El procurador general de la República Sergio Coscia, en representación del Poder Ejecutivo, solicitó a la jueza de garantías de turno rechazar el amparo promovido por un grupo de 15 abogados quienes accionaron contra el decreto del Poder Ejecutivo, que declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, y pidieron en la referida acción ser habilitados para transitar y así poder trabajar.
Ahora la magistrada de garantías de turno Clara Ruiz Díaz deberá analizar si corresponde rechazar el amparo así como pide el representante del Poder Ejecutivo o en su defecto hacer lugar al pedido de los profesionales del derecho.
Podes leer: Aceptan amparo promovido por abogados contra emergencia sanitaria
Coscia argumentó su pedido de rechazo señalando “esta representación considera que la presente acción de amparo es totalmente improcedente, en razón de que no se encuentran presentes los requisitos para la concesión de la garantía constitucional promovida por los abogados; la inexistencia del requisito del agotamiento de las vías previas, además de que el amparo no es la vía para la derogación o modificación de un decreto presidencial en el supuesto caso de que éste pueda ser considerado violatorio de derechos constitucionales”.
También explica que “al haberse demostrado que no existe violación a derecho alguno ya que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia sanitaria son de carácter temporal, excepcionales, razonables y en consonancia al respeto de los derechos humanos conforme a la declaración N° 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril de 2020”.
Te puede interesar: Corte ahorrará más de G. 1.000 millones al año si elimina el CAJ
Dejanos tu comentario
Directivo mexicano de Montego Trading que tiene varias causas penales quiere salir del país
El directivo de la firma Montego Trading S.A., Gerardo Bermúdez Arreola, de nacionalidad mexicana, imputado recientemente por violar la ley de juegos de azar, pretende salir del país y ha solicitado permiso a la jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz. Asimismo, el imputado pretende que se levante su arresto domiciliario decretado semanas atrás por la falta de garantía.
La magistrada corrió trasladado del pedido al Ministerio Público, que tendrá que contestar si corresponde rechazar el pedido formulado por la defensa del imputado.
Luego, la magistrada deberá resolver si corresponde ratificar que el imputado siga en arresto domiciliario y con prohibición de salida del país.
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo, y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
Varios procesos penales
Bermúdez Arreola enfrenta igualmente otros proceso penales y uno de ellos ya está para realizarse un juicio oral y público y debido a las chicanas que ha presentado el citado acusado como otros, la audiencia oral aún no se pudo llevar a cabo.
Del mismo modo, llamó la atención que los jueces de sentencia Cándida Fleitas y Laura Ocampos hayan otorgado un permiso para viajar a Bermúdez.
Podes leer: Detienen a una pareja que quiso realizar compras con billetes falsos
Dejanos tu comentario
A pesar de contar con pruebas, fiscala pidió sobreseimiento provisional de procesado por estafa
La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
Dejanos tu comentario
Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
Te puede interesar: Juez reiteró captura internacional de Rodrigo Granda por plagio de Cecilia Cubas
En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
Dejanos tu comentario
La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
Noticia relacionada: Alianza Abdo-Ostfield golpeó los ingresos tributarios
El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
Lea más: Reducción de la pobreza: mesas de protección social ya llegan a 24 localidades