El jefe del Departamento Central de la Policía Nacional, Carlos Cáceres, exhorta a una imposición de medidas a quienes infrinjan las normativas sanitarias en tiempos de pandemia.
“Se están respetando las medidas, pero no como se debiera porque lastimosamente no hay sanciones”, dijo Cáceres a La Unión. El jefe policial fue requerido acerca de las brigadas de cobertura nacional que realizan en pos de evitar aglomeraciones y fiestas clandestinas.
“Son las mismas personas en los mismos lugares donde existen estas situaciones. Se hacen estas fiestas en lugares descampados y alejados y es ahí donde se produce este tipo de aglomeraciones”, sostuvo.
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Una de las últimas fiestas clandestinas que se realizó y que cobró estado público fue en la ciudad de Villa Elisa, además de una carrera de caballos en Horqueta, donde los asistentes fueron sin protección facial.
“Cada quien es responsable de sus actos y más ahora que estamos pasando por una situación delicada”, indicó. Dijo además que “debe haber sanciones porque de lo contrario de nada sirve nuestro trabajo”.
La Policía Nacional solamente tiene la facultad de cumplir un trabajo de persuasión y no de reprimir. “Se tiene un plan a nivel nacional, pero en Central tenemos especificadas las zonas y un mapeo donde es repetitivo el tema del piky vóley y las fiestas clandestinas, que se hacen en quintas”, explicó.
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San Bernardino: atrapan a directivo de ueno bank que buscaba entregarse mediante sus abogados
Miguel Angel Almada Frutos, uno de los directivos investigados por el caso de resolución de ueno bank fue detenido en la noche del martes en la ciudad de San Bernardino (departamento de Cordillera) cuando se disponía a salir de un complejo habitacional junto con su pareja.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores del síndico del banco intervenido Almada Frutos, acudieron esta tarde al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondría a disposición del proceso judicial.
Sin embargo, al no presentarse, agentes de la Policía acudieron en su búsqueda y lograron detenerlo, según el comisario Javier Flores Gamarra, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía. “Ahora está siendo trasladado a la dependencia de Investigaciones en Asunción”, mencionó.
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Con Almada, ya están detenidos los ocho directivos, cuya captura fue pedida por la Fiscalía. Los mismos son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelós, y Miguel Almada.
Todos estos detenidos fueron derivados a la Agrupación Especializada y a la Comisaría de Mujeres de Trinidad, a la espera de la convocatoria de la fiscalía para las respectivas declaraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
El grupo de fiscales está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle Monges, y está bajo la coordinación de Nancy Salomón, quienes firmaron la medida judicial
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el BCP ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
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La última ejecutiva de ueno bank con orden de captura se presentó ante la Policía
Diana Leticia Mongelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Policía Nacional hoy martes alrededor de las 18:00 y se puso a disposición de la Justicia.
La misma está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Frutos, y de Diana Mongelós.
En el caso del investigado Almada, quien se encuentra en el interior del país, sus abogados se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.
ueno bank entró en un proceso de disolución, luego de que se hallara inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad, por parte de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
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Caso ueno bank: ya son siete los directivos entregados y reportan que una huyó del país
La Fiscalía confirmó que ya son siete directivos de ueno bank que se presentaron ante la Policía Nacional para ponerse a disposición de la Justicia.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores de uno de los investigados, Miguel Angel Almada Frutos (quien se encuentra en el interior), acudieron al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondrá a disposición del proceso judicial.
Los detenidos hasta el momento son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller.
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Según reportaron, una de las investigadas, Diana Leticia Mongelós González habría salido del país, aunque no se confirmó aún por la Dirección de Migraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
Por de pronto, el BCP ya ordenó el pago -como primera parte- de G. 10 millones a los ahorristas en el marco del proceso de cobertura del Fondo de Garantía estatal de Depósitos, que establece la devolución de 75 salarios mínimos.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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