Familiares de efectivos policiales se encuentran preocupados por la situación en la que se encuentran los uniformados en servicio. Denuncian que los mismos no cuentan con la garantía ni seguridad necesaria para ejercer la labor. Lamentaron la muerte del suboficial que fue baleado por asaltantes este viernes.
Nelly Cortesi, coordinadora de familiares de las Fuerzas Públicas, sostuvo que la preocupación constante es que los uniformados no cuentan con las medidas de seguridad para estar en servicio.
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“Vamos a insistir en la compra de nuevos chalecos, los que usan ya están todos vencidos”, sostuvo Cortesi en comunicación con la 780 AM.
Dijo además que esta situación ya no puede seguir de esta manera, ya que un personal policial arriesga su vida en un vehículo que ni siquiera tiene polarizado. “Tenemos muchos policías que ya están con más antigüedad, que no tienen armas y tienen que comprar ellos mismos, hasta sus balas”, agregó.
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“Las armas están corriendo por cada personal. Es preocupante, no podés dar seguridad si no tenés cómo”, subrayó. Asimismo, señaló que siempre están insistiendo para que el presupuesto general de la Policía aumente, pero cada vez es menos.
Este viernes, un suboficial fue asesinado a balazos tras ser víctima de un asalto sobre la avenida San Martín de Asunción. El uniformado, identificado como Santi Figueredo Santacruz (44), quien se desempeñaba como personal de la Comisaría 11 Metropolitana, se encontraba acompañando al funcionario de un casino que acaba de retirar dinero de un banco.
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Realizan control tripartito policial contra la criminalidad en Alto Paraná
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Fuerzas policiales de Brasil, Argentina y Paraguay ejecutan un operativo de control preventivo en puntos estratégicos de Alto Paraná, en el marco de la prevención de delitos transfronterizos. El operativo se desarrolló en el marco de la cooperación internacional entre las fuerzas que integran el Comando Tripartito.
Está coordinado por el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, a cargo del comisario principal Carlos Duré, quien informó que el operativo es una muestra de la articulación existente entre las policías de Brasil, Argentina y Paraguay en el contexto de la lucha contra el crimen en sus aspectos preventivos e investigativos.
La presencia de los policías brasileños y argentinos en territorio paraguayo es en carácter de observadores, de los controles ejecutados por los agentes de la Policía Nacional de Paraguay, según informó a La Nación/Nación Media el comisario principal, Jorge Cardozo, jefe de la Patrulla Motorizada, unidad interviniente en el operativo.
Por el lado paraguayo están involucrados agentes de casi todas las unidades, como Interpol, Narcóticos, el Grupo Lince, Unidad Motorizada de Dirección de Policía de Alto Paraná, Dirección de Prevención y Seguridad, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y otras dependencias.
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De Brasil están la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal, mientras que de Argentina son parte del trabajo conjunto la Policía Federal, la Prefectura Nacional y la Gendarmería Nacional.
Las fuerzas policiales de Brasil y Argentina del Comando Tripartito intervienen con su tecnología, ya sea con sus bases de datos y otros elementos que ayudan en los controles, manifestó el comisario principal Jorge Cardozo.
Asimismo, informó que los controles serán básicamente terrestres en diferentes zonas del departamento, con acompañamiento de apoyo tecnológico aéreo. El primer lugar donde se empezó a observar el operativo tripartido es el microcentro de Ciudad del Este, con presencia de uniformados sobre la ruta internacional.
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Hernandarias: persecución y enfrentamiento derivó en presunto delincuente abatido
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un presunto delincuente que se habría resistido a un control policial falleció tras recibir un impacto de arma de fuego. Ocurrió esta mañana en el barrio San Francisco, de Hernandarias. Se trata de Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), nacido en Coronel Oviedo. El mismo tenía orden de captura por robo agravado y coacción sexual, emitida en el departamento de Caaguazú.
Personal de la Comisaría 27ª. del barrio San Francisco de Hernandarias, reportó que se encontraba en persecución de un motociclista que se había resistido al control policial, cuando fue alcanzado por los agentes y a punto de ser reducido, tomó su arma de fuego y se produjo el enfrentamiento que resultó en la muerte del mismo.
Detallaron que el hombre se opuso en todo momento a la verificación policial y al ser alcanzado por la patrullera y a punto de ser abordado por los agentes, que ya habían descendido del móvil policial, se parapetó tras su motocicleta y sacó su arma de fuego, momento en que los agentes efectuaron disparos que resultaron en la muerte del motociclista.
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Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, el comisario Jorge Cardozo, del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná, quien actuó como apoyo. Remarcó que la patrullera se encontraba en control preventivo y cuando se percató que el motociclista imprimió velocidad al ver a los policías, se hizo la persecución.
Datos preliminares refieren que el hombre se encontraba en la zona, escondiéndose a raíz de la orden que pesaba en su contra, por hechos cometidos supuestamente en Caaguazú. La motocicleta de la marca Kenton, color azul, sobre la cual se desplazaba cuando se encontró con la patrullera policial, está a nombre de Delia Ortiz Méndez, familiar del fallecido.
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Caen camiones que estaban adulterados
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Una comitiva encabezada por la fiscala Ruth Benítez, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía de Alto Paraná y personal de la subcomisaría 52, allanaron el fin de semana un taller, en el marco de una investigación por un hecho punible de manipulación de graficaciones técnicas en vehículos de gran porte.
Incautaron cinco semirremolques y dos tractocamiones, durante un procedimiento en un taller ubicado en el km 31, Fracción Piro’y, distrito de Minga Guazú. La propietaria del inmueble es Mirian Acha viuda de Almirón. En el sitio fueron verificados todos los vehículos, siendo aprehendido Alcides Almirón Acha (45).
En todos los rodados inspeccionados fueron encontrados vestigios de adulteración por borrado total y reimpresión del chasis de su lugar convencional, así como la remoción de la plaqueta de seguridad, según el reporte del personal policial interviniente.
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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