El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, con acuerdo de los demás ministros de la máxima instancia judicial, resolvió habilitar el expediente electrónico a partir de este lunes 20 de abril para la presentación de nuevas demandas civiles y comerciales en los diferentes juzgados de la capital. Existe muy buena predisposición de los jueces del referido fuero para seguir trabajando desde sus casas.
Para concretar este proyecto, fueron ajustados varios puntos con la cooperación de la Dirección de Tecnología de Información de la Corte, cuya responsable es Rosa Liz Chamorro. También se valoró la colaboración de la jueza civil Vivian López.
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Con esta nueva determinación adoptada, desde mañana ya estará habilitado el portal electrónico de la circunscripción de Asunción para el inicio de los nuevos juicios civiles y comerciales (no controvertidos), que no requieran de la gestión personal ni de las notificaciones a través de ujieres notificadores de la primera resolución dictada.
De esta manera, los profesionales del derecho, además de presentar los juicios, podrán trabajar electrónicamente desde sus oficinas o desde sus residencias. También los magistrados, actuarios y algunos funcionarios judiciales trabajarán desde sus casas atendiendo las nuevas demandas que se presentan para realizar los primeros trámites.
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Contradicción: el ministro Ramírez Candia admitió competencia civil que hoy cuestiona en el JEM
En los últimos días se generó un interesante debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, señalaron que los jueces civiles no tienen competencia para entender en demandas por indemnización de daños y perjuicios promovidas contra el Estado paraguayo.
Sin embargo, el ministro Ramírez Candia admitió la competencia de los jueces civiles al firmar en el año 2022 un fallo como miembro de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.
De esta manera, el alto magistrado se contradice con su actual postura. Llama la atención la decisión que adopta en el órgano juzgador de magistrados, atendiendo a que pretende enjuiciar a los jueces que entiendan y dicten resoluciones en relación con los juicios civiles señalados más arriba.
En el marco del juicio caratulado “Miguel Ángel Enciso Ortiz contra Banco Central del Paraguay sobre indemnización de daños y perjuicios”, el ministro Ramírez Candia no cuestionó la competencia de las decisiones dictadas en primera y segunda instancia. Todo lo contrario: firmó su voto rechazando la demanda de indemnización. En ese sentido, sorprende la insistencia del alto magistrado en pretender enjuiciar a los jueces, a pesar de que él mismo admitió la competencia de la jurisdicción del fuero civil en las acciones judiciales sobre indemnización de daños y perjuicios contra entes estatales.
Esposa de ministro fue demandada
En el año 2021, Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza Yolanda Morel de Ramírez —esposa del ministro Manuel Ramírez Candia— y contra el Estado paraguayo, por haber estado privado ilegalmente de su libertad durante 475 días (es decir, 1 año, 3 meses y 20 días). En la demanda civil se solicitó la suma de G. 4.055 millones por los días de reclusión irregular.
En ese juicio, el juez Walter Mendoza hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción presentada por el abogado de la esposa del alto magistrado, por lo que la demanda civil quedó sin efecto. Se presume que este antecedente podría ser el motivo real de la reacción del alto ministro de la Corte liberal contra los jueces civiles.
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Juez de corte suprema de Brasil extiende prisión domiciliaria de Bolsonaro
Un juez de la corte suprema brasileña prorrogó este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro, de 71 años, purga la pena en su acomodada residencia en Brasilia desde marzo, cuando se le concedió el beneficio por 90 días para recuperarse de una neumonía. El plazo vencía la semana pasada.
El juez Alexandre de Moraes extendió la medida al reconocer que Bolsonaro muestra una “mejoría clínica”, no solo de la neumonía sino del resto de afecciones de salud que padece, según el documento de la decisión, al que accedió la AFP.
“En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional”, escribió Moraes. Un episodio en junio amenazó con enviarlo de vuelta a prisión.
Una pistola Glock 9 milímetros fue confiscada a uno de sus escoltas al ser interceptado en un control de tránsito regular en Brasilia sin documentación que justificara su portación.
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Su defensa alegó que el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma con el retiro de una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.
Al percatarse de que la pistola no funcionaba, el ultraderechista pidió a su escolta que la revisara. Posteriormente, en un breve interrogatorio policial, Bolsonaro reconoció ser el dueño del arma y haberla mantenido en su domicilio.
Moraes decidió no penalizarlo por el hallazgo de la pistola, pero determinó que no podía seguir en posesión de ningún arma. De acuerdo con el documento, Bolsonaro tiene registradas a su nombre una decena de armas de fuego, entre pistolas, rifles y revólveres.
Bolsonaro fue condenado en setiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva
- Fuente: AFP
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