El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió a la aprobación del proyecto de ley que eleva la pensión mensual que reciben los tres últimos sobrevivientes de la Guerra del Chaco, estableciéndola en un monto estimado de entre 35 y 36 millones de guaraníes.

Además de otorgar media sanción a la propuesta, aprobó un proyecto de declaración que insta formalmente a la Cámara Baja a tratar la normativa con carácter prioritario. “Urgimos que esto se trate con celeridad en la Cámara de Diputados”, reiteró Núñez, subrayando que existe consenso político para acelerar el trámite legislativo.

“Creo que es lo mínimo que podemos hacer: honrarles en vida”, afirmó Núñez, recordando que se trata de los últimos protagonistas vivos del conflicto bélico de 1932-1935 entre Paraguay y Bolivia. Según dijo, la intención es que la aprobación definitiva se dé lo antes posible y que los veteranos puedan recibir el incremento mientras aún puedan disfrutarlo.

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En conversación con varios medios de prensa, el titular del Congreso adelantó que, una vez sancionada la ley, se prevé organizar un acto especial en la sede Parlamentaria para recibir a los familiares de los excombatientes y entregarles el reconocimiento en un ambiente solemne. “Vamos a tratar que vengan los familiares al Congreso para un acto”, señaló.

Con esta medida, el Congreso busca rendir un homenaje en vida a quienes formaron parte de uno de los episodios más significativos de la historia paraguaya, otorgándoles un respaldo económico que, de acuerdo con Núñez, representa no solo un derecho, sino también un gesto de gratitud y memoria histórica.

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El sobrino de la senadora Celeste Amarilla, Martín Cogliolo Boccia, está sospechado de supuesto planillerismo dentro de la Cámara Alta. La legisladora liberal trató de despegarse del hecho, depositando la responsabilidad sobre su colega, el senador Ever Villalba, para el cual el joven presta servicios.

“Ever no me metas en problemas, nosotros ya hablamos muy bien de esto”, fueron las palabras de Amarilla frente a las cámaras de varios medios de comunicación, teniendo así un roce con Villalba. La legisladora alegó no tener ninguna relación con el joven, pese a que es su sobrino.

Dentro de su relato de defensa, intentó poner distancia en la cercanía familiar entre él y su sobrino. “Es el hijo de la sobrina de mi marido, que ya se murió, con la cual no tengo ni una relación”, argumentó para luego huir del foco de las cámaras y dejar a su colega Villalba explicando el por qué de la contratación de quien forma parte de su parentela.

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De acuerdo a lo trascendido, existen documentos de Migraciones que demostrarían que supuestamente Cogliolo Boccia estaba de viaje en Rusia, sin embargo, habría un formulario, firmado por Villalba, donde se afirma que este estaba realizando “trabajos extraordinarios” y no se declaró el permiso por el cual se autorizó al funcionario a realizar dicho viaje.

“Lo del permiso es una cuestión de Talento Humano”, se justificó el parlamentario liberal quien aseguró que el joven se presenta a trabajar todos los días en la oficina. “Trabaja horas extras que no se le paga encima”, añadió defendiendo al sobrino de Amarilla.

Según lo que expresó el propio senador, el joven ingresó al Congreso en este periodo de Gobierno, es decir, en el 2023, y pese a que dijo que trabaja todos los días, ante la consulta de dónde está el joven en estos momentos, indicó: “ahora él está en Chile disfrutando de sus vacaciones”.

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El parlamentario se mostró categórico al aseverar que no desvinculará al sobrino de su colega de la Cámara, “de ninguna manera lo voy a hacer”, sostuvo. Esta afirmación fue realizada pese a que existen varios legisladores que señalan que el caso ameritaría una pérdida de investidura tanto para Celeste Amarilla como para Ever Villalba.

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que el proyecto de transporte escolar impulsado por el Ejecutivo pretende generar un cambio estructural en la organización del sistema educativo, facilitando el acceso a instituciones con mejor infraestructura y permitiendo el cierre o transformación de escuelas con baja matrícula o condiciones precarias.

Ramírez explicó que la propuesta contempla un servicio de buses con un radio de cobertura de hasta 10 kilómetros, que inicialmente beneficiaría a estudiantes de barrios cuyas escuelas cerraron, pero que, a mediano plazo, podría incluir a todos los alumnos del sistema público. “La idea es que los chicos se trasladen a un punto focal cercano y desde allí se los transporte a una escuela con condiciones adecuadas”, detalló.

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El secretario de Estado sostuvo que el proyecto está inspirado en modelos implementados en otros países y busca aprovechar de manera más eficiente los recursos públicos, especialmente los provenientes del Fonacide, cuyo 70 % ya está destinado por ley a educación, con foco en infraestructura. “Proponemos que a ese párrafo se agregue ‘y/o transporte’, sin modificar el destino general de los fondos”, indicó.

Asimismo, Ramírez aclaró que el plan no tiene relación con el programa Hambre Cero ni con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), como erróneamente interpretaron algunos legisladores de la Cámara Alta al revisar un documento preliminar, mientras que en la Cámara de Diputados ya obtuvo la media sanción.

Su estudio en el Senado fue suspendido temporalmente ante el pedido de más datos técnicos, los cuales, según anunció, serán entregados esta semana. El titular del MEC también señaló que el objetivo a largo plazo es reemplazar el modelo actual centrado únicamente en reparación de aulas por uno que contemple “escuelas positivas”, con infraestructura integral como canchas deportivas, comedores y espacios de esparcimiento. “El alumno no aprende solo en el aula”, subrayó.

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Finalmente, sostuvo que la implementación del transporte escolar permitirá además identificar zonas con falta de caminos, lo que abrirá la posibilidad de intervenir también en el mejoramiento vial, generando un impacto sinérgico entre distintos sectores.

El presidente de la República, Santiago Peña, lideró la presentación del paquete de 10 proyectos de leyes económicas que, según afirmó, marcan el rumbo hacia un Estado más moderno, eficiente y orientado a generar oportunidades reales para la ciudadanía. Las iniciativas apuntan a reformas estructurales que abarcan desde la administración pública hasta el impulso del sector productivo y la atracción de inversiones.

“Este no es un gobierno que viene a administrar lo que ya existe, sino a transformar el Paraguay”, expresó Peña en un mensaje publicado en su cuenta de X, alegando que estas propuestas legislativas buscan modernizar el sector público, mejorar la calidad del transporte público, dinamizar la economía nacional y adecuar el marco legal del país a estándares internacionales.

Entre los proyectos destacados figuran la fusión de instituciones públicas para optimizar recursos, la creación de incentivos fiscales para promover inversiones y el fortalecimiento de sectores clave como la industria, el turismo y la maquila. También se incluyen medidas para impulsar la producción de tecnología nacional, fomentar las energías renovables y facilitar un sistema de arbitraje más ágil y confiable para resolver disputas comerciales.

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El Ejecutivo también plantea una reforma profunda del sistema de transporte, con el objetivo de devolverle calidad y seguridad al usuario, en un contexto donde el servicio actual es ampliamente cuestionado por la ciudadanía. Se espera que esta transformación no solo mejore la movilidad urbana, sino que también tenga un impacto económico al facilitar el acceso al trabajo y a los servicios.

Asimismo, se prevé una modernización del mercado de valores paraguayo, con miras a potenciar las herramientas de financiamiento a largo plazo, clave para el desarrollo de proyectos estratégicos. La actualización del marco jurídico también buscará dar mayor previsibilidad a los inversionistas, un factor considerado fundamental para el crecimiento económico sostenido.

Desde el Gobierno aseguran que este paquete de reformas constituye una hoja de ruta clara para el fortalecimiento institucional del país, con reglas de juego estables y una visión de desarrollo a largo plazo. Ahora queda en manos del Congreso Nacional el análisis y tratamiento de estas propuestas que, de aprobarse, “podrían marcar un antes y un después en la política económica y social del Paraguay”.