La Cámara de Senadores volverá a incluir en la sesión ordinaria del jueves, el proyecto que propone elevar las penas carcelarias por invasión de propiedad privada.
En la reunión de la Mesa Directiva realizada este lunes, se elaboró el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Entre los puntos resaltantes figura el proyecto de ley por el cual se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos y que con la propuesta se convierten en crímenes.
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Además de la tipificación, también propone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente las penas son de hasta dos años o multa. Este planteamiento ya había sido incluido el jueves pasado, sin embargo, el pleno decidió postergar el estudio por ocho días.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada expresa su apoyo total al planteamiento. En la misma línea se pronunció la parcialidad Aché de Puerto Barra-Tapy, Alto Paraná.
Otro proyecto en común es el que modifica el artículo 98 de la Ley del Estatuto Agrario, en donde se estipula la suspensión de cualquier tipo de subsidio del estado a personas que estén procesadas por invasión de inmueble ajeno. La Junta Municipal de Santa Rita declaró de interés distrital el tratamiento de ambos proyectos.
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Luz verde de la Casa Blanca para nuevas sanciones contra Rusia, según senadores
Senadores estadounidenses anunciaron el viernes que habían recibido el visto bueno de la Casa Blanca para impulsar en el Congreso nuevas sanciones sobre los hidrocarburos producidos por Rusia, hasta ahora bloqueadas por Donald Trump.
“Nos enorgullece anunciar que hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Trump para hacer avanzar nuestra legislación actualizada sobre sanciones contra Rusia”, afirman en un comunicado conjunto los senadores Lindsey Graham y Roger Wicker, republicanos, así como Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, demócratas.
“En el momento en que Rusia intensifica su masacre de civiles, es imperativo que los poderes legislativo y ejecutivo trabajen juntos para crear herramientas que hagan pagar un alto precio a quienes compran petróleo y gas rusos y alimentan la máquina de guerra de Putin”, añaden los legisladores, que se declaran “muy satisfechos de estos avances significativos”.
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Con este desbloqueo por parte del poder ejecutivo, las nuevas sanciones podrían ser adoptadas en las próximas semanas por una amplia mayoría de congresistas tanto demócratas como republicanos.
El detalle de las nuevas medidas no se ha dado a conocer de inmediato.
En la cumbre del G7 celebrada en Francia a mediados de junio, Trump se había mostrado dispuesto a restablecer las sanciones dirigidas contra las exportaciones de petróleo ruso.
En los últimos meses, Estados Unidos había suspendido algunas de las sanciones impuestas al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022.
Este congelamiento de sanciones tenía como objetivo contrarrestar la escalada de los precios del crudo provocada por el conflicto con Irán. En mayo de 2025, más de 80 senadores estadounidenses habían respaldado una propuesta de ley para imponer nuevas sanciones contra Moscú, ante lo que consideraban una falta de voluntad de Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.
Consultada por la AFP, la Casa Blanca no había respondido de inmediato.
- Fuente: AFP
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Proyecto de pago de deudas a vialeras sería tratado recién en dos semanas en Diputados
El proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría ser tratado recién la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El diputado Miguel del Puerto indicó que la mesa directiva, en su reunión habitual de este miércoles, decidió no incluir el proyecto en la sesión del próximo martes a fin de realizar un análisis más profundo y responsable sobre la propuesta.
“El proyecto de ley a las vialeras no está incluido, hay todavía algunos artículos que las bancadas quieren analizar y seguramente se va a incluir en la siguiente semana. Eso es lo que se está analizando (el mecanismo) por eso finalmente la mesa directiva decidió postergar una semana más, y para analizar el análisis de varias instituciones”, indicó a los medios luego de la reunión de la mesa directiva de esta jornada.
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El diputado mencionó que uno de los puntos que debe ser analizado es el pago de los intereses, como así también definir cuáles son las deudas que se deben incluir concretamente en este proyecto. Recordó que son dos proyectos, y la idea es unificar ambas propuestas.
“Creo que amerita analizar con responsabilidad y en forma transparente este proyecto de ley. Se pretende incluir algunas deudas del gobierno anterior y también del actual, y se habla de un monto aproximadamente de entre USD 40 a 50 millones. Hay dos proyectos de ley, uno habla de montos y el otro no, y es por eso que queremos unificar eso y esperar una semana para definir”, sentenció.
El proyecto busca autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central. Igualmente, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.
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Impulsan creación de una circunscripción judicial electoral para Paraguarí
Un proyecto de ley que “crea la circunscripción judicial electoral del departamento de Paraguarí” se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. El documento está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado José Rodríguez.
Se busca descentralizar la Justicia Electoral, atendiendo que actualmente el departamento depende de los tribunales electorales con sede en Asunción. Esto, según el proyectista, dificulta el acceso de los ciudadanos a este servicio y genera mayores costos de traslado.
Es por ello que la propuesta sostiene que la creación de una circunscripción judicial electoral en Paraguarí responde a los principios de descentralización e igualdad de acceso a la Justicia establecidos en la Constitución Nacional, además de considerar el crecimiento poblacional de la zona.
Para ese fin se plantea la creación de un Tribunal Electoral en el departamento, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación, conforme prevé el documento.
Asimismo, autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral a realizar los ajustes necesarios para su organización y funcionamiento. El texto cuenta con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia Electoral y actualmente está para ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
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Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.