Según el dictamen de Contrataciones Públicas, entre el 2016 y el 2020 Casimiro González no cumplió en ningún llamado con el proceso licitatorio. El político efrainista, que de agricultor se convirtió en próspero empresario, se maneja por encima de la ley.

• Por Silvia Aguilar
• silvia.aguilar@gruponacion.com.py

Casimiro González Moreno, el mago que logró un brillante incremento patrimonial junto con su esposa, no solo guarda la fórmula para hacer maravillas con las finanzas sino, también, mantiene bajo la mesa los procesos de licita­ciones que realiza en la muni­cipalidad. Con una gestión cargada de denuncias e irre­gularidades donde hasta el Juzgado de Instrucción de Contrataciones Públicas había instado al jefe comu­nal a proveer las documenta­ciones que guardan relación a 56 llamados realizados entre el 2016 y el 2020, sin que se remitan las informaciones sobre el proceso de adjudi­cación, sin embargo, no hubo respuestas al requerimiento.

Ante dicha situación, la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) abrió una investigación de oficio por resolución 6076/20 y declaró que todos los llamados referi­dos se encuentran viciados de inconsistencias administrati­vas y derivó los antecedentes a la Contraloría General de la República (CGR).

La falta de comunicación por parte del municipio en el Sistema de Informa­ción de las Contrataciones Públicas (SICP) sobre las distintas etapas del proce­dimiento de adjudicación transgrede el artículo 4 inciso C de la Ley 2051/03, que obliga a todas las insti­tuciones del Estado a remitir toda la información relacio­nada con la actividad de con­tratación pública realizada.

La Contraloría General de la República, por su parte, ante los hechos sugirió al muni­cipio realizar en tiempo y forma los llamados a licita­ción para garantizar la lega­lidad de las adjudicaciones.

En conversación con los con­cejales municipales (ANR) Andrés Gastón y Julián Can­tero, señalaron que el inten­dente no rinde cuentas ni siquiera a la junta municipal de los trabajos que realiza en la ciudad, ninguneando a los ediles y esquivando totalmente transparentar su gestión ante los mismos, lo que evidencia aún más que Casimiro Gon­zález utiliza la comuna como una empresa suya.

Casimiro González, de ori­gen modesto y de las carpas efrainistas, nos contaba que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas desde el 2009 hasta el 2010, tiempo en el que Efraín Alegre estaba al frente de la cartera estatal. Asumió la Intendencia de Ybytymí en el 2010 y fue reelecto por ter­cer periodo consecutivo.

Lleva una vida de inmensa prosperidad con importan­tes propiedades y una cons­tructora que interviene en obras de la municipalidad que administra. Esta pros­peridad también alcanzó a la esposa, Estela Ayala, que de cobrar G. 500 mil en viá­ticos en la municipalidad del marido pasó al frente de una miniinmobiliaria y de un edi­ficio en etapa de culminación valuado en G. 1.200.000.000.

Obrar SRL, empresa creada en el 2008, perteneciente al intendente, llamativamente, es una firma que religiosa­mente es invitada a las lici­taciones en Ybytymí, es decir, González se invita a sí mismo en los llamados, los mismos que justamente no comple­taron el proceso en la DNCP.

Según denuncias del ex con­cejal Félix Galeano, el jefe comunal incurrió en supues­tos hechos de malversación de fondos, adjudicaciones y pagos irregulares.

La denuncia presentada en la Fiscalía por Félix Galeano señala que existen cinco empresas que llamativa­mente se quedaron con la mayoría de las licitaciones, todas del distrito de Itá. Valiéndose de maniobras, González siempre evitó que pase a estudio de la Junta Municipal los llamados rea­lizados en la comuna.

Unos G. 233 millones tuvieron como destino final la comisión integrada por Marcelo Adorno, sobrino del gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno.

Los fondos para la reactiva­ción económica, entregados a los 17 departamentos del país, terminaron en grandes repartijas a comisiones inte­gradas por familiares de los gobernadores y autoridades municipales.

Tal es el caso de la goberna­ción de Alto Paraguay que benefició a la “Comisión de Fomento de Puerto Casado”, con millonarios recursos de los fondos covid. Esta aso­ciación está integrada por el sobrino del gobernador José Domingo Adorno. Esto sin mencionar que de esta comi­sión también forma parte una concejala municipal.

Marcelo Julián Adorno es sobrino del gobernador, a su vez ocupa el cargo de “protesorero” en la Comisión de Fomento de Puerto Casado. Esta comisión presentó en total cuatro pro­yectos de obras para construc­ciones de puentes, de murallas e incluso de un taller. En total, la gobernación repartió a esta comisión G. 233.428.176.

La tesorera de esta comisión es otro elemento llamativo, dado que se trata de la con­cejala de la Municipalidad de Puerto Casado, María Lourdes Cabrera de Pereira.

Además de Marcelo Julián, la comisión tiene como miembro a Juan de Dios Adorno Díaz, quien también es sobrino del goberna­dor y funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).