En medio de la pandemia que ya se cobró la vida de casi dos mil paraguayos, el Estado sigue subsidiando empresas deficitarias cuyos directores perciben sumas exorbitantes, lejos de la realidad de las instituciones que administran. Cañas Paraguayas SA al cierre del ejercicio 2019 arrastraba una pérdida de G. 1.726 millones. Mantiene un plantel de 185 funcionarios y seis miembros del directorio que perciben una dieta mensual que supera los G. 20 millones cada uno. Mientras tanto, los médicos del sector público siguen implorando por más recursos ante el inminente colapso del sistema de salud. Paradójicamente, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, pide más impuestos, sin antes analizar una reforma seria del Estado.

Por Jorge Torres Romero

La empresa estatal Cañas Paraguayas Sociedad Anónima (Capasa) es productora de los blend más reconocidos del país. Tiene por objeto, producir y comercializar la caña paraguaya o subproduc­tos derivados de la misma, así como la materia prima nece­saria para su elaboración. La misma fue fundada en 1951, sin embargo, de un tiempo a esta parte, no genera ganan­cias para el Estado y según el informe financiero divul­gado por el Consejo Nacio­nal de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, está entre las más deficitarias, con un ali­caído patrimonio.

Al cierre del ejercicio 2019, Capasa arrastraba una pér­dida de G. 1.726 millones, lo cual no fue un obstáculo para que siga manteniendo un plantel de 185 funcionarios (entre permanentes y con­tratados) y seis miembros del directorio que perciben una dieta mensual que supera los G. 20 millones cada uno.

Actualmente, el directo­rio es presidido por la Lic. Ramona López González, quien percibe una dieta de G. 21.338.020; además, figuran como directores Diana Alva­renga Argüello, Julio Santa­cruz Rejalaga y Javier Silvera Dávalos. Como síndico apa­rece Osvaldo Benegas López.

El monto que perciben los directores de Capasa es cua­tro veces más del salario pro­medio de un médico del sector público, lo cual sin dudas es un despropósito, sobre todo porque la producción de la empresa no justifica la can­tidad que se destina a su pre­supuesto.

El Poder Ejecutivo definitiva­mente debe tomar una deci­sión con respecto al futuro de las empresas como Copaco, Essap, Capasa y Fepasa que son 100% del Estado, pero operan como sociedades anónimas y se constituyen en un híbrido. Pasaron a ser sociedades mediante la Ley 1615/00 “De Reforma del Estado” que buscaba priva­tizarlas, pero ese plan se sus­pendió, por Ley 1932/02.

El presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Lauro Ramírez, admitió que la empresa no está gene­rando ingresos monetarios, lo cual repercute en el pago de salarios a sus funcionarios. Aseguró que gana G. 19 millones de guaraníes al mes, pero evitó mencionar que a eso debe sumarse 5 millones por gastos de representación y otros 5 millones por responsabilidad en el cargo, información que figura incluso en el por­tal de la institución.

Ramírez dijo que no están al filo de quiebra, porque la institución tiene bienes, solo que existe problemas en el flujo de caja, porque se interrumpió el ingreso que tenían proveniente del impuesto por el cruce de mercaderías entre Paraguay y Argentina, que se canceló porque la frontera está cerrada. Esta situación repercute en el retraso en el pago de salarios a sus funcionarios.

“Como es una empresa privada donde el Estado invierte, no figura en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. La empresa está muy bien económicamente, pero en el flujo de caja lo que estamos teniendo problemas. Es más loable que los cola­boradores y funcionarios estén trabajando con el mismo ímpetu, a pesar de no estar cobrando, eso hay que valorar y deben felicitarnos. Estamos aguantando porque queremos sacar adelante los proyectos. Si hay retrasos en el pago de salarios es porque no se cumple con el Ferrocarril, no porque el Ferrocarril no cumpla con la gente. Yo pienso que en 3 meses ya vamos a repuntar la situación económica de la empresa”, dijo.

De acuerdo con la nómina de salarios del mes de junio, Lauro Ramírez recibió como remuneración la suma de G. 19.398.191, más 5 millo­nes en gastos de representación y otros 5 millones por responsabilidad en el cargo; el gerente general Humberto Ortiz G. 15.000.000 (solo en concepto de salario base); el síndico titular, José Luis Argaña, G. 12.187.800; y el asesor jurídico, Héctor Sosa, el gerente de Patri­monios, Alberto Campos, y el gerente comercial, Hayato Fuchiwaki, percibieron G. 10.000.000, respectivamente.