En la sala de conferencias de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Martínez Simón y el ministro Luis Benítez Riera tomaron el juramento de rigor a magistrados y agentes fiscales que desempeñarán funciones en distintos fueros para las diferentes circunscripciones judiciales del país.
Los dos altos magistrados así como los demás presentes estuvieron con tapabocas y respetando el distanciamiento pertinente, previa desinfección exigida en el acceso principal a la sede judicial de Asunción. La actividad tuvo lugar en el 9no. piso de la torre norte del Palacio de Justicia.
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Los jueces que prestaron juramento fueron Christian Marcelo Bernal Duarte, juez en lo penal de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes y María Laura Bogado Escobar, jueza de Paz de San José Obrero de la Circunscripción Judicial de Cordillera.
También juraron Augusto Jesús Ledesma Blasser, como agente fiscal en lo penal de la capital, y Félix Andrés Cantaluppi González, agente fiscal itinerante.
Por seguridad sanitaria solo los citados participaron del acto de juramento. Esta decisión fue tomada en el marco de la lucha contra la propagación del COVID-19.
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Hambre Cero: “Peña fue contundente en que no seremos tolerantes en el despilfarro”
El ministro de Desarrollo Social y coordinador del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, se refirió sobre la reciente reglamentación de la norma Hambre Cero en las Escuelas, la cual permitirá la ejecución del programa de provisión de alimentos en los primeros días del mes de agosto tras el regreso de las vacaciones de invierno.
“El programa es de una cobertura gradual, es necesario, importante y ambicioso. Estamos en el proceso de definición de pliegos de base y condiciones estandarizados tanto en precio, cantidad, calidad y puntualidad que son factores claves de manera que entre el 6 al 10 de mayo se esté iniciando el llamado a licitación para la adjudicación a fines de junio”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Rojas detalló que en una primera fase la provisión se hará en 75 distritos de todos los departamentos del país, incluyendo Asunción, conforme a los indicadores del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Hay un gran compromiso y entusiasmo por parte de los 15 gobernadores, quienes llevarán adelante el proceso. Esto es realmente hacer políticas de estado, llegar en las comunidades más vulnerables, sabemos que hay mucho ausentismo y deserción escolar a causa de las crisis que pasan muchas familias en el país”, indicó.
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Asimismo, resaltó que la iniciativa no solo contribuirá con la nutrición saludable de los estudiantes en la etapa de aprendizaje, sino que también ayudará al movimiento económico. “En la reglamentación, en el decreto y en los pliegos de bases y condiciones un factor determinante es la incorporación de la agricultura familia campesina a través de los productos frutihortícolas”, comentó.
Rojas acotó: “El presidente Peña fue claro y contundente en que no vamos a ser tolerantes en el despilfarro de los recursos y tampoco en lo que hace relación en el desperdicio de los alimentos, se creará un banco de alimentos para destinar todo aquello que puedan ser rescatado tanto en los albergues infantiles, hogares de adultos mayores, comedores comunitarios y a otros sectores vulnerables”.
Por otra parte, destacó también el papel que cumplirá la Contraloría General de la República (CGR) ante eventuales casos de corrupción que sean detectados. “El monitoreo y la auditoría concurrente que realizará esta institución será sumamente importante y algo innovador. Con base en las normas que le rige, la Contraloría hace el control posejecución de los trabajos administrativos, pero hoy será de forma permanente, in situ, sobre las denuncias que puedan existir”, expresó.
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La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
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Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
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“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Disidentes de las FARC secuestran a funcionarios fiscales
- Bogotá, Colombia. AFP
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.