El procurador general de la República Sergio Coscia, en representación del Poder Ejecutivo, solicitó a la jueza de garantías de turno rechazar el amparo promovido por un grupo de 15 abogados quienes accionaron contra el decreto del Poder Ejecutivo, que declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, y pidieron en la referida acción ser habilitados para transitar y así poder trabajar.

Ahora la magistrada de garantías de turno Clara Ruiz Díaz deberá analizar si corresponde rechazar el amparo así como pide el representante del Poder Ejecutivo o en su defecto hacer lugar al pedido de los profesionales del derecho.

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Coscia argumentó su pedido de rechazo señalando “esta representación considera que la presente acción de amparo es totalmente improcedente, en razón de que no se encuentran presentes los requisitos para la concesión de la garantía constitucional promovida por los abogados; la inexistencia del requisito del agotamiento de las vías previas, además de que el amparo no es la vía para la derogación o modificación de un decreto presidencial en el supuesto caso de que éste pueda ser considerado violatorio de derechos constitucionales”.

También explica que “al haberse demostrado que no existe violación a derecho alguno ya que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia sanitaria son de carácter temporal, excepcionales, razonables y en consonancia al respeto de los derechos humanos conforme a la declaración N° 1/20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril de 2020”.

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