Esta semana se inició el “Taller de tratamiento endovascular del Ictus” para que en Paraguay el personal de salud pueda implementar estrategias claves para mejorar el manejo de Accidente cerebrovascular (ACV) y fortalecimiento de la red nacional de atención para estos casos. Para mañana viernes, están previstos dos encuentros en Itauguá y Luque.

Según el doctor Ricardo Mernes, jefe de la unidad de Ictus del Hospital de Clínicas, este tipo de talleres representan un avance para el fortalecimiento de la red nacional de atención al ACV. Busca mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento, como garantizar equidad en el acceso a terapias especializadas.

“Los pacientes que sufren un ACV isquémico tienen posibilidad de recibir un tratamiento por vía intravenosa, pero el 30 a 35 % de los casos necesitan una intervención, una especie de cateterismo cerebral, para tratar de destrancar la arteria que se trancó”, expresó el profesional en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Explicó que otra teoría de tratamiento sería la trombectomía mecánica, pero es más escaso a nivel país y con este taller se busca reforzar. “Con la trombectomía mecánica, estamos más atrasados con mucho menos posibilidades de ofrecer. Tanto en el sistema privado como en el público y gran parte del problema radica en el costo de los materiales”, aclaró.

Resaltó que actualmente se está trabajando en un convenio entre el Hospital de Clínicas y el Ministerio de Salud para tener cada vez más centros en el país, que puedan dar tratamiento a los pacientes que tienen un ACV isquémico agudo.

“Con el afán de estimular y favorecer el desarrollo como el progreso de este tipo de técnicas en distintos países, la Organización Mundial del ACV o World Stroke Organization (WSO) hace cursos, talleres y capacitaciones en distintos países. Este año, le tocó a Paraguay, empezó ayer en el Hospital de Clínicas”, indicó.

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El ACV es una enfermedad muy prevalente, la incidencia es de 150 por 100.000 habitantes, lo que estima que en Paraguay se dan unos 10.000 ACV por año. Existe un tratamiento que se puede hacer en el que los médicos tienen 4 horas y media para tratar al paciente, esta vía intravenosa.

“Estamos tratando de llevar adelante el desarrollo de este tipo de técnicas en nuestro país. Este tipo de actividades nos da una razón importante para mover un poco todas las estructuras, y es un generador de ideas y de voluntades, para tratar de llevar adelante esta campaña de mejorar el tratamiento del ACV”, puntualizó en LN.

El taller incluye sesiones prácticas, teóricas y simulaciones en distintos centros hospitalarios públicos, para mañana viernes 13 de junio, la actividad se desarrollará en el Hospital Nacional de Itauguá desde las 10:00, será la reunión interinstitucional para el diseño e implementación de un Registro Nacional de ACV.

En tanto que, ese mismo día, en el Hospital de Luque a partir de las 15:00, se tiene prevista la simulación de caso y evaluación de estrategias para reducir tiempos de atención, con participación de personal médico y del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

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El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, informó este martes que se encuentran trabajando para determinar el origen del ciberataque que sufrió la cuenta oficial del presidente de la República, Santiago Peña, en la plataforma social X.

“Es difícil de identificar el origen, no fue un ataque sencillo, realmente se utilizaron técnicas relativamente avanzadas para poder realizar esta infiltración, pero tenemos indicios desde dónde se hicieron”, comentó Villate en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, acompañado por el director general de Ciberseguridad de la cartera estatal, Pedro Martínez.

“Este tipo de ataques tiene diferentes intenciones, pero los indicios hacen indicar que esto fue un intento de fraude para recaudar fondos por el propio anuncio”, puntualizó.

Agregó que el Gobierno se encuentra trabajando con organismos internacionales para realizar la trazabilidad del ataque. Señaló que el caso también ya fue comunicado al Ministerio Público a la espera de que se realice la apertura de una investigación de oficio.

Detalló que la filtración se dio mediante una cuenta del equipo de comunicación del Poder Ejecutivo que administraba el perfil del mandatario. “Estaba relacionado a una cuenta de email que era utilizada por unos de los miembros del equipo de comunicación, la cual ya fue identificada y subsanada por completo”, comentó Villate.

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Como medidas de seguridad se tomó la decisión de reducir la cantidad de funcionarios encargados de gestionar las redes sociales de Peña. Además, como medidas preventivas se concretaron revisiones y auditorías de las cuentas que tienen administración de los perfiles de entes del Estado y el monitoreo de las sesiones abiertas.

“Si solo decimos que el control es una cuestión de inversión en recursos estamos fracasando. En la mayoría de los escenarios, el 90 % de los accesos o vulneraciones se dan por debilidad en el uso humano de las herramientas y no por la infraestructura que se tiene. Entonces, esto es una cuestión de capacitación", puntualizó Villate.

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Por otra parte, el funcionario de Estado afirmó que existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa Nacional en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. “En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se contempla esta fuerza conjunta entre Mitic y el Comando de Ejército y las Fuerzas Armadas para poder realizando fortalecimientos”, refirió el secretario de Estado.

La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.

De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.

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La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.

Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.

Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.

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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.

Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.

Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.

El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.

De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.

Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.

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