El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnologías, Innovación y Futuro, encabezó una reunión informativa para analizar el proyecto de ley que propone crear y organizar una Gerencia General de Prevención, Combate y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito.

Participó del encuentro el viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Alberto Sborovsky.

La iniciativa, presentada por el senador Kemper, plantea fortalecer la estructura institucional encargada de combatir estos ilícitos, mediante la creación de una dependencia especializada dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Al término del encuentro, el legislador destacó la necesidad de seguir trabajando en mecanismos que permitan enfrentar el ingreso ilegal de productos al país, atendiendo a que esta problemática afecta tanto a las grandes empresas como a los productores nacionales.

Señaló que, pese a los esfuerzos realizados, las medidas implementadas todavía resultan insuficientes ante el ingreso irregular de productos provenientes de países vecinos.

Indicó que esta situación repercute especialmente en quienes se dedican a la producción y al trabajo en el campo, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas institucionales para proteger la producción nacional.

“El esfuerzo que hacemos como nación para combatir este mal no es suficiente, porque hace que el productor no pueda vender lo que produce, porque ingresa de forma masiva mismos productos de los países vecinos. Pensamos que avanzamos en esa lucha, pero no lo suficiente. Entonces, creemos que llegó el momento de centralizar el esfuerzo con la estructura y la normativa adecuada”, expresó.

El presidente de la comisión asesora aclaró que, por tratarse de una reunión informativa, no fue emitido dictamen sobre el proyecto de ley. Asimismo, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión conjunta con la Comisión de Industria y Comercio, con el propósito de profundizar el análisis y alcanzar un consenso que permita avanzar en una propuesta acorde con las necesidades del país y en beneficio de la ciudadanía.

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“Celebramos la iniciativa del comité de crisis, ya tuvimos varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud y seguimos acompañando la lucha”, señaló médico intensivista.

“La impresión que tengo, y tam­bién en gene­ral mis compañeros, es que estamos cerca de generar un acuerdo y esperamos que ese acuerdo de ser posible se dé esta semana”, mencionó el médico intensivista pediá­trico del Hospital Pediá­trico Niños Acosta Ñu Diego Gamarra, luego del encuen­tro que mantuvieron con la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y los senadores miembros de la mesa especial de crisis.

“Celebramos la iniciativa del comité de crisis, ya tuvi­mos varias reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud y seguimos acom­pañando la lucha. Hay una oferta concreta del Ministe­rio de Salud y se están dis­cutiendo números que son más que nada discusiones de forma. Lo que estamos tra­tando es de acordar conceptos claros para elaborar ese piso y que esos conceptos satisfa­gan la idea de los diferentes actores que estamos partici­pando en esta lucha”, sostuvo Gamarra.

La reunión fue impulsada por los legisladores con el fin de impedir el desarrollo de la huelga convocada para el próximo 21 y 22 de setiembre por el sector de los médicos que reclaman al Gobierno un reajuste salarial generalizado.

“Hemos tenido una reunión muy fructífera con ellos, esperamos lograr que el vier­nes sea levantada la huelga con el aval de todos. Esto no se soluciona de una sola vez, tiene que haber una predispo­sición política de ambas par­tes, los médicos en general lo demostraron desde el princi­pio para que a través del diá­logo se logre destrabar el con­flicto”, comentó la senadora e integrante de la mesa especial de crisis, Lilian Samaniego.

Para resolver el conflicto desde el Ministerio de Salud se plantea la creación de un escalafón salarial basado en el nivel de formación profe­sional. La iniciativa contem­pla el uso de USD 67 millones aproximadamente asignados por el Ministerio de Econo­mía, producto de una gestión eficiente del gasto presupues­tario durante el año.

La propuesta apunta a abar­car la totalidad del perso­nal médico, desde los profe­sionales de reciente ingreso hasta los de mayor trayecto­ria, incluyendo tanto a fun­cionarios permanentes como a contratados. La iniciativa elimina las brechas históri­cas entre el personal contra­tado y el nombrado. Dado que el sector contratado ya realiza aportes a la caja de jubilacio­nes, la equiparación salarial facilitará su posterior nom­bramiento garantizando su antigüedad previsional.

El Dr. Diego Gamarra confirmó avances en las negociaciones y descartó una fractura entre los especialistas y el Sinamed. Señaló que existe una propuesta concreta en fase de ajuste téc­nico, cuyo acuerdo podría concretarse esta misma semana.

Las conversaciones se reanudarán hoy en el Congreso, en un clima marcado por la renuncia masiva de médicos y la discusión del Presupuesto 2027. La medida de fuerza, la segunda de este mes, sigue hasta ahora firme para el 21 y 22 de setiembre.

La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.

El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.

En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.

“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento

Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.

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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.

En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.

Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.

“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.

El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.

El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).

Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.

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Senadores de Honor Colorado remitieron un pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) con el objetivo de transparentar las operaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) y determinar si se respetaron los límites legales establecidos como los controles aplicados por la entidad bancaria estatal.

El pedido presentado por senadores de la bancada HC al Banco Central del Paraguay (BCP) puede poner fin a las cons­tantes especulaciones sobre las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) con relación a los límites legales vigentes y los excesos que pudieran haber.

El líder de bancada, Natalicio Chase explicó que la iniciativa busca transparentar las ope­raciones del IPS con la enti­dad bancaria adjudicada con la mayor captación de depó­sitos de la previsional en la actualidad, y principalmente si esta se ajustó a las normas que rigen. “Busca determinar si UENO Bank había superado los limites legales establecidos en operaciones con empresas vinculadas y si el BCP actuó correctamente en ese control o fue leve su control”, señaló Chase a los medios de prensa.

El documento remitido ayer a la entidad bancaria estatal con­tiene 31 consultas distribuidas bajo las figuras del marco nor­mativo vigente para las coloca­ciones de fondos públicos, las ventas de capital de la men­cionada entidad financiera a empresas vinculadas y el aná­lisis de posibles conflictos de interés como riesgo sistémico.

Por su parte, el senador Basilio Núñez refirió que la presenta­ción del documento busca apli­car el mismo control legisla­tivo que se había realizado en su momento a otras entidades financieras. Dijo que la trans­parencia es importante en estos debates y que eso favo­rece a todos, incluida la entidad en cuestión.

Cabe recordar que, este pedido de informe se realiza en un momento que se estudia un proyecto de Ley por el estado de emergencia de la previsio­nal, en el que se incluyeron dos artículos amparados en el “saneamiento financiero”. Es así como ajustaron el proyecto a una Ley “que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento finan­ciero y la protección del Fondo de Enfermedad y Maternidad”.

Los dos artículos incorpora­dos al mencionado proyecto, el (17 y 18) prevén modificar el cómputo de los límites de colo­cación por entidad financiera. Esto, en la práctica permiti­ría al IPS mantener y ampliar su exposición en una entidad financiera por encima del tope del 10%, situación que presu­miblemente ya viene suce­diendo y en noviembre del 2025 habría llegado al 11,41 %.

La concentración de los fondos de IPS en una entidad banca­ria significan G. 5,1 billones en depósitos públicos, el mayor volumen entre bancos priva­dos del país según los cuestio­namientos difundidos.

Economistas y entendidos en la materia señalan que, el foco del “saneamiento financiero” debe proteger el patrimonio de los aportantes y coinciden en el riesgo que significa una Ley que cambie la métrica de los lími­tes prudenciales de colocación de los fondos. El criterio “para invertir los fondos jubilatorios deben basarse en la solvencia y diversificación de riesgo, no ajustarse a la situación de una entidad puntual”, remarcan los analistas por lo que consi­deran imprudente una inicia­tiva legislativa que favorezca a cualquier banco en la captación de recursos de la previsional.