Un total de 2.264 imputados arrojó hasta el momento el incumplimiento de la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno como medida para impedir la expansión del coronavirus. Asunción y Central registran el mayor número de procesados, según el reporte de la Fiscalía General del Estado.
Los datos corresponden a hechos registrados en todo el territorio nacional desde la vigencia del decreto presidencial, que dispone el aislamiento total ante el riesgo de propagación del COVID-19.
Según las estadísticas del Ministerio Público, Asunción lidera la lista de imputados con 330 personas procesadas, seguido por Central con 319 imputados hasta la fecha.
En todos los departamentos hubo imputaciones de personas por violar la cuarentena sanitaria. Así es que en Alto Paraná se reportaron 254 imputados, Caaguazú 226 y Concepción 156, además de Itapúa con 137 y Misiones con 124 personas que desacataron la disposición gubernamental.
La imputación fiscal también afectó a 116 ciudadanos del noveno departamento, 94 de Ñeembucú, además de 88 personas de San Pedro, 83 de Canindeyú y 80 de Amambay. En Presidente Hayes se pidió el procesamiento de 58 individuos, así como de 53 personas de Guairá, 51 de Caazapá y 42 de Cordillera, 30 de Boquerón y, por último, 23 de Alto Paraguay.
Los hechos punibles denunciados guardan relación con resistencia, violación a la Ley 716 (incumplimiento de la cuarentena sanitaria), perturbación a la paz pública, exposición al peligro en el tránsito terrestre, entre otros, según datos suministrados por la Dirección de Comunicación del Ministerio Público.
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Desarticulan red de ciberdelincuentes que usaba 1.900 “cuentas mula” para robar dinero
La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.
El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.
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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.
A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.
El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.
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Acusan a “ministro” de secta religiosa por abuso sexual, trata de personas y violación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.
La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.
Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.
Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
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Ministerio de Defensa impulsa acción penal por presunta agresión en Acosta Ñu
El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.
En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.
Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.
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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.
“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.
Involucrados identificados
El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.
“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.
El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.
González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.
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En Semana Santa, aumentan los casos de violencia familiar, robos y accidentes
El Ministerio Público informó que durante los días santos aumentan los casos de violencia familiar, los robos y accidentes. La mayor cantidad de denuncias se da por hechos de violencia en el seno de la familia, robo, exposición al tránsito terrestre y abuso sexual en niños.
Los datos proporcionados por la Fiscalía muestran que en el 2024 se reportaron un total de 3.849 delitos, cifra que aumentó en el 2025, en el que se llegó a 4.243 hechos punibles.
Durante esos dos periodos se reportaron 1.281 casos de violencia familiar, 958 hurtos, 909 denuncias por hurto agravado, 311 exposiciones al tránsito terrestre, 76 abusos sexuales en niños, entre otros.
“Siguen manteniéndose los casos de violencia familiar y esa es una contradicción porque es una semana de la familia. Son datos que nos preocupan de sobremanera y por sobre todo se da una situación especial, que la mayoría de instituciones está de vacaciones en ese periodo”, manifestó el fiscal Mario Bareiro, encargado del Observatorio de Planificación, en entrevista con canal Trece.
Expresó que este tipo de hechos se da en condiciones en la que vulnerar los derechos de las víctimas es más fácil. “Es una fragilidad dentro de los planes preventivos en este periodo. Desde el Ministerio Público estamos de guardia las 24 horas, pero somos una entidad reactiva cuando los mecanismos de prevención dejan de funcionar”, apuntó.
La mayor cantidad de casos se da entre el martes al domingo de Pascua, siendo el viernes el único día en que no hay reportes.
- Martes Santo: hurto, estafa, robo agravado, lesión culposa, robo, abigeato, abuso sexual en niños, violación del deber del cuidado, incumplimiento alimentario.
- Miercoles Santo: hurto, estafa, exposición a peligro en transito, robo agravado, lesión culposa, robo, abigeato, abuso sexual en niños.
- Jueves Santo: violencia familiar, hurto agravado, exposición a peligro en tránsito, abuso sexual en niños, violación del deber del cuidado.
- Sábado Santo: violencia familiar, hurto agravado, estatal, exposición a peligro en tránsito, lesión culposa y abigeato.
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