El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), cuya secretaria general es Porfiria Ocholasky, ha presentado nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, en la que manifiestan su total apoyo a la acertada decisión de realizar el llamado a licitación pública nacional para la contratación del servicio de seguro médico para los funcionarios judiciales y magistrados, que contempla a la vez la cobertura correspondientes a grupos de familias.
Asimismo señala el escrito que “el costo presupuestado para cada funcionario judicial es de G. 680.000, importe que se viene manteniendo desde hace 5 años. También resaltan que el tope establecido para cada funcionario es inferior al establecido por la Constitución Nacional, que es de G. 1.000.000.
Igualmente se recuerda que en fecha 11 de noviembre del 2010 fue vetada por el Poder Ejecutivo la ley N° 4.130, que autorizaba la inclusión de funcionarios y magistrados del Poder Judicial al Instituto de Previsión Social (IPS).
Del mismo, el sindicato estará atento al desarrollo de la licitación para así poder dar la tranquilidad y la seguridad de los funcionarios judiciales, así como también de los magistrados judiciales de todo el país.
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TSJE rechaza pedido de interrumpir licitación
En un comunicado de prensa, la Justicia Electoral respondió a la solicitud de suspensión de proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación electrónica, que fue formulada por algunos senadores. La máxima autoridad electoral afirmó que no interrumpirá este proceso y rechaza toda intensión de pretender instalar dudas sobre la seguridad de este proceso.
“El proceso de licitación pública internacional se viene desarrollando con absoluta transparencia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos que rigen la contratación pública”, señala en primer término este comunicado. Asimismo, la Justicia Electoral garantizó que este proceso licitatorio, “fue sometido a todas las instancias de control y supervisión que la normativa establece, garantizando el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos en resguardo de la igualdad, la competencia leal y el interés público”.
Seguidamente, se expresa el rotundo rechazo a las intensiones de instalar dudas sobre esta licitación que se encuentra en pleno proceso. “Se rechaza cualquier insinuación que pretenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licitatorio. Las bases y condiciones contemplan requisitos técnicos que aseguran la adquisición de soluciones tecnológicas verificables, auditables y funcionales, tal como lo establece la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales”, menciona el comunicado.
Finalmente, la institución electoral afirma que no interrumpirá el proceso de licitación.
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Corte estudiará perfiles y designará a los mejores para cargos de camarista Penal, Civil, y Niñez
La Corte Suprema de Justicia deberá estudiar los perfiles y antecedentes de los ternados para luego designar a los mejores en los diferentes cargos para los Tribunales de Apelación en lo Civil y Comercial, Penal de Asunción y los tribunales de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Central y otros. Esto se genera luego de que el Consejo de la Magistratura remitiera la conformación de las ternas a la máxima instancia judicial para el estudio y designación.
El Consejo de la Magistratura elaboró las ternas para el cargo de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de la capital, cuyos ternados son el cuestionado juez en lo civil y comercial Edgar Agustín Rivas Laguardia, quien en su momento ordenó de forma llamativa el remate de la estancia Cielo Azul del supuesto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, propiedad que ya estaba administrado por la Senabico cuando se ordenó la subasta; Arnaldo Martínez Rozzano, y la jueza del mismo fuero, Mafalda María Cameron Luque ,quien días atrás fue acusada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones.
Otra terna para cámara civil que deberá estudiar la Corte es la conformada por José Miguel Villalba Báez, Alejandra Magalí Zavala Ríos, y Emilce Rocío González Morel. Para el cargo vacante de miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala de Asunción, se integró con Antonia López de Gómez, Stella Maris Arminda Zárate González, y Carlos Alfredo Escobar Espínola.
Para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia quedó conformado con los postulantes Ingrid Susana Yambay Jacquet, Pili Rodríguez Ortellado y Lucila María Luisa Bajac Cazal.
Para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de la Capital, primera sala, el Consejo conformó la siguiente terna: Modesto Núñez, Rosa Fabiana Marín Ferreira y Nuria Reninseb Isnardi Martínez.
Tribunal de Apelación en lo Penal
Asimismo, para miembro del Tribunal de Apelación primera sala, de la capital, la terna está integrada por: Gustavo Abraham Auadre Canela; el defensor adjunto Paublino Escobar Garay, y la jueza Elsa Elizabeth Idoyaga Benítez.
Igualmente, para el cargo de miembro del Tribunal de Apelación Penal primera sala, cargo vacante los ternados son; Sandra Patricia Silveira Benítez, Mario Camilo Torres Leguizamón, y Gloria Amanda Hermosa Fleitas. Los ternados para el cargo de Cámara de Apelación en lo Penal cuarta sala son el juez de Sentencia, Manuel Aguirre Rodas, Adriana María Giagni Rojas, y la jueza Penal de Garantía, Alicia Verónica María Pedrozo Berni.
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TSJE: “Sin máquinas este año, se complica enormemente el proceso electoral”
El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.
El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.
“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.
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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.
Requisitos
“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.
Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.
“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.
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Corte fija juicio oral de Payo Cubas en Asunción
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el juicio oral y público para el excandidato presidencial Paraguayo Cubas se realizará en Asunción. Los ministros que entendieron en el caso son Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes.
Tras destrabar la causa, el Tribunal de Sentencia deberá fijar la fecha para el inicio de la audiencia oral en la que se estudiará si Cubas es responsable de los hechos que el Ministerio Público acusó.
Cubas debe enfrentar juicio oral por los disturbios ocurridos en las inmediaciones del TSJE. Los camaristas revocaron el fallo del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a la excepción de incompetencia.
La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.
Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país.