Parte de los G. 12.000 millones destinados a la reactivación económica por la crisis sanitaria fueron a parar en manos de los secretarios departamentales del gobernador Rubén Roussillón. Félix Dionisio Ruiz Larramendia y Lorenzo Gamarra Flores, quienes acaparan cupos al estar frente de consejos y clubes deportivos, y que además obviaron contratar a proveedores de la zona.

Presidente Hayes no fue la excepción del manejo a discreción de los fondos transferidos a las gobernaciones en el marco de la emergencia sanitaria por del covid-19. El objetivo de estas transferencias con­cierne al apoyo financiero de US$ 1 millón anuales para la reactivación económica generando fuentes de tra­bajo en las respectivas comu­nidades.

Una parte importante de los fondos covid fue a parar en manos de organizaciones encabezadas por sus subor­dinados. De acuerdo a la ren­dición de cuentas presentada ante la Contraloría General de la República (CGR), un funcionario de la goberna­ción identificado como Félix Dionisio Ruiz Larramendia figura como vicepresidente de uno de los consejos benefi­ciados por Rubén Roussillón.

Ruiz Larramendia es del Consejo Educativo Departa­mental y es el que solicitó el aporte económico mediante notas dirigidas al goberna­dor, que es su jefe en reali­dad. Recibió G. 1.781 millo­nes entre el 2020 y el 2021 en concepto de obras para dife­rentes localidades del depar­tamento.

Este consejo beneficiado por Roussillón también recibió fondos para la compra de una carrocería por un monto de G. 398 millones de la empresa Rodomaq en el 2021. Además, solicitó recursos para repa­rar una casona antigua en la ciudad de Benjamín Aceval por G. 244 millones, siendo adjudicada para el trabajo la empresa ConstruSur, propie­dad de Gloria Cantero, esposa del diputado Sergio Rojas.

Por cierto, ConstruSur es una proveedora muy mimada por la gobernación de Rubén Roussillón. Según el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Félix Dionisio Ruiz Larramendia es funcio­nario de la gobernación desde el 2018 con ingreso mensual de G. 10 millones. Fiel segui­dor y simpatizante de Rubén Roussillón, y lo hace notar a través de sus redes sociales compartiendo actividades en la campaña del gobernador que aspira a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados.

Otra organización benefi­ciada por la Gobernación de Presidente Hayes es el club Sportivo Azucarero, presi­dido por Lorenzo Gamarra Flores, este en lo único que ha concentrado sus solici­tudes de recursos fue para construir graderías. Y para el efecto, la gobernación le entregó G. 226 millones.

Lo llamativo es que Lorenzo Gamarra también es funcio­nario de la gobernación desde el 2018, y percibe un salario de G. 8 millones mensuales.

La Ley Nº 6641 de apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraes­tructura fue sancionada en octubre del 2020. En su artí­culo 5 establece que “como mínimo el 60% de los ingre­sos percibidos por las gober­naciones en virtud de la pre­sente ley deberá destinarse a gastos de capital, en obras de infraestructura, dando pre­ferencia a la mano de obra y a las empresas que se encuen­tran en el territorio departa­mental”.

La Gobernación de Presi­dente Hayes, lejos de cumplir con esa normativa, a través del consejo y organizaciones, realizó compras a kilómetros del departamento.

El Consejo Educativo Depar­tamental contrató, en la mayoría de las obras, el ser­vicio de la constructora MMD de Luque. Como si en Presi­dente Hayes faltaran alba­ñiles.

Además, entre las rendiciones se encuentran facturas emi­tidas por empresas de Minga Guazú, Fernando de la Mora y otras localidades del depar­tamento Central.