La Cámara de Senadores volverá a incluir en la sesión ordinaria del jueves, el proyecto que propone elevar las penas carcelarias por invasión de propiedad privada.
En la reunión de la Mesa Directiva realizada este lunes, se elaboró el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Entre los puntos resaltantes figura el proyecto de ley por el cual se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos y que con la propuesta se convierten en crímenes.
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Además de la tipificación, también propone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente las penas son de hasta dos años o multa. Este planteamiento ya había sido incluido el jueves pasado, sin embargo, el pleno decidió postergar el estudio por ocho días.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada expresa su apoyo total al planteamiento. En la misma línea se pronunció la parcialidad Aché de Puerto Barra-Tapy, Alto Paraná.
Otro proyecto en común es el que modifica el artículo 98 de la Ley del Estatuto Agrario, en donde se estipula la suspensión de cualquier tipo de subsidio del estado a personas que estén procesadas por invasión de inmueble ajeno. La Junta Municipal de Santa Rita declaró de interés distrital el tratamiento de ambos proyectos.
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Diputados aprueba ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa.
El estudio en particular se dará en 60 días, ya que se conformará una mesa técnica para analizar alcances, financiamiento, impacto presupuestario y otros ajustes.
Al inicio de sus actividades, los legisladores trataron el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley Nº 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.
El diputado colorado Roberto González es el impulsor de la iniciativa que plantea extender la pensión universal a las personas con discapacidad severa de cualquier edad.
Argumentó que este segmento enfrenta barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que le impiden integrarse al mundo laboral y sostener una vida digna sin apoyo estatal.
“La Ley 7322/2024 nació con el espíritu de asegurar un ingreso mensual - equivalente al 25 % del salario mínimo - a personas vulnerables que, por su edad o condición, carecen de posibilidades de generar ingresos”, fundamenta el texto.
El proyectista sostuvo que, bajo esa misma lógica, corresponde incluir a personas con discapacidad severa, muchas de las cuales requieren de cuidados permanentes y costosos tratamientos médicos.
“Lo que vengo a plantear es que no se exija edad a una persona con discapacidad para que pueda cobrar el subsidio”, argumentó.
Añadió que, en el caso de la tercera edad, el elemento definitorio es la edad de 65 años, “por la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.
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Senado y gremios realizarán nuevo intento para avanzar en la reforma de la Caja Fiscal
Comisiones del Senado, representantes del Gobierno y de gremios participarán de una reunión el martes 17 de febrero a las 9:00 para avanzar en las conversaciones en el marco del proyecto de reforma de la Caja Fiscal. El documento ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero en el Senado buscan negociar otras modificaciones que puedan ser incluidas a pedido de gremios y sindicatos, principalmente del sector docente.
El senador Silvio Ovelar anunció la semana pasada que se convocó a los representantes de los gremios docentes, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), senadores miembros de las Comisiones de Hacienda y de Legislación para esta reunión, que se realizará de manera reservada, es decir, a puertas cerradas.
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El objetivo de este encuentro es llegar a un acuerdo entre las exigencias de los gremios y la disponibilidad del Gobierno, a través del Ministerio de Economía estas modificaciones serían incluidas en el proyecto que será tratado por el pleno de la Cámara Alta el 25 de marzo. El tratamiento fue postergado para establecer estas conversaciones entre todos los sectores involucrados.
Mientras tanto, desde el sector docente, principalmente de la OTEP-A afirman que sigue en pie la intención de ir a una huelga nacional el 23 de febrero, fecha establecida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el inicio del año escolar, pero sujeto a lo que se pueda definir en las negociaciones en los próximos días.
“Para nosotros esta pausa nos da un respiro para trabajar mejor las medidas gremiales, está convocado un congreso gremial para el próximo 20 (de febrero), tres días antes del inicio de la actividad de aula, está determinada el inicio de la huelga el próximo 23 si no se dan algunas condiciones en el transcurso de la semana que lo vamos a analizar el viernes 20 de febrero”, señaló el secretario general de la OTEP-A, Gabriel Espínola, a Nación Media.
Ratificó además su postura de que las propuestas tanto del Ejecutivo como la aprobada por la Cámara de Diputados no son factibles para el sector docente. “Siempre fue una convocatoria a condición que se pueda dar algún avance significativo a modificar las dos propuestas, para nosotros ninguna de las dos propuestas tiene el rigor técnico”, concluyó.
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Diputados aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.
El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.
Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.
“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.
Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.
También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.
- Fuente: AFP
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Buscan instalar una mesa de trabajo sobre uso de tecnología en las aulas
El diputado José Rodríguez propone la instalación de una mesa de trabajo conjunta con senadores para analizar en comisión el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en las instituciones educativas.
El legislador colorado es el impulsor de la citada propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y deberá ser analizada en el Senado.
Según el proyectista, la idea es lograr consensuar objetivos y lineamientos con un documento similar al que fue presentado por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias.
Se pretende establecer una instancia de diálogo y acompañar el tratamiento, conforme expuso en su presentación.
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“La idea es proporcionar la información técnica y comparada necesaria a fin de garantizar una aprobación responsable, teniendo en cuenta la relevancia de esta normativa para la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, indicó.
El parlamentario recordó que la iniciativa surgió como respuesta a una creciente preocupación por el uso indiscriminado y sin control de dispositivos electrónicos en el ámbito escolar, que impacta negativamente en el proceso de aprendizaje y en la salud emocional de los estudiantes.
“Nuestros niños tienen que volver a tener la educación de antes, en la que se enfocaba más en la lectura, la interacción, los juegos didácticos y el respeto a la tecnología. No me parece apropiado que los niños pierdan la concentración debido al uso excesivo de celulares”, subrayó.
Con base en la experiencia de otros países, como Brasil, el proyecto plantea una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales dentro de las instituciones educativas, aunque se establecen excepciones estrictamente reguladas.
El propósito es asegurar un entorno educativo seguro, saludable y enfocado en el desarrollo académico, social y emocional.