Las primeras reacciones contrarias al nuevo decreto promulgado por el Poder Ejecutivo ya se hicieron sentir. Para algunos profesionales de blanco, las nuevas disposiciones permitirán que continúen aumentando los contagios del COVID-19.
A través de su cuenta de Twitter, la doctora Yolanda Ramos, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR) del Hospital Nacional de Itauguá, cuestionó el nuevo decreto promulgado en el marco de la pandemia.
En su posteo, arremetió contra las más recientes disposiciones establecidas por el Gobierno y cuya vigencia irá del 5 al 12 de abril.
“No se para que carajos pierden tiempo escribiendo pavadas, se declaró el popular so´o oficial. Cada uno para sí y Dios para todos”, expresó.
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De igual manera, recordó que actualmente cuentan con un número limitado de camas en el HNI, tanto en la parte de internación como en terapia intensiva, llegando al punto del colapso ante la gran cantidad de pacientes contagiados con el virus. “Ni si Jesucristo firma un amparo”, sentenció la profesional de blanco en su tweet.
El nuevo decreto promulgado por el Poder Ejecutivo prácticamente retoma las anteriores medidas que se encontraban vigentes antes de la Semana Santa, relajando varias de las restricciones.
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Cuatro detenidos van a prisión por contrabando de acetato de etilo con destino a Bolivia
La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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MEC interviene en caso de alumna apuñalada por su compañera
El Ministerio de Educación tomó intervención en el caso de una estudiante de 15 años que resultó herida tras ser atacada con un arma blanca (navaja) por una compañera en una institución educativa del barrio Sajonia, en Asunción.
“Se auxilió a la niña afectada, se activó el protocolo y se hizo la denuncia”, manifestó este martes Erika Vargas, directora de Educación de Capital, en declaraciones al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La funcionaria se refirió a las acciones que llevan adelante ante estos graves hechos de violencia. “Lamentamos desde el MEC lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con la familia de la joven afectada”, expresó.
Añadió que al tomar conocimiento del episodio, el director y la supervisión activaron el protocolo. “Se realizaron las denuncias a las instancias correspondientes como la Policía, la Fiscalía”, precisó. Asimismo, “se auxilió” a la niña herida. “Pudimos llegar al hospital y ella está en muy buenas condiciones, a Dios gracias”, manifestó la funcionaria de Educación.
Sobre el ingreso de armas al centro educativo, aclaró que encuentran dificultades legales debido a que necesitan autorización de los padres para revisar las mochilas, atendiendo que se trata de menores de edad.
“Nosotros tenemos un protocolo que se había activado para hacer la revisión de mochilas. Para este protocolo necesitamos el visto bueno de la familia, pero al familia se opone a ello. Entonces, se complica el trabajo”, apuntó. Ante esta situación, destacó la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre el MEC y la familia de los alumnos.
A la par, la cartera de Educación propone encarar una campaña de concienciación, de trabajo y prevención en los colegios. “Estamos trabajando con la Dirección de Desarrollo para que los chicos puedan entender lo qué es la convivencia entre pares, que la convivencia sea sana y que por sobre todo, la familia acompañe estos procesos”, detalló.
En ese sentido, recordó que son los padres los que tienen que velar por lo que los chicos llevan a la escuela, porque “si nosotros tomamos la intervención de revisión de mochilas necesitamos la autorización de los padres que muchas veces son reacios”, remarcó.
Por lo tanto, la responsabilidad es de los padres. “Nosotros habíamos remitido una planilla para la autorización de los padres, pero no cayó muy bien, no permitían la revisión”, comentó.
En cuanto a las medidas que tomarán sobre la agresión entre compañeras, señaló que van a separar a la víctima y a la agresora de acuerdo con las normativas vigentes y al protocolo activado, pero garantizando el derecho a la educación de ambas. “Vamos a ver como separarlas, pero que ambas reciban educación”, puntualizó.
La Fiscalía también va a tomar medidas porque ya pueden recibir algún tipo de imputación, agregó.
Por otro lado, mencionó que en la fecha mantendrán una reunión con un grupo de directores y supervisores y con el Ministerio del Interior para establecer mecanismos de trabajo para dar seguridad a los chicos a la entrada y salida ante la rivalidad entre colegios.
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Salud: evalúan reajuste para bioquímicos con adenda y más presupuesto para reactivos
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Salcedo, anunció que, en cuanto al reclamo de los bioquímicos del sistema público, se está trabajando en los pedidos, el principal es el reajuste salarial, que será incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027.
“Los reclamos de los bioquímicos tienen ejes, así como lo hicieron los médicos en su momento, en relación al reajuste salarial nosotros vamos a trabajar en un calendario que va ser en alusión al aumento que ellos piden en relación al piso, eso nosotros vamos a trabajar”, indicó Salcedo durante el recorrido por el Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, acompañando al ministro de Salud, Isaías Fretes.
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Explicó que a raíz de que el pedido se dio luego de la presentación del proyecto presupuestario se planteará la adenda. “El destiempo de la solicitud también juega una pasada por eso se tiene que presentar como adenda para el PGN, no se llegó a tiempo, entonces nosotros vamos a incorporar esa necesidad para el 2027”, expresó.
El viceministro se refirió además al reclamo sobre los insumos bioquímicos, anunciando que se triplicará el presupuesto para la compra de reactivos en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Este es uno de los reclamos de este sector.
“En relación a insumos, quiero aclarar una situación, presupuestado en la Dirección General de Insumos Estratégicos nosotros tenemos 200.000 millones de guaraníes destinados para reactivos para las 18 regiones sanitarias, hoy ese capital que se destina a reactivos va pasar a 600.000 millones de guaraníes para el 2027”, apuntó.
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Juez otorgó medidas alternativas a exintendente de Villa Hayes
El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.
Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.
Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.
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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.
El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.
El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.
Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.
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