El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El secretario general y director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, espera que, con la filtración de los documentos del exembajador Marc Ostfield, el gobierno norteamericano tome alguna medida al respecto y lo sancione, retirándolo al menos del servicio diplomático.

En comunicación con La Nación/Nación Media, González indicó que esta filtración confirma lo que ya venían denunciando: que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en contubernio con el exembajador Ostfield, operó para perjudicar a su adversario político, Horacio Cartes.

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“Lo mínimo que podría recibir es que se le saque del servicio diplomático, por su lamentable actuación, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir en el país”, sostuvo.

Sostuvo que todos estos hechos deben ser investigados acá en el país. Recordando que está en curso la imputación al expresidente Abdo y todos sus colaboradores que fueron ministros de la oposición en su gobierno.

“Este proceso tiene que llegar a su fin y que se haga justicia, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Esperamos que todo esto no queden en saco roto, para que nunca más ningún embajador vuelva a tener injerencia en asuntos internos del país”, acotó.

En otro momento de la entrevista, señaló que ni durante la pandemia las empresas del grupo Cartes habían sido tan afectadas como sí lo fueron con la sanción impuesta por Estados Unidos, durante el gobierno de Mario Abdo en alianza con el exembajador Marc Ostfield.

Ratificó que, con esta información, se confirma lo que ya venían sosteniendo sobre la utilización del aparato estatal para perseguir al enemigo político, y es lo que se conoce como terrorismo de Estado.

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Desde Tabacaleras del Este SA (Tabesa) señalaron que la persecución contra Horacio Cartes, materializada en sanciones derivadas de un operativo entre Mario Abdo y el exembajador Marc Ostfield, generó perjuicios económicos tremendos a la empresa, y colateralmente, el Estado se vio perjudicado luego de dejar de recibir enormes proporciones en concepto de impuestos.

De acuerdo a los datos expuestos en Unicanal, durante muchos años Tabesa fue el mayor aportante al fisco, y tiene un aporte histórico de USD 889 millones al Estado. En el 2022, la tabacalera aporta USD 40,6 millones al tesoro paraguayo; en el 2023, año de las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) se redujo a USD 26,3 millones; en tanto, en 2024, esto bajo drásticamente a USD 7,3 millones y eso, sin mirar todos los daños colaterales a la pérdida de empleos, enfatizó Ortiz.

“Tan cretino es Mario Abdo Benítez que no tenía problema en que ocurran todas estas cosas, hay que pensar en las familias que viven de esto, los trabajadores tenían seguro privado, eran el sustento de sus hijos, pero nada de eso le importó a Abdo con tal de sacar ese odio y maldad, es una mala persona, porque es una persona que por un adversario político pierde la sensibilidad. Cartes y yo vamos a seguir viviendo bien, pero afectaron a esas personas que viven al día, la crueldad es inimaginable”, lamentó.

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Ortiz afirmó que el daño es invaluable, puesto que Tabesa tuvo que salir del mercado americano debido a las sanciones, pero no solo eso, sino también, esto perjudicó a toda la cadena de valor que depende de este negocio, proveedores, servicios y trabajadores tercerizados, y también al Estado, que perdió a uno de sus mayores aportantes.

El gerente de Tabesa también criticó que en el documento remitido por Ostfield al Departamento de Estado, incluye una defensa hacia Abdo, sin embargo, nunca le dieron la posibilidad de defenderse a Cartes de todas las acusaciones en su contra y menos de las sanciones que se aplicaron sobre su persona y sus empresas.

“A Cartes no le dieron la mínima posibilidad de defenderse, pero él (Ostfield) actúa de abogado de Mario Abdo, dejen de tratarnos de inocentes. Dijo que se atacaron a los colaboradores, de Ostfield y se refería a Arnaldo Giuzzio, que está directamente vinculado con Marcus Vinicius, que levantó los controles de la Senad en los puertos y empiezan a aparecer toneladas de droga en Europa enviadas desde Paraguay. Él no veía nada cuando eran los contrincantes de Horacio Cartes”, señaló.

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