentes precisas, una supuesta chapa entre él y el exministro abdista Arnaldo Wiens, con el fin de evitar supuestamente unas elecciones internas a finales del 2027.
“No tiene sustento, ni siquiera se analizó informalmente, hay un 100 % de improbabilidad que eso pueda acontecer. Generar una chapa en simple sumas electorales ha sido nefasto para el Paraguay. Cómo uno planteará una chapa donde no haya sintonía y confianza absoluta. Alliana es el que tiene la absoluta libertad para elegir su chapa y reproducir el actual modelo exitoso”, dijo Baruja.
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Jueces desnudan falencias de la Fiscalía y absuelven a Boidanich
Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fiscalía no logró demostrar los elementos necesarios para sostener la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo causal”, afirmó el magistrado.
SIN SUSTENTO
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Cartes para perjudicar al Boidanich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.
“Siempre se respetó la institucionalidad”
Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Serprelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.
Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involucrar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias fotografías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.
La acusación “era muy abstracta”
Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró conforme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusación del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.
Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos analizados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.
La acusación del Ministerio Público naufragó en juicio
La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.
La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministerio Público, cuya tesis de una supuesta demora deliberada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta punible por parte del extitular de la Seprelad.
La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteligencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la elaboración del informe. La evidencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno previsto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó diligencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.
Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.
El juicio también estableció que el documento llegó oportunamente al Ministerio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se comprobó que las medidas cautelares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py