Las agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano y Silvana Otazú, interpusieron un recurso de apelación contra lo resuelto por el juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien dispuso arresto domiciliario a favor de Gregor Gustavo Brítez Cabral, imputado por el presunto intento de fraude con los fondos del programa Pytyvõ.
La apelación fundamentó que los hechos que se relatan en la denuncia y teniendo en cuenta la documentación correspondiente como los informes, testimonios y demás elementos probatorios recolectados hasta la fecha, hacen presumir que existen suficientes evidencias de convicción para sostener que la conducta del procesado se encuadraría en los ilícitos de estafa mediante sistemas informáticos y acceso indebido a sistemas informáticos.
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Si bien con el arresto domiciliario se supone que se estaría resguardando contra cualquier peligro de obstrucción, es fundamental para el Ministerio Público que el tribunal comprenda que a raíz de los conocimientos técnicos del imputado, solo precisa de una computadora y tecnología para intentar modificar o destruir cualquier modo de prueba que guarde relación con la investigación. Por ese motivo se sostiene el requerimiento de prisión preventiva.
Gregor Brítez habría realizado 700 acreditaciones ilegítimas, producto de transacciones no autorizadas mediante el uso del sistema denominado billetera simple, ya que es uno de los medios de pago utilizados por el Gobierno para el programa Pytyvõ. Esto produjo un grave perjuicio en detrimento del patrimonio del Estado paraguayo y de todas las personas que debían ser beneficiadas con dicho programa y que se encuentran afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19.
Tras un operativo en el marco de la investigación, Brítez Cabral fue detenido e imputado por la Fiscalía. Sin embargo, fue beneficiado con medida de arresto domiciliario.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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LN PM: edición del 20 de agosto
Alliana definirá a su compañero de fórmula en octubre, a su vuelta de un viaje a Israel
El segundo del Poder Ejecutivo y candidato a mandatario por Honor Colorado, Pedro Alliana, ratificó que dará a conocer el nombre de su compañero de chapa luego de los comicios municipales generales del 4 octubre y a su vuelta de un viaje a Israel. Agregó que el elegido será resultado de una encuesta de uso personal que mandó a realizar con el fin de medir el arrastre popular de los aspirantes.
“En octubre terminan las elecciones y, así como me comprometí, voy a decir quién me acompañará en la chapa presidencial para empezar a trabajar sin desviarme de mi labor que vengo realizando como vicepresidente. El 5 de octubre viajo a Israel y a mi vuelta prometo que anunciaré”, indicó este jueves a la 730 AM.
El semáforo de Pedrozo será sacado este viernes, anunció la ministra de Obras
La ministra Claudia Centurión anunció que este viernes será quitado el semáforo del cruce de Pedrozo, Ypacaraí. En ese sentido, ordenó una serie de medidas para reencausar el tráfico en la zona y acelerar la construcción del viaducto y demás obras.
El objetivo es “hacerlo lo más rápido, en vez de 20 días, hacerlo en la mitad”, expresó la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quien dispuso todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.
Camilo Pérez presenta este jueves su plan de gobierno y a su equipo técnico municipal
El candidato a intendente de la ciudad de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, realizará este jueves a las 20:00 la presentación de su plan de gobierno y al equipo técnico que lo acompañará en su gestión municipal de consagrarse victorioso en las elecciones del próximo 4 de octubre.
La actividad esta prevista en el Talleyrand Costanera y contará con la presencia de varias autoridades nacionales y partidarias. Entre los principales ejes de su proyecto municipal se encuentra el programa denominado “Cero baches”, que plantea la instalación de nuevas plantas asfálticas para atender el deterioro de las calles y mejorar la infraestructura vial.
MEC refuerza controles para otorgar títulos
El viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, confirmó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reforzará los controles técnicos para otorgar títulos universitarios.
El subsecretario de Estado indicó que hay demora en los trámites tras el ingreso de las solicitudes, debido a los cambios realizados en el RUE que ahora fue trasladado a una dirección que dependerá del gabinete del ministro de Educación.
Olimpia va por su cuarto intento de avanzar a cuartos de la Sudamericana
Olimpia disputará este jueves su cuarta definición en una fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, una instancia que nunca pudo avanzar anteriormente y que ahora intentará sortear teniendo como rival al Vasco Da Gama de Brasil.
El “Expreso Decano” había participado anteriormente tres veces, en la etapa de octavos y en todas se estrelló. En el 2011 fue eliminado por Arsenal de Sarandí; en el 2015 el verdugo de los franjeados fue Independiente de Avellaneda. Mientras que en la edición del 2022, el cuadro brasileño de Atlético Goianiense fue el que dejó atrás del cuadro franjeado.
Juez ordena arresto domiciliario con tobillera electrónica para Bataglia
El juez Rodrigo Estigarribia decretó este jueves el arresto domiciliario para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el uso de tobillera electrónica, debido a su aparente ingreso irregular al país procedente de Italia, donde se encontraba cuando se produjo su imputación por lesión de confianza y por presunto perjuicio a la previsional por G. 61.000 millones. El exfuncionario compareció junto a sus abogados ante el Juzgado de Delitos Económicos para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Tras su retorno, que no tendría registro oficial de reingreso, el 12 de agosto se puso directamente a disposición del fiscal Julio Ortiz, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
Caso pupitres: Juzgado desestima denuncia contra director de Itaipú
El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos resolvió desestimar la denuncia por presunta lesión de confianza presentada en el marco del proceso de adquisición de mobiliario pedagógico, que involucraba al director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún.
La decisión judicial se dio tras admitir el requerimiento fiscal N.° 16, de fecha 9 de julio de 2026, presentado por los agentes fiscales Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres, quienes solicitaron la desestimación de la denuncia.
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Caso IPS: juez otorga libertad ambulatoria para Jorge Brítez
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó las medidas alternativas a la prisión para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones. Brítez se presentó esta mañana ante el juzgado penal de garantías tras su imputación, el martes pasado.
“El juzgado analizó el acta de imputación y prima fácil hay circunstancias fácticas que se le atribuyen, estas circunstancias en grado de sospechas, lesión de confianza, también el Ministerio Público acercó algunos elementos. El primer análisis que el juzgado hizo a esta imputación es que existe una relación suscitas de hechos en contra, por tanto decide en un único acto tener por iniciado el procedimiento en contra”, expuso el magistrado durante la audiencia.
El juez de garantías otorgó la libertad ambulatoria para Brítez basado en varias aristas en la causa presentada por el Ministerio Público, a pesar de que se trate de un hecho punible grave y el mismo está sindicado como autor del hecho.
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“Existen elementos que tienen que darse al dictar una prisión preventiva, en primer lugar, que sea un hecho punible grave, y teniendo en cuenta el relato de los hechos para el juzgado sí es un hecho punible grave, estamos hablando de una supuesta corrupción pública. En segundo lugar, hay que tener en cuenta si es sindicado como autor, y está sindicado, pero por último, hay dos requisitos más que es la base fundamental de la prisión preventiva como la detención”, indicó.
Fundamentación
Explicó que estos dos requisitos se refieren al peligro de fuga y peligro de obstrucción. En este caso fundamentó que en el caso de obstrucción, el juzgado verificó que la causa es del 2024, y ya pasó mucho tiempo para que el Ministerio Público colecte los elementos iniciales de sospechas, y además, “no existe un fundamento concreto de qué manera puede obstruir a la investigación”.
En el análisis sobre peligro de fuga, el juzgado consideró que Brítez se puso a disposición de manera prácticamente inmediata tras su imputación y la defensa ofreció una garantía de G. 1.000 millones sobre un inmueble. “Teniendo en cuenta estas circunstancias, el juzgado estima que es factible la aplicación de la medida alternativa a la prisión preventiva, por poder reemplazarse ese peligro de fuga, obstrucción no percibo”, detalló.
Sin embargo, el juez de garantías tomó como principal fundamento la edad del imputado. “Hay una cuestión que no puedo pasar por alto que tengo que fundamentar, el artículo 238 del Código Procesal Penal establece que las personas de más de 70 años, el juez no podrá dictar la prisión preventiva. Esto no es algo que yo tenga que alizar, es una cuestión imperativa”, argumentó.