El vicepresidente de la República, presidente en ejercicio, Pedro Alliana, se refirió a la posible intervención de las Municipalidades administradas por los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y Asunción, Óscar Rodríguez, y afirmó que esta tarea se debe dejar en manos de los organismos de control.

“Nosotros queremos ser institucionalistas y dejar que las instituciones trabajen. Yo creo que el contralor y sus colaboradores han explicado demasiado bien a todos por qué se da el motivo del pedido de intervención de ambas municipalidades”, dijo el segundo del Ejecutivo.

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Así también, indicó que para llevar adelante una intervención se deben cumplir con todos los procesos, principalmente en la Cámara de Diputados, donde se debe analizar el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

“Va hacer que esto tenga su proceso legal, está en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior tiene seis días para derivar al Congreso Nacional, la Cámara de Diputados en este caso, la Cámara de Diputados seguramente esto va a derivar a comisiones”, refirió.

Indicó además que, en el equipo político, aún no se analizó una postura o una orientación sobre el pedido de intervención a los dos municipios. “Después estaremos evaluando, ni siquiera todavía nos sentamos a evaluar con relación a los dos pedidos de intervención que vinieron de la Contraloría, todavía no evaluamos, pero esto va a tener su trámite normal dentro de la Cámara de Diputados”, aseveró.

Por otra parte, cuestionó las críticas de algunos sectores, principalmente argumentando una persecución política hacia Prieto.

“Yo entiendo también a veces, la situación de algunos correligionarios nuestros y también gente de la oposición cuando les afecta a ellos. Cuando a un colorado la Contraloría le saca un dictamen en contra, está haciendo bien su trabajo. Cuando el dictamen es contra de algun opositor es una persecución política”, cuestionó.

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El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, se refirió a las denuncias formuladas por parte de la Contraloría General de la República (CGR), sobre las administraciones de los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de Asunción, Óscar Rodríguez. El legislador aseguró que se darán todas las garantías a los intendentes para aclarar sobre lo expuesto por la Contraloría, que solicitó la intervención de mabos municipios.

“En el caso de que se de la intervención se van a dar todas las garantías, con toda la seguridad puedo decir que no se van a cometer arbitrariedades, injerencias políticas, ningún tipo de injusticias. Es momento para que ellos puedan aclarar y trasparentar todo esto para que no quede en duda esta acusación”, dijo Arrechea, este martes, a la prensa en la Cámara Baja antes del inicio de la sesión.

Explicó que, para llevar adelante la investigación, se deberá conformar una comisión especial para analizar y escuchar a los intendentes, así también debe analizar todas las documentaciones de la Contraloría para tomar una decisión como cuerpo legislativo.

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“Se debe conformar la comisión que es la que va a trabajar, eso se hace con los líderes de bancadas, es una comisión especial, eso deriva después a las comisiones si se le da curso. Vamos a ver quiénes van a estar integrando las comisiones, se van a dar todas las garantías”, aseguró el vicepresidente primero.

Por otra parte, se refirió a las cuestiones políticas, teniendo en cuenta que ambos intendentes tienen la intención de pugnar nuevamente las próximas elecciones. En este caso, indicó que en este proceso de análisis para una posible intervención no se permitirá la injerencia política.

“Por supuesto que cada uno de los intendentes afectados tienen sus seguidores y tienen también sus detractores, pero nosotros no vamos a mezclar el tema político, en el caso de que se le dé curso al pedido de intervención, acá se va analizar con los criterios muy razonablemente, objetivamente, creo que es un buen momento para trasparentar, aclarar todo”, sentenció.

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Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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La Comisión de Cuentas y Control de Diputados, encabezada por César Cerini, tomó la decisión de convocar para el próximo lunes 26 de mayo, a las 8:00, al contralor general de la República, Camilo Benítez, con la finalidad de exponer las argumentaciones sobre su requerimiento de intervención de los municipios de Asunción y Ciudad del Este.

“Lo que nosotros queremos es que haya una claridad y que la ciudadanía de ambos municipios esté tranquila de que el dinero de las comunas esté bien administrado”, indicó Cerini, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El requerimiento del órgano extrapoder fue realizado el viernes 16 de mayo al Ministerio del Interior, tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

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