La Cámara de Senadores volverá a incluir en la sesión ordinaria del jueves, el proyecto que propone elevar las penas carcelarias por invasión de propiedad privada.
En la reunión de la Mesa Directiva realizada este lunes, se elaboró el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Entre los puntos resaltantes figura el proyecto de ley por el cual se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos y que con la propuesta se convierten en crímenes.
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Además de la tipificación, también propone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente las penas son de hasta dos años o multa. Este planteamiento ya había sido incluido el jueves pasado, sin embargo, el pleno decidió postergar el estudio por ocho días.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada expresa su apoyo total al planteamiento. En la misma línea se pronunció la parcialidad Aché de Puerto Barra-Tapy, Alto Paraná.
Otro proyecto en común es el que modifica el artículo 98 de la Ley del Estatuto Agrario, en donde se estipula la suspensión de cualquier tipo de subsidio del estado a personas que estén procesadas por invasión de inmueble ajeno. La Junta Municipal de Santa Rita declaró de interés distrital el tratamiento de ambos proyectos.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.
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Diputados sancionan protocolo para impulsar inversiones intra-Mercosur
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur”. El protocolo establece un marco jurídico común para proteger y facilitar inversiones entre los países miembros.
El documento, que fue analizado durante la plenaria, hace referencia al protocolo firmado en Buenos Aires, Argentina, el 7 de abril de 2017, y fue remitido por el Poder Ejecutivo en julio de 2019, con mensaje N° 231.
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El objetivo central es promover la cooperación entre los Estados parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay); de modo a facilitar inversiones directas y productivas, impulsando el desarrollo sustentable y la competitividad dentro del bloque, según detallaron ante los legisladores.
En ese sentido, destacaron que el protocolo es considerado un instrumento de “nueva generación” que prioriza la cooperación y el desarrollo, buscando facilitar el intercambio de inversiones recíprocas.
Durante el tratamiento, el diputado colorado Rodrigo Gamarra, que actualmente presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), adelantó su voto a favor. “Este protocolo es clave para dar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas de la región. Paraguay necesita estas herramientas para ser más competitivo y atraer capital productivo que genere empleo”, expresó.
Luego de la votación de rigor, el documento quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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Bancada oficialista acompaña proyecto de reglamentación de la senaduría vitalicia
El senador Derlis Maidana puntualizó que la bancada oficialista en la Cámara Alta acompaña el proyecto de ley “que reglamenta el Artículo 189 de la Constitución de la República”, presentado por varios senadores. Ayer, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo recomendó, en mayoría, su aprobación con modificaciones y en minoría por el rechazo.
“Desde la Comisión de Legislación, el lunes pasado, aprobamos dos dictámenes uno que va por el rechazo y otro por la aprobación, naturalmente en plenaria se va a definir esto. Las posiciones están tomadas”, indicó el senador en nota a la 780 AM.
El parlamentario señaló que, desde la bancada del movimiento Honor Colorado, ratifican la postura de que se debe reglamentar este artículo para que los expresidentes de la República puedan continuar ejerciendo la actividad política electoral tras dejar el mandato en el Poder Ejecutivo.
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“Nosotros sostenemos que en el artículo 120 de la Constitución Nacional que habla del derecho de elegir y a ser elegido sin más limitaciones que la establecida en la Constitución, y este texto lo que busca es darle mayor claridad al artículo constitucional”, afirmó.
Mientras que, entre las posturas en contra, citó al senador Eduardo Nakayama, “que defendió el rechazo, habla de que al decir ‘serán senadores vitalicios’, ya no hay otra opción para que un senador vitalicio pueda ejercer otra actividad política electiva”.
Ante las posturas divididas, Maidana indicó que será una decisión en mayoría del pleno de la Cámara Alta. “Estas son las dos posiciones y seguramente el día que se trate en plenaria vamos a ver cuál es el sentido del voto de la mayoría”, sentenció.
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Senado analizará propuesta de unificar proyectos sobre protección a periodistas
La Cámara de Senadores analizará 18 puntos en su próxima sesión de este miércoles 29 de abril, entre ellos, dos proyectos de ley sobre protección a periodistas. Durante una mesa técnica de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Esperanza Martínez, proyectista de una de las iniciativas, propuso la fusión de ambos proyectos para su tratamiento, tomando como base sus definiciones y enfoques.
El primero, titulado “De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, fue presentado por los senadores Basilio Núñez, Antonio Barrios, Javier Zacarías Irún, Orlando Penner, Patrick Kemper, Zenaida Delgado, Edgar López, Dionisio Amarilla, Silvio Ovelar, Natalicio Chase, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Hernán Rivas, Lizarella Valiente de Rodríguez, Ramón Retamozo y el entonces senador Javier Vera.
El segundo proyecto, “De protección y asistencia a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, fue presentado por los senadores José Ledesma, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola y los entonces senadores Blas Lanzoni y Gilberto Apuril.
La legisladora recordó que uno de los proyectos viene siendo analizado desde hace varios años, incluso desde el periodo anterior. En relación con la propuesta de fusión, el director de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Hugo Benítez, señaló que, si bien existen similitudes entre ambas iniciativas, también se observan diferencias sustanciales en varios artículos.
En cuanto a dichas diferencias, se identificaron dos aspectos centrales: por un lado, uno de los proyectos plantea que el mecanismo de protección dependa del Ministerio del Interior, lo que podría generar una fuerte influencia política; en contraste, la propuesta original defiende un sistema independiente que garantice mayor imparcialidad.
“Queremos que la ley efectivamente proteja a los colegas”, dijo Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), manifestando que el proyecto de Ley “De prevención, protección y asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, no cumple con los criterios necesarios de garantía de protección. Asimismo, advirtió que la normativa no debe implicar mecanismos de censura ni control sobre la prensa.
Por su parte, el periodista Jimmy Peralta señaló: “Aquel compañero que es amenazado debe contar con el respaldo y las garantías del Estado, de modo que la amenaza no llegue a concretarse”. Luego, el periodista Dante Leguizamón expresó: “Consideramos que el proyecto original, presentado en abril de 2023, es el que nos representa y el que se ajusta a los estándares de derechos humanos. No obstante, estamos abiertos a analizar y debatir las falencias y debilidades del proyecto impulsado por varios senadores, con el fin de fortalecerlo”.