En medio de la demanda por desacato que pesa sobre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), administrada por Nicanor Duarte Frutos, la hidroeléctrica firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para promover, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento de ambos organismos. El sugestivo apoyo llama la atención atendiendo a que aún no se resolvió la demanda contra la binacional.

El convenio que fue promocionado a través de las redes sociales y la página web de la hidroeléctrica incluye la entrega de un total de 250 computadoras, que serán destinadas a los organismos jurisdiccionales de la Justicia, mientras aseguran que se irá trabajando en la incorporación de más tecnología. Esta acción de ayudar a digitalizar los procesos ya lo había intentado Duarte Frutos con otro organismo de control hace meses atrás, pero rebotó.

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Sin embargo, en esta oportunidad aparentemente ya está todo concretado. “Yacyretá es una institución que pertenece a la nación, que produce energía y es importante que colabore también para que el Poder Judicial vaya funcionando de manera mucho más adecuada como espera la sociedad”, manifestó el director de la Binacional, según se publica en la noticia de la EBY de fecha 1 de julio.

Precisamente, en el mismo día en que se llevó a cabo la audiencia en el Palacio de Justicia entre la EBY y el Grupo Nación de Comunicaciones, en el marco de la demanda por desacato que entabló el periodista de investigación Jhojhanni Vega Fiorini por el incumplimiento de la Binacional de la resolución de la jueza Alice González, quien le ordenó al ente a entregar todos los datos sobre gastos sociales y de publicidad y propaganda entre los años 2019 y 2020 al correo del periodista.

Dicha decisión de la magistrada nació a raíz de un amparo presentado por el comunicador a comienzos de año por la negativa reiterada del equipo de Duarte Frutos de facilitar estas informaciones, a pesar de que se realizó un pedido por medio de la ley de acceso a la información pública ya en octubre del año pasado. Si bien luego de la resolución judicial, la EBY envió una serie de archivos al correo del periodista con parte de los datos solicitados, no fue entregada la totalidad de los documentos requeridos.

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Debido a esto se presentó una denuncia por desacato contra la entidad. Ayer, mientras se realizaba la audiencia, los abogados de Yacyretá pidieron a la jueza que pase el jefe de informática de la EBY, Santiago Vázquez, para intentar convencer a la magistrada de que todos los datos habían sido ya facilitados, no obstante, debido a las pruebas irrefutables del Grupo Nación, el técnico se vio obligado a confesar delante de la propia jueza que no se habían enviado todos los archivos solicitados por Vega.

Al término de la audiencia la magistrada adelantó que se tomaría su tiempo para definir el caso, debido a esto, resulta llamativo que ahora la Corte Suprema de Justicia y Yacyretá firmen un convenio de cooperación interinstitucional. “La tecnología es importante para acelerar los procesos, pero la justicia siempre va a ser fundamentalmente producto de la conciencia de cada juez”, señaló Duarte Frutos.