La empresa adjudicada en la licitación de G. 109.000 millones convocada por el IPS para servicios de limpieza no presentó las Declaraciones Juradas de sus miembros, requisito exigido por Ley, según reveló la Contraloría. También cuestiona que la previsional no planificó debidamente la contratación.

La administración del Instituto de Previ­sión Social (IPS), al mando del cuestionado pre­sidente de la previsional, Vicente Bataglia, no debió de adjudicar la millonaria licita­ción de G. 109.000 millones, donde las empresas de Alberto “Pulpo” Palumbo, amigo de Hugo Velázquez, presentaron ofertas por G. 70.500 millo­nes y aseguraban, al menos, G. 62.000 millones debido a que monopolizaron dos de los lotes más grandes. Tras reve­laciones de irregularidades del equipo de Investigación de Nación Media, se terminó adjudicando un solo lote de G. 50.367 millones en favor de la firma Cevima SA.

El informe técnico de la Con­traloría General de la Repú­blica sostiene que, incluso el único lote adjudicado no se debió llevar adelante porque la firma no presentó las decla­raciones juradas de bienes y rentas de personas físicas y/o jurídicas que la Ley 6355/2019 exige a los proveedores del Estado.

“El Comité de Evalua­ción debió requerir, nota mediante, a la empresa ofe­rente la presentación de los citados documentos en un plazo oportuno y en caso de no presentar los mismos, la oferta no debió ser conside­rada”, resalta el informe téc­nico de la CGR.

Cevima SA presentó al IPS un formulario de declara­ción de miembros de la firma mencionando a cuatro perso­nas: Claudio Alberto Escobar como presidente del directo­rio y accionista; Analía Virgi­nia Caballero, vicepresidenta del directorio; Christian Catella Llano, accionista, y Lino César Oviedo Marín, accionista.

“No se ha observado constan­cia de presentación de DDJJ correspondiente a la Sra. Ana­lía Caballero y al Sr. Lino César Oviedo Marín”, remarca el informe.

El director general de Con­trol de Contrataciones Públi­cas de la CGR, abogado Paul Ojeda, explicó que las DDJJ se presentan ante la Contra­loría y se expide una constan­cia. Cuando el oferente vaya a presentarse en una licitación en el Pliego de Bases y Condi­ciones se exige la presentación de la constancia del cumpli­miento de esta norma estable­cida por ley.

“La presentación de declara­ciones juradas está regulada por la ley, y por tanto todos los que quieren ser oferentes del Estado deben de presentar sus declaraciones juradas de bie­nes y rentas ante la Contralo­ría General de la República”, explicó Ojeda.

Seguidamente, el director Ojeda añadió que en esta licitación para la contrata­ción de servicios de limpieza del IPS claramente “hay un incumplimiento por parte del oferente a lo que establece la ley y al requerimiento de las bases y condiciones”.

Otro de los elementos que también cuestiona la Con­traloría General de la Repú­blica en su informe técnico es que la administración del IPS no veló por el buen uso de los recursos públicos y del dinero de los asegurados y jubilados.

En el proceso de licitación se detectó además el incumpli­miento por parte de la con­vocante en lo que refiere a la estimación del costo para los procedimientos de con­trataciones públicas en el marco de la Ley 2051/13 de Contrataciones.

Además, se cuestiona la falta de remisión del certificado de disponibilidad presupuestaria por parte del IPS. Cabe desta­car que dicha licitación fue ini­ciada en el ejercicio fiscal 2021, ad referéndum al presupuesto del ejercicio fiscal 2022; y el contrato con Cevima SA se rubricó el 11 de mayo del 2022.

“Atendiendo la suscripción del contrato con la firma Cevima SA, el IPS debió contar inde­fectiblemente con el certifi­cado de disponibilidad presu­puestaria para dicho efecto”, sostiene el informe técnico.

Y, como si fuera poco, la Con­traloría sostiene que el IPS no realizó un estudio serio para determinar la cantidad de empleados de limpieza nece­saria para dar cobertura a todos sus centros.

“Es un conjunto de situaciones que se presentan, y no hubo un relevamiento de necesida­des adecuado para determi­nar la cantidad de operarios que requería los potenciales oferentes, porque es una lici­tación para cubrir todos los hospitales del IPS distribuidos en todo el territorio nacional”, refirió el director de Control de Contrataciones de la CGR.

Todas estas situaciones, señala Ojeda que tiene que ver directamente con la presenta­ción de las ofertas económicas, y con la calidad del gasto.

Bataglia en esta licitación repartió G. 50.673 millones, en pleno proceso de campaña política.

Licitaciones adjudicadas a empresas del amigo del Vicepresidente frustraron construcción de aulas nuevas en varios lugares del país, mientras que en IPS lo sostienen sin papeles arriesgando a una demanda a la previsional.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, indicó que otra empresa de Alberto Palumbo está expuesta a sanciones. Se trata de uno de los hombres favoritos para llevarse licitaciones del Estado por su cercana relación con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien está en plena campaña política por la Presidencia.

La empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), del “Pulpo” Palumbo, fue sancionada al principio de este año tras no concluir las obras requeridas bajo contrato por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y abandonar las remodelaciones de 79 escuelas ubicadas en el departamento de San Pedro, Alto Paraguay, Presidente Hayes, etc.

Ahora también la firma Potî que es del mismo Palumbo, podría ser sancionada tras la detección de irregularidades en el marco del contrato firmado con el IPS por servicios de limpieza.

“Declaramos la irregularidad de ciertas acciones e iniciamos el proceso sumarial a la empresa”, dijo Seitz a Universo 970 / Nación Media. Explicó que un sumario puede, eventualmente, concluir en la aplicación de una sanción como la inhabilitación para contratar con el Estado.

Mientras se desarrolla este proceso, Palumbo sigue gozando de la “extensión” de contrato que le cedió Bataglia, y por el cual el empresario ya reclamó en estos días unos G. 30.000 millones.