La audiencia de imposición de medidas fijada para el próximo viernes 24 de abril para la ex senadora liberal María Eugenia Bajac, imputada por violar la cuarentena y por tentativa de lesión grave, se realizará a través de teleconferencia entre las partes. De acuerdo a los turnos dispuestos por la Corte Suprema de Justicia, sería el juez de Garantías Yoan Paúl López quien tendrá a su cargo realizar la referida diligencia judicial.
De acuerdo a la información que se maneja, se realizará la audiencia vía teleconferencia para evitar que la ex parlamentaría pueda asistir hasta el juzgado ubicado en el cuarto piso de la torre norte del Palacio de Justicia. En la diligencia judicial se decidirá si Bajac de Penner es beneficiada con el arresto domiciliario así como solicitó el Ministerio Público o, en su defecto, se ordena su libertad o se dicta la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
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Días atrás, la jueza de turno Rosarito Montanía admitió la imputación y procesó penalmente a la ex legisladora. En su momento, la fiscala Belinda Bobadilla fue quien formuló la imputación contra Bajac de Penner tras existir indicios de un hecho punible.
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Mafia de los pagarés: Corte informó sobre auditorías, sumarios e imputaciones
En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
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Urgen a la Fiscalía avances en denuncia contra titular del PLRA
Desde la disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), urgen al Ministerio Público avanzar en la denuncia penal impulsada contra el titular de la agrupación opositora Hugo Fleitas. El exgobernador de Cordillera fue acusado por sus correligionarios de ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 3.380.000.000.
“Nosotros hemos hecho una auditoría seria y eso ya se encuentra en el Ministerio Público. El resultado de ese informe es completamente intrascendente. Lo que presentó es solo una chicanería, su gestión es patética, tendría que levantar los cargos en su contra con documentos", dijo la exsenadora Blanca Lila Mignarro, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Mignarro surgieron tras el informe presentado por Fleitas días atrás, que alega que en su gestión no se constataron elementos que configuren un perjuicio patrimonial, dolo o manejo indebido de los fondos del PLRA.
“Él solo tiene la opinión de sus amigos. Nuestra denuncia es seria y expone un faltante de G. 3.380.000.000, que debe ser devuelto al partido, le guste o no, esto no se trata de una cuestión política, es una cuestión financiera”, refirió.
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El cuestionamiento de la exlegisladora se da teniendo en cuenta que el informe presentado por Fleitas en busca de su blanqueamiento, solo fue elaborado por la Fiscalía y la Contraloría interna del PLRA.
“El presidente del partido no tiene argumentos válidos, ni comprobantes para demostrar lo contrario. Esa es una auditoría suya, esas instituciones son suyas, no es el Ministerio Público y ya debemos ver que dice esta institución”, puntualizó.
Asimismo, Mignarro acotó: “Ese dinero debe volver a las arcas del partido teniendo en cuenta que ya se acercan las elecciones municipales o con qué recursos se ayudará a todos los candidatos del PLRA”.
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Juez otorgó medidas alternativas a extitular del Senave, imputado por cohecho pasivo y otros
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó la libertad ambulatoria al extitular de Senave, Pastor Soria, en el proceso penal abierto por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero en el marco de la investigación por supuestos pagos para que provean un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), que permite la importación de productos.
El magistrado resolvió que el imputado tiene prohibido salir del país, así como una fianza de G. 300 millones y en caso de incumplir con las medidas se podría revocar las mismas y ordenar su prisión.
El presente proceso penal se inició tras la denuncia presentada por la presidente de ASICOPACE, quien mencionó una presunta red de corrupción dentro del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), en la que funcionarios exigían pagos ilegales a cambio de expedir certificados fitosanitarios obligatorios para la importación de productos frutihortícolas.
En la investigación fiscal -entre diciembre del 2023 y abril del 2024- los importadores de papas, cebollas y tomates, rubros clasificados como “sensibles”, enfrentaron demoras injustificadas en la obtención de las AFIDI, a pesar de que su costo oficial es de apenas G. 17.715.
Estas trabas, sin explicación técnica, eran seguidas por llamadas y visitas de funcionarios del SENAVE y terceros ajenos a la institución, quienes, con pleno conocimiento de los datos ingresados por los importadores en la Ventana Única de Importación (VUI), exigían pagos de hasta G. 10 millones por cada AFIDI para destrabar el proceso.
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Oposición improvisa y propone a senadora destituida para la intendencia de Asunción
Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.
Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.
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Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.
A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.
El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.
“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.
El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.