El abogado penalista José Casañas Levi advierte sobre la ilegalidad de exigir documentos sin un motivo de sospecha de hecho punible. “Es una locura lo que están haciendo, ¿de dónde sacan que el ciudadano está obligado a portar sus documentos?”, se preguntó en comunicación con la 730 AM.
Informó que la Policía Nacional está facultada a solicitar cédula, únicamente ante la sospecha de la comisión de un hecho punible o ante la flagrancia de un delito, no así al ciudadano común que viaja en colectivo o transita por la calle.
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Comparó los operativos con las barreras instaladas durante la cuarentena estricta, cuando verificaban a cualquier persona y le exigían explicación sobre el motivo de su circulación.
Para Casañas Levi, la Policía está al tanto de lo que dice la ley al respecto, pero pese a esto se realizan los controles de manera ilegal. En Caacupé, un hombre quedó demorado por no contar con identificación.
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Joven desaparecida el jueves pasado fue hallada muerta en el río
El cadáver de una mujer identificada como Raquel Coronel fue hallado en aguas del río Paraguay, en la zona del Bañado Sur de Asunción. La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares que perdieron contacto con ella desde el jueves 11 de setiembre.
El Ministerio Público y la Policía Nacional activaron el protocolo de búsqueda y finalmente el cuerpo sin vida fue localizado ayer domingo, aproximadamente a las 13:00 horas. Se investigan las circunstancias de la muerte, aunque la tía de la víctima afirmó que la mujer tenía un problema con su pareja.
“Recibimos la información del hallazgo de cadáver a las 13:00 horas, aproximadamente, por parte del personal de la Prefectura Naval de Sajonia. Comunicaron que vieron un cuerpo que estaba flotando en aguas del río Paraguay y, de inmediato, personal de esta comisaría acudió al lugar, constatando lo que nos han comentado”, señaló el subcomisario Blas Espínola a la 780 AM.
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“Los familiares reconocieron el cuerpo y es la señorita que tenía una denuncia de búsqueda y localización del 11 de este mes. La denuncia decía que personales de la Comisaría 26 de Remanso encontraron una motocicleta en el puente. Y al lado mismo encontraron la cédula. Entonces, dieron a presumir que posiblemente se había tirado o se fue a otra parte”, detalló.
La Policía reportó el hecho a la Fiscalía, al médico forense y al Departamento de Criminalística, que iniciaron las pericias en torno al trágico suceso.
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Autoridades descartan supuesta fuga de la cárcel de Minga Guazú
Las autoridades de la Policía Nacional desmintieron la supuesta fuga de reclusos de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú, denunciada este miércoles por los vecinos, aclarando que fue una falsa alarma.
El comisario Lidio Castiñeira explicó que la denuncia se habría dado luego de que una vecina divisara a varios hombres sobre el tanque de agua de la penitenciaría, pero aclaró que los mismos son funcionarios que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento con ayuda de algunos reclusos.
“Descartamos una posible fuga; es importante que se sepa que contamos con un sistema de monitoreo de alarmas y sensores de seguridad y ninguno fue activado. Tras recibir la alerta, nosotros nos constituimos hasta la zona indicada en la denuncia y pudimos hablar con los vecinos”, indicó Castiñeira en conversación con la 1080 AM.
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El mismo remarcó que, para mayor seguridad, en el penal se encuentran de manera permanente asignados más de 20 efectivos policiales, quienes están en las garitas de seguridad acompañando a los funcionarios penitenciarios.
Igualmente, existe un perímetro custodiado de manera constante por militares, generando una cadena de seguridad, la cual a su vez se coordina con el centro de monitoreo de cámaras y sensores, atendiendo que mantener el orden y la seguridad es la prioridad para las autoridades.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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