La Cámara de Senadores volverá a incluir en la sesión ordinaria del jueves, el proyecto que propone elevar las penas carcelarias por invasión de propiedad privada.
En la reunión de la Mesa Directiva realizada este lunes, se elaboró el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Entre los puntos resaltantes figura el proyecto de ley por el cual se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos y que con la propuesta se convierten en crímenes.
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Además de la tipificación, también propone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente las penas son de hasta dos años o multa. Este planteamiento ya había sido incluido el jueves pasado, sin embargo, el pleno decidió postergar el estudio por ocho días.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada expresa su apoyo total al planteamiento. En la misma línea se pronunció la parcialidad Aché de Puerto Barra-Tapy, Alto Paraná.
Otro proyecto en común es el que modifica el artículo 98 de la Ley del Estatuto Agrario, en donde se estipula la suspensión de cualquier tipo de subsidio del estado a personas que estén procesadas por invasión de inmueble ajeno. La Junta Municipal de Santa Rita declaró de interés distrital el tratamiento de ambos proyectos.
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Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
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Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
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Diputados analizan renovación de emergencia por consumo de sustancias psicoactivas
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.
Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.
La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.
Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.
Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.
Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.
Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.
Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.
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Defienden el proyecto de ley en contra de la ideología de género
La iniciativa popular plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública Dannia Ríos Nacif defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.
Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.
SE AGREGA FIGURA PENAL
Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b.
“Se mantienen según la ley vigente (Ley n.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.
Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley n.º 7394/24).
El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”. Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.
NO PROHÍBE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad.
Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.
SECTORES QUE APOYAN LA PROPUESTA
La iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la Iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó Ríos.
REQUIEREN CELERIDAD AL CONGRESO
La abogada puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.
“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.
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Plantean que las bolsas con publicidad sean entregadas sin costo al consumidor
Un proyecto de ley “Que modifica el artículo 7° de la Ley Nº 5414/2015 ´De promoción de la disminución de uso de plástico polietileno´” fue presentado por los diputados Saúl González y Santiago Benítez.
Los proyectistas alegan que la iniciativa busca establecer criterios más equitativos para el cobro de las bolsas de un solo uso entregadas a los consumidores en los establecimientos comerciales.
Actualmente, la normativa prevé la posibilidad de cobrar por las bolsas de un solo uso, como mecanismo destinado a incentivar la reducción de su consumo y promover prácticas más responsables con el medio ambiente.
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En ese sentido, los proyectistas plantean que las bolsas que contienen logotipos, marcas comerciales, mensajes publicitarios o colores corporativos que identifican a los establecimientos comerciales sean entregadas sin costo.
“Resulta razonable establecer que aquellas bolsas que incorporen dichos elementos de identificación comercial sean entregadas sin costo para el consumidor, teniendo en cuenta que su utilización contribuye igualmente a la difusión de la imagen y los intereses comerciales de la empresa o marca correspondiente”, expresa parte del documento.
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