La Asociación de Jueces de Paz del Paraguay realizó un relevamiento de datos a nivel nacional de los casos de violencia doméstica registrados a partir de la emergencia sanitaria. La pesquisa dio como resultado que en las 18 circunscripciones judiciales del país se registraron 987 denuncias sobre el hecho.
El informe corresponde al periodo que va desde el 12 de marzo hasta el 26 del mismo mes. La Circunscripción de Central es la que registra mayor cantidad de casos, con 254 denuncias ingresadas, seguidas por capital, Itapúa, Cordillera y Alto Paraná. Todos los casos fueron atendidos y las medidas de urgencia fueron ordenadas, es decir, las víctimas recibieron respuesta de las autoridades, en tiempo y forma, señalaron.
Los juzgados de Paz también se expidieron sobre casos relacionados a Niñez y Adolescencia, especialmente en lo que respecta a la homologación de asistencia alimentaria, considerando el interés superior de niños.
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Todos estos servicios se realizan respetando la Acordada N° 1366 dictada por la Corte Suprema de Justicia, que regula la actividad en todas las circunscripciones judiciales del país y que fuera modificada y complementada por la Acordada N°1370 del 25 de marzo del corriente, mediante la cual se resuelve ratificar la suspensión de plazos, extendiendo la misma hasta el día 12 de abril de este año.
Cabe destacar que de acuerdo a la Acordada N° 1366, los Juzgados de Paz habilitarán sus servicios única y exclusivamente para los permisos de viaje de niños y adolescentes y de casos de violencia familiar.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, Susana Granados, sostuvo que “este cese parcial de actividades no implica el desamparo de la ciudadanía, la ley se aplica, las víctimas se protegen”.
Recordó además que “es importante que los profesionales y usuarios de justicia se abstengan de trasladarse hasta las sedes de los Juzgados de Paz, salvo casos de extrema urgencia”. En ese sentido, es importante acotar que las medidas otorgadas en el marco de la Ley 1600/00, como también de la Ley 5777/18 de protección integral, tienen el objetivo de poner cese a los caso de violencia denunciadas.
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