Un grupo de 15 profesionales del derecho promovió un amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo, que declaró emergencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, y pide en su escrito ser habilitados para transitar y así poder trabajar. Ante la presentación de la garantía constitucional, la jueza de turno Clara Ruiz Díaz dio trámite al amparo y corrió traslado a la Presidencia de la República para que la misma conteste la acción presentada por los abogados.
Una vez que se conteste, los magistrados de turno deberán resolver si se rechaza el amparo o se hace lugar al mismo. En caso de que se admita el pedido de los abogados y se les habilite circular y trabajar, el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial. En caso contrario, de que se rechace el amparo los profesionales del derecho también pueden recurrir el fallo de la justicia.
Los letrados sostienen en su amparo que tienen a su cargo velar por la defensa de un derecho humano, que es “el derecho a la defensa que una persona tiene dentro de un proceso penal”. Esta situación se genera por que todos los imputados por violar la cuarentena sanitaria están siendo asistidos por defensores públicos, cuando que muchos pretenden designar a abogados de su confianza.
Asimismo, los abogados mencionan que el referido decreto presidencial en el que se estableció la restricción para circular viola principios y garantías constitucionales.
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Política de titulación a favor de las mujeres rurales permite empoderar a las jefas de hogar
En la actualidad, existe un cambio histórico en el abordaje del tema de titulación para las mujeres rurales con el actual Gobierno. Bajo el mandato de Santiago Peña, el 56 % de los 9.000 títulos de tierra entregados son para mujeres, frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.
La ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, destacó en conversación con La Nación/Nación Media el gran trabajo que se está desarrollando a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mediante la titulación masiva de tierras en favor de la mujer rural.
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Indicó que esto ayuda al empoderamiento de la mujer, que a su vez, brinda garantías para el bienestar de la familia, ya que se sabe que el 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.
Esta política de titulación de inmuebles a favor de las mujeres rurales ha permitido la promoción de las mujeres al acceso de las tierras con el interés a cero por ciento, con una financiación hasta 15 años de plazo, cuando anteriormente eran solo de 10 años.
“Con este incentivo para las mujeres, aseguramos el empoderamiento de las mujeres. El acceso a la tierra hace que ellas puedan asegurar un techo que a su vez brinda un techo seguro, una vida digna a sus hijos, así como alimentación segura, educación segura. Todo esto va generando una cadena de buena vida, sobre todo para la ciudadanía rural”, enfatizó.
Hace unos días el presidente Santiago Peña entregó al titular del Congreso Nacional el proyecto de Ley que ampliar a 25 años el plazo de financiación para los inmuebles rurales, en favor de las jefas de hogar.
Protocolo contra la violencia
La ministra Figueredo resaltó que junto con el Indert están desarrollando un protocolo contra la violencia; de tal modo que las mujeres que acceden a un título de su inmueble patrimonial igualmente estén protegidas. Sumado a lo que es la capacitación en lo que son la prevención contra la violencia.
Asimismo, están trabajando en todo lo que es el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como con la mesa interinstitucional que está compuesta por 33 instituciones del Estado, de tal forma a poder articular las acciones como ente rector de las políticas de mujeres rurales y sobre todo con las mujeres del campo.
Después de 12 años de vigencia de la Ley, el año pasado en octubre, con la lectura del noveno informe, se conformó por primera vez la Red de Mujeres Rurales en el Paraguay.
“Esto es un avance que nos marca la política de mujeres rurales y su conformación hace que todas las mujeres organizadas de todas las zonas del país puedan comenzar a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones, y con las diferentes acciones que vienen realizando las instituciones con las mujeres”, remarcó.
DATOS CLAVES
Entrega de títulos en el gobierno de Santiago Peña
- 56 % de los 9.000 títulos entregados son para las mujeres
- Frente a un promedio del 28 % en gobiernos anteriores.
- 40 % de la población rural está a cargo de las mujeres jefas de hogar.
- La política a favor de las mujeres aplica la tasa de 0 % en las cuotas de los lotes, con financiación de hasta 15 años.
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Ejecutivo eleva a G. 7.000 millones la recompensa para hallar a los secuestrados
El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.
La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.
Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.
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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.
En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.
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Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado
El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.
“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.
Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.
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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.
Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.
“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.
Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.
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Embajador paraguayo brindó reportes sobre seguimiento del espionaje de Brasil
Desde la presidencia de la República informaron sobre el resultado de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Santiago Peña, con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador de Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Al respecto, indicaron que el diplomático paraguayo brindó toda la información relacionada a la acción de inteligencia contra Paraguay, que fue ordenada por el gobierno anterior de la República Federativa del Brasil.
Del encuentro desarrollado en la mañana de este lunes en Mburuvichá Roga, también participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, el titular del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (Mitic) Gustavo Villate, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.
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Delgadillo informó al jefe de Estado sobre la situación sociopolítica que se vive en Brasil a raíz de la publicación de la acción de investigación que llevó a cabo el gobierno Jair Bolsonaro, durante los meses de junio 2022 a marzo 2023, y que guarda relación con la negociación de Itaipú.
Detalló además sobre la posición que tomó el actual Gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva con relación al incidente. Asimismo, el diplomático paraguayo le puso al tanto, al jefe de Estado sobre el seguimiento que está llevando a diario la embajada paraguaya en Brasil.
Este informe obedece a una de las acciones inmediatas que tomó el Poder Ejecutivo, ni bien tuvo conocimiento sobre las acciones de investigación que llevó a cabo el vecino país durante 9 meses, que coincidió con el gobierno de Mario Abdo Benítez, que no reportó este incidente hasta que emitió un decreto el último día de su mandato el 14 de agosto del 2023.
Asimismo, el gobierno de Paraguay continúa aguardando las respuestas del gobierno brasileño a las notas que fueron enviadas la semana pasada al embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes. En tanto, que el Mitic lleva adelante una investigación en el período que habría ocurrido el espionaje.
Hasta que esta situación sea satisfactoriamente aclarada, toda negociación con Brasil con respecto al Anexo C de Itaipú quedó suspendida hasta nuevo aviso.