El informe técnico de la licitación de G. 109.000 millones que la Contraloría General de la República (CGR) evaluó tras publicaciones de nuestro medio revela que efectivamente la administración de la previsional ha vulnerado las normas legales de Contrataciones Públicas para seguir manteniendo el negocio del proveedor amigo del Vicepresidente y la rosca de siempre.

El informe técnico de la Dirección General de Control de Con­trataciones Públicas puso en evidencia el manejo dis­crecional de los bienes públi­cos por parte del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia Araújo. Desde la Contraloría General de la República (CGR) desnuda­ron el esquema con el que se dirige la multimillonaria lici­tación para la contratación de los servicios de limpieza.

En una entrevista con Uni­verso 970/Nación Media, el abogado Paul Ojeda men­cionó los puntos llamati­vos por los cuales se podría hablar de un llamado dirigido para beneficiar a un oferente. Recordemos que estaba en juego G. 109.000 millones, y que se terminó adjudicando un solo lote luego que publi­caciones periodísticas de este medio revelaran el escándalo de los limpiadores “mau”.

Cabe destacar que, del total del monto, las empresas de Alberto “Pulpo” Palumbo presentaron ofertas por G. 70.500 millones y asegu­raban, al menos, G. 62.000 millones debido a que mono­polizaron dos de los lotes más grandes. Finalmente, se terminó adjudicando G. 50.367 millones en favor de la firma Cevima SA en uno de los lotes. “Se podría pre­sumir que esté dirigido, y llama la atención que se adju­dicó un solo lote a la firma Cevima”, remarcó Ojeda.

El mencionado documento de la Contraloría destaca que el IPS no estableció los fun­damentos para la cantidad de trabajadores que nece­sitaba la previsional, tam­poco quedó argumentado en los informes técnicos la implementación de máqui­nas de limpieza criogénicas (robots).

“Con el requisito exigido en el presente procedimiento de licitación, el ente previ­sional restringió la posibili­dad de que un mayor número de empresas se presenten al llamado; esto se demuestra en las numerosas consultas realizadas por los potencia­les oferentes y los pedidos realizados por los mismos de excluir o poner en forma opcional la máquina criogé­nica”, sentencia el informe.

Es decir, claramente el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) ha limitado la participación de más empresas, con even­tualmente mejores condicio­nes económicas para la ins­titución. “Lo establecido en el pliego básicamente bene­ficia a una firma oferente a la hora de verificar el cumpli­miento del requerimiento de los equipos, porque haciendo un análisis paralelo, no se establecían estos requisitos, y llamativamente en este sí se requiere”, resaltó el funcionario de la Contraloría.

Además, un dato no menor que revela la Contraloría es que el IPS obligaba a los ofe­rentes presentar el despa­cho aduanero de las máqui­nas de limpieza criogénica. Es aquí donde se resalta que Cevima presentó una fac­tura de compra del men­cionado equipo por G. 276 millones, y que el vendedor del aparato limpiador es la firma Neighpart SA.

Lo que resulta llamativo aquí es que, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Neighpart SA y Cevima SA tienen al mismo represen­tante legal, el señor Claudio Alberto Escobar Brizuela.

Ojeda también confirmó durante la entrevista radial que ya fueron remitidos los antecedentes del dictamen conclusivo, tanto al IPS para que corrija los errores y que “asuma las responsabilida­des administrativas por las falencias del proceso licita­torio”; y también a la Direc­ción de Contrataciones Públi­cas (DNCP) como primera medida administrativa, como ente regulador del sistema de contrataciones públicas.

El director Paul Ojeda también se refirió al escándalo de la “exten­sión” de contrato que realizó de manera unilateral Vicente Bataglia para beneficiar a Alberto “Pulpo” Palumbo.

“Si es que realmente es así consti­tuye una situación irregular, porque un contrato debe de estar prece­dido de un proceso licitatorio u otro proceso de contratación estable­cido por la Ley de Contrataciones Públicas”, comentó el director de Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría. Sin embargo, hace seis meses que se viene dando esta situación de la prestación sin con­trato en el IPS.

La Nación/Nación Media reveló días pasados que el empresario amigo del vicepre­sidente Hugo Velázquez y propietario de las empresas Potî SA y Potî Unipersonal, ya exigió a la previsional el pago de más de G. 30.000 millones por servicios de lim­pieza realizados sin contrato firmado, sin adendas.

Ojeda también mencionó que las exigencias podrían no tener validez. “Si no existe ningún tipo de adenda que modifique los plazos de ejecución de la presta­ción de un servicio, como un acuerdo de palabra, es una disposición totalmente irregular”.

En el marco de la investigación de las irregularidades en la adjudicación del llamado para contratación de servicios de limpieza del IPS, la Contraloría realizó un cruzamiento entre los datos de Formulación de Identi­ficación del Personal (FIP) presentado por la empresa adjudicada, Cevima SA, y la nómina de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se constató que en la lista de la firma existen personas que se encuentran prestando servicio en instituciones del Estado.

Se trata de un total de 13 personas que figuran como funcionarios públicos, seis de ellas están en la plani­lla del Ministerio de Salud Pública, cinco en la nómina del mismo Instituto de Previsión Social, una figura en el Ministerio de Educación y otra en la Corte Suprema de Justicia. El director de Control de Contrataciones Públicas, Paul Ojeda, indicó que esta situación debió ser atendida por la convocante, a través del adminis­trador del contrato debidamente designado.

Sin embargo, esta situación no es nueva en el IPS, ya que el caso de los limpiadores “mau” revelados por el Equipo de Investigación de La Nación/Nación Media ya evidenciaba un esquema similar utilizado por el amigo del Vicepresidente, el empresario Alberto Palumbo, a través de sus empresas Potî SA en adju­dicaciones anteriores. Las denuncias periodísticas fueron confirmadas vía dictamen de Contrataciones Públicas.