La Contraloría General de la República constató que el llamado para compra de kit de alimentos en Ciudad del Este estuvo viciado de irregularidades y que armaron el negocio para los amigos con el agravante de que se comprometió dineral de la Municipalidad del Este con un kiosko sin capacidad financiera. Hasta ahora no saben justificar el origen de los alimentos y el burdo manejo revela una serie de intermediaciones para sostener el negocio con el municipio.

La Contraloría General de la República (CGR) final­mente emitió un dicta­men sobre el caso de la famosa compra de 25.000 kits de ali­mentos a la despensa Tía Chela, realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la admi­nistración de Miguel Prieto.

El dictamen es contundente y confirma lo que ya estaba a la vista, el amaño en la licita­ción para favorecer al pequeño autoservice que no contaba con capacidad financiera para proveer dichos insumos; por ende, este informe se remite al Ministerio Público para que forme parte de la investi­gación que está en manos del fiscal Juan Ledezma, que por cierto hasta la fecha no ha rea­lizado ni una sola imputación. A un año y 8 meses la denuncia presentada por el ex concejal Celso Miranda contra Prieto, está congelada en la Fiscalía.

La Municipalidad de Ciu­dad del Este no pudo justifi­car dicha licitación y mucho menos pudo explicar el motivo por el que se invitó a firmas sin experiencia como Tía Chela y Danielito, que por cierto per­tenecen a un mismo núcleo familiar, específicamente a padre e hijo. El negocio estaba armado para el amigo a quien, dicho por la misma madre del dueño de Tía Chela, Prieto le aseguró la licitación.

“Se desconocen los criterios considerados por la institu­ción convocante para cursar las invitaciones a firmas de poca experiencia en el mer­cado para la compra y distri­bución de productos alimen­ticios”, detalla la Contraloría en su informe.

El informe de Contraloría señala que en la adjudicación hubo inconsistencias entre los criterios de evaluación esta­blecidos en el pliego de bases y condiciones (PBC) y entre lo que finalmente fue tenido en cuenta por el comité de evalua­ción. Es decir, la municipalidad exigió ciertos ítems, pero a la hora de la verdad lo acomodó a la medida de Tía Chela.

“El contenido del Informe de Evaluación consigna crite­rios no establecidos original­mente en el PBC”, dice parte del dictamen.

Así también, en otra parte del documento señalan que el requisito de experiencia tam­bién fue modificado, dado que en el pliego solicitaban que la empresa tenga la capa­cidad de proveer alimentos al por mayor; sin embargo, en la evaluación fue descartado este requerimiento.

A su vez, la Contraloría no pudo acceder a las notas de remisión para entrega de bie­nes, es decir, ni siquiera consta en papeles la entrega de los kits de alimentos.

“La firma Tía Chela SRL debió presentar notas de remisión para la entrega de los bienes y a la convocante debió exigirlas, de conformidad a lo estable­cido en la carta de invitación que dispone como indicadores de cumplimiento de contrato”, señala el informe.

Esta auditoría, encabezada por Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas, se inició en setiem­bre, tiempo en que la Contra­loría también había anunciado una auditoría a la ejecución presupuestaria de Ciudad del Este durante la administración de Miguel Prieto.

El caso de la polémica compra de Tía Chela tuvo repercu­sión luego de que el programa “Tierra de nadie”, emitido por el canal GEN, haya revelado cómo una empresa sin capa­cidad financiera fue adjudi­cada con un millonario con­trato por la administración de Miguel Prieto. Esto en medio de la pandemia y bajo la excusa de llegar a familias de escasos recursos.

Ante el inminente pase del dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio Público, el intendente ree­lecto Miguel prieto estuvo detrás de audiencias con autorida­des del ente contralor para de tratar de calmar las aguas; sin embargo, desde la institución se mantuvieron firmes en su pos­tura y finalmente el pasado 26 de noviembre se remitió a la Fis­calía el contundente informe que confirma las irregularidades que se vienen denunciando desde hace más de un año.