El precandidato a la intendencia de Asunción por la Lista 2 del Partido Colorado, Camilo Pérez, destacó el masivo acompañamiento ciudadano que recibió el movimiento Honor Colorado durante el fin de semana. Resaltó que durante la caravana realizada este domingo por la tarde, logró alcanzar siete kilómetros de vehículos que transitaban a doble vía en plena costanera de Asunción.

El precandidato a intendente de la capital, expresó que fue una grata sorpresa encontrarse con el masivo apoyo de la dirigencia colorada. “La verdad que fue impresionante, nunca esperamos que pase algo así. Tuvimos siete kilómetros de caravana de doble vía en plena costanera. El apoyo y el arrastre que generó nuestra candidatura dentro del movimiento Honor Colorado es realmente imponente”, remarcó Pérez en comunicación con la radio 650 AM.

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Asimismo, confirmó que hasta el día jueves 4 de junio estarán activando de forma constante, con visitas y caminatas por los barrios de Asunción; para este martes tienen previsto llevar adelante una gran caminata de cierre por la calle 21 Proyectadas.

“Hasta el jueves vamos a estar activando a full. Mañana a la tarde tenemos nuestra gran caminata de cierre de campaña sobre 21 Proyectadas, que será ya como una caminata de cierre de campaña. Si bien el miércoles y jueves vamos a seguir visitando seccionales y hablando con los vecinos, lo fuerte para cerrar será mañana con la caminata”, precisó.

Camilo Pérez igualmente instó al electorado colorado a acercarse temprano y con alegría el domingo 7 de junio para ejercer su derecho al voto con total tranquilidad. “Insistimos a la gente en que vaya a votar temprano y ejerza su derecho con alegría y en concordia colorada. Desde Honor Colorado apostamos al abrazo y a estar todos juntos, porque después del domingo seremos Lista 1. Esta semana ya solo hablamos de alegría”, concluyó.

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Los representantes de gremios de jueces de Paz presentaron una propuesta orientada a optimizar el acceso a información sobre procesos de violencia doméstica tramitados ante estos órganos jurisdiccionales, durante una reunión mantenida este viernes con el ministro de la Corte Suprema de Justicia y Superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

En el marco de una jornada de trabajo, el ministro Diesel mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Jueces de Paz y de la Asociación Regional de Jueces de Paz de Alto Paraná.

Durante la reunión, los representantes gremiales presentaron una propuesta para la implementación de una herramienta informática de consulta unificada sobre causas de violencia doméstica tramitadas ante los Juzgados de Paz mediante el trámite electrónico. La iniciativa busca facilitar el acceso a información relevante sobre procesos registrados en el sistema, contribuyendo a una gestión más eficiente y al seguimiento oportuno de las causas vinculadas a esta materia.

La propuesta fue expuesta por el presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Paz, magistrado Ever Escurra, y por la presidenta de la Asociación Regional de Jueces de Paz de Alto Paraná, magistrada María José Florentín, quienes señalaron que la herramienta permitiría fortalecer la consulta de antecedentes procesales y mejorar la coordinación en la tramitación de los casos.

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Durante el encuentro también se intercambiaron opiniones sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de los Juzgados de Paz y los desafíos que enfrenta el servicio de justicia, destacándose la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a la modernización y fortalecimiento institucional.

Igualmente, Diesel y los miembros del Consejo de Administración recibieron a representantes de la Comisión Jurídica de Alto Paraná (COMJURAP), quienes realizaron la presentación oficial de su nueva comisión directiva.

Durante el encuentro, los integrantes del gremio informaron sobre la conformación de sus nuevas autoridades, electas en los comicios realizados el pasado 15 de marzo, y compartieron los principales lineamientos de trabajo previstos para el nuevo periodo de gestión.

La reunión se desarrolló en un marco de diálogo institucional, permitiendo el intercambio de ideas sobre temas vinculados al ejercicio profesional, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos actores del sistema de Justicia.

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El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del cuarto turno de la Capital, a cargo de la magistrada Bettina Ovando, habilitó una nueva cuenta en la red social Instagram con el propósito de mejorar la comunicación con la ciudadanía y optimizar la atención a los usuarios.

A través de esta plataforma, padres, madres, abuelos, abuelas y profesionales del derecho que tengan juicios en el fuero de la Niñez y la Adolescencia podrán contactar de manera inmediata con las funcionarias del juzgado, así como con las actuarias de ambas secretarías.

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La iniciativa de la magistrada Ovando busca romper las barreras burocráticas tradicionales y agilizar la comunicación diaria. “Es para acercarnos más a la familia de los usuarios”, manifestó la jueza. Igualmente indicó: “Esta iniciativa es para poder acercarnos a la familia y a todas las personas que están en un proceso judicial”.

Con la habilitación de esta red social, el juzgado de Asunción apunta a ofrecer respuestas más rápidas y eficaces en procesos sensibles que afectan directamente a menores de edad, facilitando el seguimiento de los expedientes sin necesidad de traslados físicos constantes.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.