Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denunciaron la existencia de un sitio web anónimo que comparte supuestas imágenes íntimas de alumnas, profesoras y funcionarias. La publicación de imágenes reales sin autorización, incluso son manipuladas con inteligencia artificial.

Desde la FADA-UNA emitieron un comunicado de rechazo a estas conductas, repudiaron las prácticas y anunciaron medidas para proteger a su comunidad. Además, habilitaron un canal confidencial para recibir denuncias formales.

Las autoridades ya están investigando el hecho. Con respecto al caso, el comisario Diosnel Alarcón refirió que están avanzando con la investigación. “Tiene su proceso y tiene sus pasos al ser anónimo y al utilizar dominios que están fuera del país”, señaló en declaraciones al canal Trece.

También el Ministerio de la Mujer tomó intervención y se pronunció al respecto a través de un comunicado, donde piden no difundir imágenes ni chats de las víctimas.

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“Pudimos constatar mensajes, donde diversas estudiantes de la UNA manifestaban preocupación de que existían páginas web, grupos de Telegram, de WhtassApp, donde había contenido de las mismas sin su consentimiento”, refirió hoy la ministra Alicia Pomata en diálogo con el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970AM.

Añadió que dichos mensajes fueron compartidos y en algunos casos imágenes generadas por IA de contenido sexual. “Esto motivó que primero que nada nos comuniquemos con algunas representantes del Centro de Estudiantes de FADA-UNA y luego se fueron sumando otras universidades donde encontraron que estas alumnas estaban siendo expuestas a través de Telegram y otras plataformas”, precisó.

Entonces, procedieron a la intervención y pusieron a disposición de las víctimas un equipo multidisciplinario conformado por abogada, psicóloga, trabajadora social.

Asimismo, en la fecha se reunirán con algunas de las víctimas en forma confidencial, a fin de garantizar la protección a su intimidad. Además, piden no difundir mensajes e imágenes para evitar que sean revictimizadas.

“No queremos que se filtren datos, no queremos que las imágenes sean compartidas, para evitar la revictimización de las afectadas y para no entorpecer los procesos”, explicó.

A la par, formarán una mesa interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer. “Esto se puede constituir en hechos punibles por difusiones no consentidas”, advirtió la ministra.

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Hoy, se cumple un nuevo aniversario del secuestro de Cecilia Cubas, un hecho que marcó para siempre la historia del país y de una familia, que un 21 de septiembre de 2004, perdió a su amada hija en una violenta emboscada que se registró a cuadras de su casa ubicada en el limite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.

Este lunes, hace exactamente 22 años, Cecilia estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande cuando fue interceptada por miembros del grupo criminal autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.

El ataque ocurrió a escasos metros de su residencia familiar, donde comenzó un doloroso calvario que se extendió por casi cinco meses, manteniendo en vilo a todo un país. El tiempo que duró el secuestro, los secuestradores se contactaron con la familia e intentaron negocia la libertad de la joven.

Tras momentos de profunda desesperación, la familia Cubas Gusinky cumplió en noviembre con las exigencias de los criminales, efectuando un pago de 300.000 dólares en la zona de Caaguazú. Cecilia estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal.

El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, en la ciudad de Ñemby.

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Hoy, Fátima Cubas, prima de Cecilia, la recuerda con mucho amor como a la persona que a la que más quería y quien querrá siempre. Con mucho dolor resaltó que la buscó día y noche con la ilusión de encontrarla y volverte a abrazarla.

“Recé y le rogué a Dios para que puedas volver, pero unos secuestradores asesinos truncaron tu vida y nos dieron el dolor más grande que una persona puede sentir. Te recuerdo en cada momento de mi vida, tu sonrisa, tu forma tan auténtica y sencilla de ser. Pasan los años, pero cada vez que recuerdo tu secuestro el corazón se me comprime del dolor y la angustia por eso prefiero recordar lo mejor que vivimos juntas y saber que sos mi estrella más hermosa del cielo”, manifestó en sus redes sociales.

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Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

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El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

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Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.

Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.

Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.

En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.

El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.

Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.