El brasileño residente en Paraguay, Ruan Bortolotto, de 25 años, compró el lujoso Lamborghini que pertenecía al supuesto narco Javier “Cucho” Cabañas. El joven pagó G. 411 millones por el autazo.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) realizó en la mañana de este martes la subasta de lujosos vehículos, dos de los cuales pertenecían a Javier “Cucho” Cabañas, quien está privado de su libertad por supuesta vinculación con el narcotráfico.
El Lamborghini finalmente fue a parar a las manos del joven brasileño Ruan Bortolotto, quien tiene tan solo 25 años de edad y desde febrero reside en San Lorenzo. El mismo es nutricionista, entrenador fitness y youtuber.
Bortolotto, quien pagó G. 411 millones por el lujoso rodado, mencionó que utilizó algunos ahorros de las inversiones que hizo cuando estuvo viviendo por Europa, entre ellas, en el ámbito aéreo según alegó. Afirmó que pese a su corta edad, todo es posible mediante las metas que uno se propone y el empeño y el sacrificio que uno hace para cumplirlas.
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El joven comentó que el vehículo estará guardado en el garaje la mayor parte del tiempo, porque es consciente de que consume mucho combustible, y también se suma la situación de las calles de nuestro país. “Usaré una vez a la semana o cada 15 días”, acotó.
En entrevista con NPY, Ruan aseguró que no conoce a “Cucho” Cabañas, incluso, le causó risas las versiones respecto a una amistad entre ambos. Alegó que recién se enteró quién era el anterior propietario cuando ya había comprado el vehículo.
“Yo no tengo idea quién es, cuando vi el auto no tenía ni idea quién era Cucho, no sé quién es, escuché sobre el problema que tuvo”, indicó. El otro vehículo de “Cucho”, el Camaro, fue valuado por G. 148 millones, sin embargo, nadie ofertó por el mismo.
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Juzgado entregó a la Senabico vehículo decomisado del crimen organizado
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado Nº 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, oficializó la entrega de un vehículo comisado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El procedimiento se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El bien decomisado, que fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos vinculados al crimen organizado, fue transferido bajo lo establecido en la Ley Nº 5.876/17. Al respecto, el juez Mendoza explicó que la entrega se basó en los procedimientos legales vigentes, reafirmando el compromiso con el combate al crimen organizado y la protección del Estado social de derecho.
La medida corresponde a la causa “Nélida Rodríguez Ramírez s/ transgresión de la Ley 1340/88”, artículos 26 y 27. Mediante el A.I. Nº 82, con fecha 13 de junio de 2025, el juzgado dispuso la ejecución de la S.D. Nº 233 del 16 de junio de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico (integrado por los jueces Gloria Hermosa, Víctor Alfieri y Alba González). Dicha sentencia ordenó el comiso de un automóvil Chevrolet Onix, color gris, año 2014, con matrícula BTR 774.
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Participaron del acto de entrega el abogado Sergio Benítez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación de Inscripción de Bienes de la CSJ; y el actuario judicial Cristian Marcelo Martin Ojeda.
Cabe recordar que la Senabico es el órgano técnico especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados en el marco de procesos penales.
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“Cucho” Cabaña y Ulises Quintana dejaron Tacumbú y enfrentarán juicio por narcotráfico
Cerca de la medianoche de este martes, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, abandonaron el Centro Penitenciario Tacumbú, luego de que la Justicia disponga medidas alternativas de la prisión, en tanto aguardan el inicio del juicio oral y público por el caso Berilo.
La disposición del juzgado se dio tras culminar las audiencias preliminares que se desarrollaron ayer martes, y resolvió que tanto "Cucho" Cabaña, el exparlamentario Quintana, junto a otras 21 personas serán sometidos a juicio oral y público por presunto narcotráfico. El juzgado consideró que existen elementos para sostener la acusación contra los procesados.
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Asimismo, dispuso la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas el uso de dispositivos de control electrónico. Si bien, el juez Miguel Palacio otorgó la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del diputado Quintana. Mientras que para “Cucho” Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.
Al respecto, el abogado Nelson López, defensor de los dos principales procesados, mencionó que se consiguió estas medidas alternativas, pero cuestionó que a uno de sus defendidos se le haya impuesto medidas de control como el uso de tobilleras y restricción en la libertad ambulatoria.
“Estamos contentos con este resultado, era lo mínimo que esperábamos. Vamos a analizar si recurrimos esa parte de la resolución, porque consideramos que es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Cabañas ya cumplió la pena mínima de 7 años de prisión. Entonces la ley es clara en ese sentido, que no se debería imponer ninguna restricción más cuando ya se ha cumplido la pena mínima”, acotó.
Cerrándose la etapa de audiencias preliminares tras reiteradas dilaciones, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, donde ambos acusados junto a la veintena de personas que presumiblemente integrarían la banda criminal, deberán responder a las acusaciones de tráfico de drogas que fue desarticulado durante el operativo Berilo, que se desarrolló en septiembre del 2018.
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Imputaron a 29 personas por el intento de invasión a estancia
El Ministerio Público dispuso la liberación de mujeres y niños que fueron demorados durante el operativo desplegado en San Pedro, tras el intento de ocupación irregular de una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).
En contrapartida, 29 hombres quedaron bajo custodia, todos con libre comunicación y sujetos a investigación. Agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray solicitaron la prisión preventiva para todos los procesados, pedido que será evaluado por el juez de garantías Vicente Coronel, quien convocó a audiencias individuales.
Los detenidos prestaron declaración indagatoria tras la presentación de los cargos, después de ser imputados por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso, por lo que el Ministerio Público considera necesaria la aplicación de medidas más severas.
El caso continúa en etapa de análisis y, tras las audiencias fijadas, el magistrado deberá determinar si los imputados enfrentarán el proceso privados de su libertad.
LOS IMPUTADOS
Entre los investigados figuran Emilio Acosta Argüello, Ángel Larrea Salomón, Santiago Gamarra Benítez, Denis Joel Casco Felte, Derlis Sanguina, Julián Martínez Gamarra, Héctor Fretes González, Félix María Martínez Cuenca, Luis Careaga Medina, Víctor Daniel Rojas Barreto, Alexis Daniel Macedo Sanabria, Silverio Ramón Notario Rivas, Julio Cristóbal Adinolfi Almada, Alfonzo Acosta, Carlos Antonio Pesoa Vera y Saturnino Núñez Morínigo.
También fueron imputados Carlos Peralta Pérez, Gregorio Espínola Díaz, Tomás Vera Cristaldo, José Ramón López, César Candia Mendoza, Rodrigo Godoy Rojas, Robustiano Acosta, Amalio Ariel Sanabria, Adán Godoy Rojas, Amalio Sanabria, Luciano Godoy Giménez, Alfredo Peralta Arévalos y Carlos Antonio Delvalle Vázquez.
Como parte de las evidencias recolectadas, la institución policial informó la incautación de 15 teléfonos celulares, tres machetes y una escopeta calibre 16 con siete cartuchos y fueron retenidos 32 vehículos utilizados por los labriegos, entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas, que quedaron a disposición de Criminalística para los peritajes correspondientes.
Núñez: “No a la violencia”
Presidente del Congreso Basilio Núñez repudió el atropello a la propiedad privada.
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, se refirió al incidente del viernes en Santa Rosa del Aguaray, en el departamento de San Pedro, en que un grupo de invasores atropelló los portones de la estancia Toro Vevé con la intención de ingresar a la propiedad contigua, la estancia Lusipar, actualmente bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Las autoridades realizaron un despliegue de seguridad en el lugar y reaccionaron cuando un camión ingresó a la fuerza. El legislador puntualizó su postura sobre uno de los agentes policiales heridos: “Como presidente del Congreso de la Nación, condeno y repudio enérgicamente el cobarde disparo desde un bosque en pleno rostro a un joven policía en San Pedro (Lusipar)”, se pronunció desde sus redes sociales.
“NO A LA VIOLENCIA”
El legislador aseguró que se trata de un ataque criminal que atenta contra la vida del uniformado y la democracia. “Uno de los responsables e instigadores de este brote de violencia despiadada es el seudocampesino Elvio Benítez, quien hace apología a la violencia y busca el enfrentamiento entre compatriotas ¡Basta de violencia! #NoALaViolencia”, agregó el titular del Congreso, citando a uno de los aparentes líderes de la llamada Coordinadora de Sin Tierra del Norte, que abandonó a su suerte a los campesinos tras darse la orden de intentar la invasión.
“No es un reclamo social”
Rodrigo Gamarra dijo que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional.
El diputado Rodrigo Gamarra aseguró que la situación en la estancia Lusipar, no se trata de una reivindicación social, como afirman desde el sector campesino que intentó invadir la propiedad ayer viernes, pese a las aclaraciones realizadas por las autoridades correspondientes, cuestionó el legislador.
“Lo ocurrido en Lusipar no es un reclamo social, es un acto de violencia premeditado, una violación directa al Estado de derecho que pone en riesgo la vida de familias paraguayas. Los responsables deben ser llevados ante la Justicia”, dijo el diputado en contacto con La Nación/Nación Media.
La estancia Lusipar se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y actualmente está arrendada. La propiedad fue incautada por el Ministerio Público en el marco de la causa denominada Luis Carlos da Rocha y otros, sobre lavado de dinero y se encuentra en posición de la Senabico desde el 2019.
En este sentido, el diputado refirió que la garantía de la propiedad privada es un derecho constitucional que debe ser respetado.
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Lusipar: liberan a mujeres y niños, y procesan a 29 hombres tras intento de invasión a tierras de Senabico
El Ministerio Público dispuso la liberación de mujeres y niños que fueron demorados durante el operativo desplegado en San Pedro, tras el intento de ocupación irregular de una propiedad administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).
En contrapartida, 29 hombres quedaron procesados y continúan bajo custodia, todos con libre comunicación y sujetos a investigación.
Entre los procesados figuran Emelio Acosta Arguello, Ángel Larrea Salomón, Santiago Gamarra Benítez, Denis Joel Casco Felte, Derlis Sanguina, Julián Martínez Gamarra, Héctor Fretes González, Félix María Martínez Cuenca, Luis Careaga Medina, Víctor Daniel Rojas Barreto, Alexis Daniel Macedo Sanabria, Silverio Ramón Notario Rivas, Julio Cristóbal Adinolfi Almada, Alfonzo Acosta, Carlos Antonio Pesoa Vera y Saturnino Núñez Morínigo.
Seguido de Carlos Peralta Pérez, Gregorio Espínola Díaz, Tomás Vera Cristaldo, José Ramón López, César Candia Mendoza, Rodrigo Godoy Rojas, Robustiano Acosta, Amalio Ariel Sanabria, Adán Godoy Rojas, Amalio Sanabria, Luciano Godoy Giménez, Alfredo Peralta Arévalos y Carlos Antonio Delvalle Vázquez.
La Fiscalía ya solicitó prisión preventiva para los procesados y formuló acusación por invasión de inmueble ajeno y perturbación a la paz pública, además, por incitar a cometer hechos públicos y tentativa de homicidio doloso. Esto deberá ser evaluado por el juez penal de garantías Vicente Coronel. Todos permanecen en la Comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray para prestar declaraciones.
El hecho se registró en los alrededores de la estancia Lusipar, inmueble incautado y actualmente gestionado por Senabico. Grupos de labriegos avanzaron hacia la zona con una caravana de vehículos y buscaron ingresar por la fuerza, pese a las advertencias fiscales y policiales. La situación derivó en un enfrentamiento directo con los más de 2.000 agentes desplegados para impedir la invasión. La Policía recurrió al uso de balines de goma para contener el avance, lo que generó varios heridos entre los manifestantes.
Dos agentes de la Policía Nacional también resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. Se trata del suboficial ayudante Ángel Daniel Molinas, herido en el muslo, y del suboficial ayudante David Alexander Cano Aquino, quien recibió un proyectil en el rostro. Este último fue trasladado inicialmente al Hospital de Santa Rosa del Aguaray y posteriormente al Hospital del Trauma en Asunción. Ambos se encuentran fuera de peligro.
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Como parte de las evidencias recolectadas, la institución policial informó la incautación de 15 teléfonos celulares, tres machetes y una escopeta calibre 16 con siete cartuchos. Además, fueron retenidos 32 vehículos utilizados por los labriegos, entre camiones, camionetas, automóviles y motocicletas, que quedaron a disposición de Criminalística para los peritajes correspondientes.
El operativo, que culminó con el restablecimiento del orden en la zona, evitó una escalada mayor del conflicto. Las autoridades destacaron que la intervención permitió controlar la situación sin que se registraran víctimas fatales, en un contexto marcado por antecedentes de alta sensibilidad vinculados a disputas por la tierra en el país.
La Fiscalía continúa con el análisis de los antecedentes y no descarta nuevas imputaciones en función de los informes policiales y las declaraciones que se encuentran en curso. La presencia de agentes en el perímetro se mantiene reforzada ante eventuales reagrupamientos o nuevos intentos de ingreso al predio.