Santiago Vázquez, jefe del área de tecnologías de la información y comunicación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), acudió a la audiencia por la demanda por desacato planteada desde el Grupo Nación para intentar convencer a la magistrada de que entregaron toda la información; sin embargo, terminó reconociendo que no proveyeron todos los datos.

• Por Rossana Escobar M.
• Jhojhanni Vega
• investigación@gruponacion.com.py

El equipo jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con­formado por los abogados Marcelo Codas y Silvia de Vargas, solicitó a la jueza Alice González la presencia del jefe de informática de la hidroeléc­trica, Santiago Vázquez, para persuadir a la magistrada de que el ente había remi­tido todo lo que ordenó en su resolución al correo del periodista Jhojhanni Vega Fiorini; sin embargo, el téc­nico terminó reconociendo que no proveyó al comuni­cador todos los datos.

El pasado 16 de abril el perio­dista había presentado una denuncia por desacato en con­tra de la EBY, luego de que el ente no remitiera todas las documentaciones sobre los gastos sociales de la entidad, incumpliendo así la hidroeléc­trica con el mandato judicial de la magistrada. Para dirimir esto la jueza convocó a ambas partes a una audiencia para así escuchar también la res­puesta de la entidad.

Sin embargo, lejos de ayudar en su defensa, las palabras del jefe de informática ter­minaron por enterrar el dis­curso de la EBY, que sostenía que habían enviado todos los datos. Vázquez, quien además es perito informático matricu­lado en la Corte Suprema de Justicia, confesó que no envia­ron todos los datos al correo del comunicador. “Es así como él manifiesta; es decir, no fue remitido según se ve en el correo, no se puede negar que eso no fue enviado”, expresó el técnico en respuesta a lo planteado por Vega. Con una frase demolió la pila de mentiras que se publicitaban desde la administración del director de la binacional, Nicanor Duarte Frutos.

El periodista, en presencia de la jueza y los representantes de la hidroeléctrica, expuso por varias horas que duró la audiencia la serie de datos que fueron omitidos por la EBY, entre los que faltan, por ejemplo, está el listado de los gastos en publicidad y propaganda. “Los datos de publicidad y propaganda, si bien no fueron remitidos en dicho correo, fueron actua­lizados en fecha 27 de mayo del 2021”, expuso Vázquez.

Es decir, que el listado com­pleto de los gastos en este concepto no fue enviado de forma adjunta al correo diri­gido al comunicador como lo ordenó la jueza en su resolu­ción del 12 de marzo de este año, donde le había dado 10 días hábiles al equipo de Duarte Frutos para que cum­pla con el pedido de acceso a la información que había solicitado el comunicador ya en octubre del año pasado.

El pedido concreto amparado en la resolución de la magis­trada sostenía que la EBY debía liberar los listados de pagos en concepto de publi­cidad, eventos y propaganda, al igual que las rendiciones de cuentas de las transferencias económicas realizadas a orga­nizaciones sociales, guberna­mentales y no gubernamenta­les durante el 2019 y el 2020.

En su descargo inicial, la EBY sostuvo que “no tiene nada que ocultar ya que la misma se rige por criterios de transparencia y, en base a ello, toda la infor­mación se encuentra alojada en la página web, que es justa­mente un medio moderno que permite que cualquier ciuda­dano pueda acceder fácilmente a toda la información relativa a la gestión de la entidad”; sin embargo, como bien lo explicó el representante legal del Grupo Nación de Comunica­ciones, Raúl Prono, la vía por la cual debía remitirse toda la información requerida por el periodista era el correo elec­trónico, así como lo establece la Ley de Transparencia.

“El periodista Jhojhanni Vega solicitó que la informa­ción le sea remitida a través de su correo electrónico, y es mediante esta vía que deben ser entregados los datos”, sostuvo Prono. La deci­sión ahora queda en manos de la jueza Alice González, quien debe resolver si efec­tivamente Yacyretá incu­rrió en desacato. La magis­trada adelantó durante la audiencia que se tomará al menos un mes para resol­ver el asunto debido a que se ausentará por vacaciones.

En total son cuatro los lista­dos que la EBY aseguró que envió en el correo, pero que en realidad nunca fueron facili­tados al periodista. Los mis­mos son: listado de aportes a organizaciones, listado de transferencias por agua pota­ble, proyectos productivos y para la promoción del desa­rrollo comunitario y comu­nicación ciudadana, en este último debería estar alojado el listado de gastos en publi­cidad, pero solo fueron envia­dos los gastos para eventos.

Ante esto, el ingeniero Váz­quez manifestó que “no fue sino hasta febrero de este año que empezamos a traba­jar con la disposición de los datos de modo interno, lo que significa que los datos antes en la entidad no los teníamos tabulados, eran físicos y no los teníamos total digitali­zados; ya teníamos rendicio­nes del 2019 y 2020, incluso anteriores, pero en formato papel o físico”.

Con esta explicación el jefe de informática admitió que hay más información que la que enviaron al correo y que esta simplemente no fue enviada debido a que no estaba digitalizada. Además de esto, hay que resaltar que en ninguno de los 22 archivos que fueron enviados vía mail se adjuntan las rendiciones de los gastos; es decir, que hasta la fecha, Duarte Fru­tos y su equipo guardan celo­samente los contratos, factu­ras e informes de sus gastos sociales y de publicidad.

Lo grave es que desde la EBY intentaron hacer creer con estadísticas a la jueza de que su orden fue acatada, pro­porcionando todo lo solici­tado, hecho que no es real. Hasta ahora se desentien­den de las rendiciones de gastos, documentos respal­datorios de las millonarias transferencias y compras.

Además de lo poco amigable que es la entidad con la transpa­rencia en el uso de sus recursos, se suma el despilfarro que reina dentro de la binacional a la hora de repartir la plata en suelda­zos destinados a los hurreros de Duarte Frutos. De acuerdo con lo informado por el secretario del Comité Ejecutivo de Yacyretá, Alejandro Takahashi, la hidroeléctrica paga unos US$ 8 millones mensuales en concepto de salarios. Lo que representa un gasto anual de US$ 96 millones.

Estas grandes remuneraciones van a parar en muchos casos en los bolsillos de los leales al director, prueba de esto es el matrimo­nio vip de Guarambaré, conformado por Mario Manuel Caballero Marín y Karyn Rocío Vargas de Caballero, quienes juntos cobran G. 60 millones al mes, según se pudo visualizar en los recibos de salarios filtrados de la entidad.

Ambos son hermanos y cuñada de María Elsa Caballero Marín, una antigua operadora política de Nicanor Duarte Frutos, cono­cida por sus ostentaciones gracias a la política y los cargos públi­cos. Leales de su época de presidente, hurreros de las últimas elecciones, parientes ubicados en la binacional son pagos de favores que ni en pandemia pararon.

El jefe de informática de la EBY, Sebastián Vázquez, se vio en apu­ros y salió a negar su declaración dada ante la jueza Alice González. El funcionario respondió a un tuit de la periodista Rossana Esco­bar donde la comunicadora manifestaba que el jefe admitió que no proveyó todos los datos, ante eso Vázquez dijo: “Su información es falsa, soy el jefe de informática de la EBY y le puntualizo que en audiencia quedó demostrado que la EBY cumplió con lo solicitado por la parte actora, lo cual está demostrado en la difusión que hace meses tenemos en línea para todo el pueblo paraguayo”.

Las palabras del técnico caen en una contradicción con respecto a lo que indicó durante la audiencia, donde admitió que había varios archivos que faltaban en el correo remitido a Vega por parte del departamento de Transparencia de la entidad.