Abel Germán Ávalos, supuesto abogado de Texos Oil SRL, no tenía el poder para representar legalmente a la firma argentina, de acuerdo con el mismo demandante. Sin embargo, las autoridades paraguayas de todos modos llegaron a un acuerdo que le iba a conceder al jurista el 40% del monto acordado.
El abogado Abel Germán Ávalos, quien iba a recibir el 40% de los 7 millones que pretendía pagar Petropar a Texos Oil SRL en el marco de un pacto secreto, no contaba con el poder para representar legalmente a la empresa argentina en el marco de la demanda por más de US$ 30 millones, según se desprende de la resolución judicial que cancela el acuerdo y que está firmado por el juez Hugo Garcete.
En este sentido, Ávalos fue finalmente reemplazado por Diego Ariel Serafi, quien luego apareció como representante legal de la empresa argentina que insiste en su demanda contra la petrolera estatal. El actual representante de Texos explicó que como abogado no puede aceptar propuestas conciliatorias ni decidir sobre los términos de un acuerdo judicial o extrajudicial.
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El cambio de juristas fue revelado en el documento del magistrado que dejó sin efecto el mencionado pacto luego de que salieran a la luz las irregularidades en las que se había llevado a cabo. El mencionado documento contaba con la firma del entonces procurador general de la República, Sergio Coscia; el titular de Petropar, Denis Lichi, y Sergio Guillermo Marsiletti, de la firma Texos Oil SRL.
Luego de esta medida del juez Garcete, la demanda por los US$ 31 millones que reclama la firma argentina está para continuar en el juicio. En este sentido, hay que resaltar que el actual procurador de la República, Juan Rafael Caballero, mencionó que la demanda de Texos contra Petropar no tiene sustento, ya que el argumento principal es que no se le dejó firmar contrato. Es decir, se trata de un problema administrativo antes que jurídico.
De acuerdo con los antecedentes, el conflicto con Texos se remonta al 2011, cuando la empresa demandó a Petropar por supuestos daños y perjuicios que sufrió en el 2009 y que ascienden a US$ 31 millones, por lo que exige una indemnización por la revocación de la adjudicación para proveer gasoil y su transporte en camiones desde el Río de la Plata hasta Asunción.
Según Petropar, la licitación fue cancelada porque la firma tenía un capital de solo 10.000 pesos argentinos y sin ninguna experiencia en la materia.
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