El brasileño residente en Paraguay, Ruan Bortolotto, de 25 años, compró el lujoso Lamborghini que pertenecía al supuesto narco Javier “Cucho” Cabañas. El joven pagó G. 411 millones por el autazo.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) realizó en la mañana de este martes la subasta de lujosos vehículos, dos de los cuales pertenecían a Javier “Cucho” Cabañas, quien está privado de su libertad por supuesta vinculación con el narcotráfico.
El Lamborghini finalmente fue a parar a las manos del joven brasileño Ruan Bortolotto, quien tiene tan solo 25 años de edad y desde febrero reside en San Lorenzo. El mismo es nutricionista, entrenador fitness y youtuber.
Bortolotto, quien pagó G. 411 millones por el lujoso rodado, mencionó que utilizó algunos ahorros de las inversiones que hizo cuando estuvo viviendo por Europa, entre ellas, en el ámbito aéreo según alegó. Afirmó que pese a su corta edad, todo es posible mediante las metas que uno se propone y el empeño y el sacrificio que uno hace para cumplirlas.
Lea también: Sequera sobre vacunas anti-COVID-19: “Estamos en una situación un poco rezagada”
El joven comentó que el vehículo estará guardado en el garaje la mayor parte del tiempo, porque es consciente de que consume mucho combustible, y también se suma la situación de las calles de nuestro país. “Usaré una vez a la semana o cada 15 días”, acotó.
En entrevista con NPY, Ruan aseguró que no conoce a “Cucho” Cabañas, incluso, le causó risas las versiones respecto a una amistad entre ambos. Alegó que recién se enteró quién era el anterior propietario cuando ya había comprado el vehículo.
“Yo no tengo idea quién es, cuando vi el auto no tenía ni idea quién era Cucho, no sé quién es, escuché sobre el problema que tuvo”, indicó. El otro vehículo de “Cucho”, el Camaro, fue valuado por G. 148 millones, sin embargo, nadie ofertó por el mismo.
Lea también: COVID-19: “Volvimos a darnos un baño de realidad con los números positivos”
Dejanos tu comentario
Juez, con vía libre para proceder a embargar fondos del banco Atlas
La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, tras la denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Otazú ordenó el pasado 29 de mayo que el banco Atlas transfiera la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial habilitada para el proceso penal en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La entidad bancaria ya informó al juzgado que hizo efectiva la transferencia del dinero. Con este paso, el magistrado puede proceder al embargo del dinero depositado, monto que pasará a ser administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se refirió al embargo preventivo sobre los fondos del banco Atlas. “La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos. La acusación fiscal atribuye concretamente que el banco Atlas obtuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones, y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una entrevista para el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Además de Zaldívar, han sido acusados en este proceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.
La Conmebol busca recuperar al menos USD 15 millones que el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz desvió de la institución hacia la entidad financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. Según el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 depósitos en dólares y guaraníes, además de firmar contratos de fideicomisos por USD 5,1 millones más G. 16.000 millones, y otros contratos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
“Un indicador más ante sospecha de lavado”
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas”, explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la Sala Penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
Dejanos tu comentario
Juzgado entregó a la Senabico vehículo decomisado del crimen organizado
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, oficializó la entrega de un vehículo comisado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El procedimiento se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El bien decomisado, que fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos vinculados al crimen organizado, fue transferido bajo lo establecido en la Ley Nº 5.876/17. Al respecto, el juez Mendoza explicó que la entrega se basó en los procedimientos legales vigentes, reafirmando el compromiso con el combate al crimen organizado y la protección del Estado social de derecho.
La medida corresponde a la causa “Nélida Rodríguez Ramírez s/ transgresión de la Ley 1340/88”, artículos 26 y 27. Mediante el A.I. Nº 82, con fecha 13 de junio de 2025, el juzgado dispuso la ejecución de la S.D. Nº 233 del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico (integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González). Dicha sentencia ordenó el comiso de un automóvil Chevrolet Onix, color gris, año 2014, con matrícula BTR 774.
Te puede interesar: Delincuente falleció en enfrentamiento tras intento de asalto en Ñemby
Participaron del acto de entrega el abogado Sergio Benítez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación de Inscripción de Bienes de la CSJ; y el actuario judicial Cristian Marcelo Martin Ojeda.
Cabe recordar que la Senabico es el órgano técnico especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados en el marco de procesos penales.
Dejanos tu comentario
“Cucho” Cabaña y Ulises Quintana dejaron Tacumbú y enfrentarán juicio por narcotráfico
Cerca de la medianoche de este martes, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, abandonaron el Centro Penitenciario Tacumbú, luego de que la Justicia disponga medidas alternativas de la prisión, en tanto aguardan el inicio del juicio oral y público por el caso Berilo.
La disposición del juzgado se dio tras culminar las audiencias preliminares que se desarrollaron ayer martes, y resolvió que tanto "Cucho" Cabaña, el exparlamentario Quintana, junto a otras 21 personas serán sometidos a juicio oral y público por presunto narcotráfico. El juzgado consideró que existen elementos para sostener la acusación contra los procesados.
Le puede interesar: Marset declara hoy ante Justicia estadounidense
Asimismo, dispuso la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas el uso de dispositivos de control electrónico. Si bien, el juez Miguel Palacio otorgó la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del diputado Quintana. Mientras que para “Cucho” Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.
Al respecto, el abogado Nelson López, defensor de los dos principales procesados, mencionó que se consiguió estas medidas alternativas, pero cuestionó que a uno de sus defendidos se le haya impuesto medidas de control como el uso de tobilleras y restricción en la libertad ambulatoria.
“Estamos contentos con este resultado, era lo mínimo que esperábamos. Vamos a analizar si recurrimos esa parte de la resolución, porque consideramos que es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Cabañas ya cumplió la pena mínima de 7 años de prisión. Entonces la ley es clara en ese sentido, que no se debería imponer ninguna restricción más cuando ya se ha cumplido la pena mínima”, acotó.
Cerrándose la etapa de audiencias preliminares tras reiteradas dilaciones, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, donde ambos acusados junto a la veintena de personas que presumiblemente integrarían la banda criminal, deberán responder a las acusaciones de tráfico de drogas que fue desarticulado durante el operativo Berilo, que se desarrolló en septiembre del 2018.
Dejanos tu comentario
Imputaron a 29 personas por el intento de invasión a estancia
El Ministerio Público dispuso la liberación de mujeres y niños que fueron demorados durante el operativo desplegado en San Pedro, tras el intento de ocupación irregular de una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).
En contrapartida, 29 hombres quedaron bajo custodia, todos con libre comunicación y sujetos a investigación. Agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray solicitaron la prisión preventiva para todos los procesados, pedido que será evaluado por el juez de garantías Vicente Coronel, quien convocó a audiencias individuales.
Los detenidos prestaron declaración indagatoria tras la presentación de los cargos, después de ser imputados por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso, por lo que el Ministerio Público considera necesaria la aplicación de medidas más severas.
El caso continúa en etapa de análisis y, tras las audiencias fijadas, el magistrado deberá determinar si los imputados enfrentarán el proceso privados de su libertad.
LOS IMPUTADOS
Entre los investigados figuran Emilio Acosta Argüello, Ángel Larrea Salomón, Santiago Gamarra Benítez, Denis Joel Casco Felte, Derlis Sanguina, Julián Martínez Gamarra, Héctor Fretes González, Félix María Martínez Cuenca, Luis Careaga Medina, Víctor Daniel Rojas Barreto, Alexis Daniel Macedo Sanabria, Silverio Ramón Notario Rivas, Julio Cristóbal Adinolfi Almada, Alfonzo Acosta, Carlos Antonio Pesoa Vera y Saturnino Núñez Morínigo.
También fueron imputados Carlos Peralta Pérez, Gregorio Espínola Díaz, Tomás Vera Cristaldo, José Ramón López, César Candia Mendoza, Rodrigo Godoy Rojas, Robustiano Acosta, Amalio Ariel Sanabria, Adán Godoy Rojas, Amalio Sanabria, Luciano Godoy Giménez, Alfredo Peralta Arévalos y Carlos Antonio Delvalle Vázquez.
Como parte de las evidencias recolectadas, la institución policial informó la incautación de 15 teléfonos celulares, tres machetes y una escopeta calibre 16 con siete cartuchos y fueron retenidos 32 vehículos utilizados por los labriegos, entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas, que quedaron a disposición de Criminalística para los peritajes correspondientes.
Núñez: “No a la violencia”
Presidente del Congreso Basilio Núñez repudió el atropello a la propiedad privada.
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, se refirió al incidente del viernes en Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, en que un grupo de invasores atropelló los portones de la estancia Toro Vevé con la intención de ingresar a la propiedad contigua, la estancia Lusipar, actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Las autoridades realizaron un despliegue de seguridad en el lugar y reaccionaron cuando un camión ingresó a la fuerza. El legislador puntualizó su postura sobre uno de los agentes policiales heridos: “Como presidente del Congreso de la Nación, condeno y repudio enérgicamente el cobarde disparo desde un bosque en pleno rostro a un joven policía en San Pedro (Lusipar)”, se pronunció desde sus redes sociales.
“NO A LA VIOLENCIA”
El legislador aseguró que se trata de un ataque criminal que atenta contra la vida del uniformado y la democracia. “Uno de los responsables e instigadores de este brote de violencia despiadada es el seudocampesino Elvio Benítez, quien hace apología a la violencia y busca el enfrentamiento entre compatriotas ¡Basta de violencia! #NoALaViolencia”, agregó el titular del Congreso, citando a uno de los aparentes líderes de la llamada Coordinadora de Sin Tierra del Norte, que abandonó a su suerte a los campesinos tras darse la orden de intentar la invasión.
“No es un reclamo social”
Rodrigo Gamarra dijo que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional.
El diputado Rodrigo Gamarra aseguró que la situación en la estancia Lusipar, no se trata de una reivindicación social, como afirman desde el sector campesino que intentó invadir la propiedad ayer viernes, pese a las aclaraciones realizadas por las autoridades correspondientes, cuestionó el legislador.
“Lo ocurrido en Lusipar no es un reclamo social, es un acto de violencia premeditado, una violación directa al Estado de derecho que pone en riesgo la vida de familias paraguayas. Los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, dijo el diputado en contacto con La Nación/Nación Media.
La estancia Lusipar se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y actualmente está arrendada. La propiedad fue incautada por el Ministerio Público en el marco de la causa denominada Luis Carlos da Rocha y otros, sobre lavado de dinero y se encuentra en posición de la Senabico desde el 2019.
En este sentido, el diputado refirió que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional que debe ser respetado.