El Juzgado Penal de Ejecución N° 3 con sede en Luque, a cargo de la jueza María Rosalía González, realizó tres audiencias a través de medios telemáticos. En la oportunidad, se concedió la prisión domiciliaria a tres personas en situación de vulnerabilidad, conforme a la lista remitida por la máxima instancia judicial a los juzgados penales.
Tanto la fiscala de Ejecución Dora Irazábal, como el defensor público Juan Martínez, participaron del proceso, ambos son mayores de 60 años pero no fue impedimento para conectarse desde sus respectivos domicilios. Los internos también participaron desde los institutos penales. De esta manera, se cumple a cabalidad con las recomendaciones hechas por la máxima instancia judicial
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En la primera audiencia realizada, se concedió la prisión domiciliaria a tres internos, uno de ellos recluido en el Penal Regional de Emboscada, el mismo es mayor de 65 años de edad y padece de diversas patologías; los otros dos internos son de la cárcel de Tacumbú, de 72 y 56 años respectivamente.
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Expresidente colombiano Uribe sentenciado a 12 años de prisión
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.
La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.
“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.
Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.
El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.
“De la peor manera”
Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.
“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.
“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia
Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.
Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.
- Fuente: AFP
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Caso Seprelad: Corte estudia chicana y debe destrabar el caso
El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candía es el preopinante para destrabar, una vez más, el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.
El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio, y una vez que el alto magistrado termine de dar su voto, deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.
Los exministros Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del tribunal de apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso, pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.
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En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.
Chicanas pendientes de estudio
Desde abril del 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la penal de garantía Cynthia Lovera.
El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
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Decretan prisión de “La Maldad”, mano derecha de Sebastián Marset
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de José Fernando Estigarribia alias “La Maldad”, deportado desde los Emiratos Árabes y quien sería la mano derecha del supuesto narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.
Estigarribia estará privado de su libertad en la cárcel Martín Mendoza, de la ciudad de Emboscada, específicamente en el pabellón de máxima seguridad.
La jueza decidió enviarlo a dicha penitenciaría considerando principalmente la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y la lucha de poderes de este tipo de organizaciones, cuyos miembros se encuentran distribuidos en las distintas cárceles del país.
El imputado fue funcionario del Ministerio Público, específicamente de la Unidad Antidrogas y es conocido con el sobrenombre de “La Maldad”, en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA).
De acuerdo a los datos recabados, Estigarribia ingresó a la organización de Marset del que sería hombre de confianza, como guardaespaldas de su esposa y testaferro.
Según la investigación, esta persona aportó su imagen, experiencia y cuentas bancarias para crear empresas de fachada utilizadas para blanquear dinero, justificando egresos ficticios mediante publicidad y eventos, con el objetivo de simular operaciones comerciales lícitas.
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Estafa a colonos: Corte destrabó proceso penal de imputados
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas, procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro. La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de uno de los imputados.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Luis María Benítez, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, quienes rechazaron una chicana más presentada por uno de los imputados.
Imputación
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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