Desde la Corte Suprema de Justicia recordaron este martes que la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres requiere acciones concretas para garantizar sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y asegurar que puedan acceder a una justicia efectiva y libre de prejuicios. En ese contexto, el Poder Judicial impulsa diferentes políticas institucionales orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Las iniciativas se desarrollan a través del proyecto “Mujeres en la Justicia”, coordinado por la Secretaría de Género de la máxima instancia judicial, que trabaja en el fortalecimiento de mecanismos para cumplir con los compromisos asumidos por Paraguay en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres.

Según explicaron, estas acciones también se enmarcan en los lineamientos de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que establecen obligaciones para los Estados en la prevención y el combate de la violencia de género.

Uno de los principales componentes del programa apunta a la formación de magistrados, funcionarios y funcionarias judiciales para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia. El objetivo es que los operadores puedan reconocer situaciones de desigualdad y evitar que los estereotipos condicionen las resoluciones judiciales.

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También se realizaron jornadas de capacitación sobre comunicación con perspectiva de género, con énfasis en el uso de un lenguaje institucional inclusivo, respetuoso y libre de expresiones discriminatorias, especialmente al abordar situaciones que afectan a las víctimas.

Como parte de la estrategia para acercar los servicios judiciales a las mujeres, fueron habilitadas Unidades de Género en las circunscripciones judiciales de:

• Central
• Paraguarí
• Alto Paraná
• Itapúa.

Estas dependencias buscan acompañar a juzgados y tribunales en la aplicación de criterios de igualdad en sus actuaciones, además de ampliar la cobertura territorial de la Secretaría de Género y contribuir a que las mujeres reciban respuestas oportunas y respetuosas de sus derechos.

El fortalecimiento de la igualdad también contempla cambios en la propia estructura institucional. Para ello, se elaboraron instrumentos técnicos que permiten evaluar la participación de las mujeres en los espacios de decisión y detectar posibles desigualdades en la distribución de responsabilidades y cargos.

Entre los materiales desarrollados figuran un sistema de indicadores de liderazgo y paridad, acompañado de una guía para su aplicación, y un diagnóstico sobre la distribución de cargos dentro del Poder Judicial.

Asimismo, se evaluó y actualizó el Plan Institucional de Transversalidad de Género y se avanzó en la elaboración participativa de un Plan de Igualdad, con intervención de las distintas circunscripciones judiciales.

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Dos candidatos a ocupar cargos municipales y una comerciante murieron ayer lunes en una localidad fronteriza de Ecuador, en un ataque armado ejecutado a días del inicio de la campaña para elegir autoridades locales, informó la alcaldía de Huaquillas.

Entre los fallecidos están Ronald Farfán, quien buscaba el cargo de alcalde, y Cristhian Rugel, candidato a concejal, por el municipio de Huaquillas, una localidad de la convulsa provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

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Farfán se había desempeñado como alcalde en el período 2014-2019, y en febrero de este año su hijo también fue asesinado. El cuerpo del joven apareció con signos de violencia.

“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona”, señaló la alcaldía de Huaquillas en un comunicado. Medios locales reportaron que cuatro personas a bordo de dos motos dispararon contra los candidatos cuando se alistaban para reunirse con simpatizantes.

De acuerdo con la policía, “personal especializado” se encuentra en el lugar del ataque para “determinar posibles motivaciones” del crimen. La campaña electoral para los comicios locales del 29 de noviembre empezará oficialmente este jueves.

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El Oro es una de las cinco provincias costeras que están bajo un toque de queda nocturno que culmina este martes. Esa provincia, junto con Guayas, es de las más violentas del país. En el primer semestre del año registró la tasa provincial más alta de homicidios, 68 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Fuente: AFP

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos denunciados con la situación financiera de ueno bank y sus responsables.

Asimismo, se solicita determinar las consecuencias penales de sus actos en el manejo de los fondos institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Los directivos de Conatel fundamentan su petición en el artículo 28 numeral III del decreto número 14.135/1996 por el cual fuera reglamentada la Ley número 642/95 “De Telecomunicaciones” y, “el deber de denuncia ante las autoridades competentes al tomar conocimiento de presuntas actuaciones delictivas”.

En el petitorio se solicita “disponer la realización de las diligencias necesarias a fin de determinar los hechos punibles cometidos e identificar a sus presuntos autores”.

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En ese orden, se pide además, reconocer a la Conatel en condición de víctima de los hechos denunciados conforme lo determina el artículo 67 del Código Procesal Penal, debiendo consecuentemente ser informada sobre el resultado del procedimiento.

Asimismo se plantea al Juzgado Penal de Garantías la adopción de todas las medidas necesarias a fin de resguardar el patrimonio público institucional de la Conatel.

“La institución ratifica su compromiso con la transparencia, la responsabilidad en la gestión pública y protección de los recursos del Estado, en ese sentido, continuará impulsando acciones administrativas y legales pertinentes”, expresa un comunicado oficial.

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La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.

Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.