El diputado Carlos Rejala (Hagamos) manifestó que la Justicia está “prostituida” a los políticos mafiosos y de los poderosos, por lo que es imperativo trabajar en un profundo cambio del sistema judicial a través de una reforma constitucional.
Lamentó que la reforma constitucional no está como prioridad en la agenda pública. “Con el perdón de la expresión y sin menoscabar a nadie, para mí la Justicia está prostituida y sus mejores y selectos clientes son los mafiosos, los capos, los políticos sucios. Eso quedó demostrado este terrible año 2020 en el que la Justicia mandó a sus cómodas casas a corruptos y peces gordos. Todas las denuncias que hicimos, por ejemplo, con los insumos chinos, quedaron en el oparei”, manifestó.
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El congresista criticó que siempre se apunta al Congreso como ‘de la vergüenza’ pero se deja de lado a la Justicia, a la cual calificó de ser la menos creíble y la más prostituida. “Solo sirve para proteger mafiosos y a los que puedan pagar el servicio. Necesitamos una reforma con urgencia”, dijo.
Rejala indicó que no existe voluntad política y tampoco está en la agenda pública el inicio de un gran diálogo con miras a una reforma de la Constitución Nacional.
Dijo además que entiende que la atención actual está en poder sobrevivir a esta crisis, pero argumentó que todos los sectores políticos y sociales deben empezar a poner como primer objetivo la reforma, de otra manera no se saldrá del pozo de la corrupción y la impunidad.
“Debemos eliminar el poder político tanto en la elección como en el juzgamiento de ministros y magistrados, debemos cambiar el sistema que permite las chicanas, debemos eliminar la doble función administrativa de la jurisdiccional de los ministros y jueces, debemos establecer la meritocracia y un órgano de notables que pongan los mejores ministros y jueces y juzguen a los corruptos”, resaltó.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Sin duda, políticos son culpables de crimen de Marielle Franco, señala Fiscalía de Brasil
La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.
Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.
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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.
Pasar la página de la impunidad
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.
Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.
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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.
Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
- Fuente: AFP
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Justicia prohíbe salir de Argentina al presidente de la AFA por supuesta evasión fiscal
La justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y lo citó a declarar en una causa por supuesta evasión fiscal, según la resolución del juez citada este jueves por la prensa local.
El “Chiqui” Tapia deberá comparecer el 5 de marzo próximo, un día antes de que lo haga el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la denuncia que impulsó el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.
La resolución judicial alcanza además a otros tres directivos de la poderosa federación argentina de fútbol, al mando de la vigente selección campeona del mundo.
“En atención a la gravedad de los hechos investigados (...) corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados”, reza la citación divulgada por medios locales.
El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que cumplan con el trámite de declaración.
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La causa investiga si la entidad retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El juez consideró que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
Además de esta causa la AFA es investigada por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para recabar documentación respecto a operaciones sospechosas con una financiera privada.
La AFA atribuyó entonces el caso a una “campaña de difamación” en medio de una disputa comercial con un empresario por la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
Además señaló que el impulsor de esa denuncia “cuenta con la anuencia del gobierno nacional, más precisamente del ministro de Justicia (Mariano) Cúneo Libarona”.
La AFA rechaza con base en sus estatutos la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoya el presidente ultraliberal Javier Milei.
- Fuente: AFP
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Más protección y menos barreras, el desafío de garantizar justicia para personas mayores en Paraguay
La necesidad de asegurar una tutela efectiva de los derechos de las personas mayores vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial paraguaya.
Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia se subraya la relevancia de aplicar de manera concreta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en todos los procesos en los que este grupo esté involucrado.
Paraguay dispone de un entramado constitucional y legal que apunta a resguardar de forma integral a este sector de la población, con base en los principios de dignidad, igualdad y no discriminación.
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La propia Constitución Nacional establece que el Estado debe adoptar medidas específicas para amparar a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas mayores, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Paso fundamental
En el plano internacional, el Paraguay dio un paso significativo al ratificar la Convención Interamericana mediante la Ley N.º 7600/2025. Con su entrada en vigencia, el instrumento adquiere carácter obligatorio para el Estado paraguayo.
“La normativa reconoce a las personas mayores como titulares plenos de derechos y fija estándares claros en aspectos como autonomía, salud, seguridad social, participación activa en la comunidad, vivienda digna y acceso real a la justicia”, argumentaron.
A nivel interno, leyes como la N.º 1885/2002 “De las Personas Adultas” y la N.º 7322/2024, que crea la Pensión Universal para las Personas Mayores, junto con otras disposiciones complementarias, refuerzan el compromiso estatal con el bienestar y la protección de este grupo, especialmente de quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad social o económica.
Dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema también adoptó medidas orientadas a eliminar obstáculos en el acceso a la justicia. Entre ellas se encuentran la Acordada N.º 633/2010, que incorpora las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, y la Acordada N.º 1024/2015, que promueve atención prioritaria, mayor rapidez en los procesos, uso de lenguaje claro y ajustes razonables en los procedimientos.
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El desafío ahora no solo radica en contar con normas avanzadas, sino en traducirlas en prácticas efectivas que aseguren que las personas mayores encuentren en la justicia un espacio accesible, ágil y respetuoso de sus derechos.