El director de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, afirmó que el mes de julio presentará números positivos con relación a la recaudación. Explicó que la cuestión cambiaria es la que generó números negativos, pero que los impuestos internos están mostrando buenos niveles.

De acuerdo a lo manifestado por el alto funcionario, en el Presupuesto General de la Nación para el presente ejercicio se había establecido una estimación de aumento de los ingresos del 8 %, sin embargo la cuestión no se dio de esa manera. “Estamos bastante bajos, lastimosamente”, expresó.

“Este mes de julio vamos a cerrar aproximadamente, con un 5 %, 6 %, de crecimiento, vamos a esperar hoy y mañana que son los últimos días los niveles de recaudación que vamos a tener”, manifestó con relación a las cifras para el séptimo mes del año.

Insistió con lo que se viene hablando desde hace el tiempo, la caída del dólar como factor que presionó a la baja los ingresos. “Si comparamos julio de 2025 con este julio, tenemos un aumento ya, ya superamos la recaudación total de lo que fue julio de 2025 a pesar de un dólar bajo, que es lo que golpeó los niveles de recaudación”, explicó a la 780 AM.

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Por otro lado, destacó que con los impuestos internos se están teniendo un buen ritmo de expansión, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el dinamismo en el consumo, como así también en el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), por los controles realizados.

Amplió afirmando que ya se venía previendo un incremento en los ingresos para el segundo semestre, cuestión ya patente dentro de este mes de julio.

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Durante junio, el régimen de facilidades de pago establecido en el Decreto N.º 5154/2025 permitió gestionar deudas tributarias por G. 13.336 millones a través de la Gerencia General de Impuestos Internos (GGI), de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Según la institución, desde la entrada en vigencia del régimen y hasta el 13 de julio de 2026, se gestionaron deudas por un total de G. 108.070 millones, mediante la aprobación de 2.226 facilidades de pago y la atención de 1.228 contribuyentes que solicitaron acogerse a los beneficios contemplados en la normativa.

Del monto total regularizado, el 50,02 %, equivalente a G. 54.054 millones, corresponde a deudas en instancia judicial, mientras que el 49,98 % restante, unos G. 54.016 millones, se relaciona con deudas administrativas. Para la DNIT, estos datos reflejan una utilización equilibrada del régimen en ambas instancias de cobro.

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Por segmento de contribuyentes, los pequeños contribuyentes concentraron el mayor volumen de regularización, con el 66 % del monto total, equivalente a G. 71.344 millones. Les siguieron los medianos contribuyentes, con el 21 % (G. 22.372 millones), y los grandes contribuyentes, con el 13 % (G. 14.354 millones).

En junio, además, fueron otorgadas 226 facilidades de pago y se concretaron 28 pagos al contado. Las entregas iniciales realizadas por los contribuyentes alcanzaron G. 1.346 millones, lo que, según la DNIT, evidencia la continuidad del proceso de regularización de obligaciones tributarias.

La institución recordó que este régimen busca ofrecer alternativas para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales, promoviendo el cumplimiento voluntario y fortaleciendo la cultura tributaria, al tiempo de contribuir a una mayor recaudación y al saneamiento de las obligaciones pendientes.

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La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.

La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.

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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.

El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.

El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.

La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.

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• Jorge Torres Romero

Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.

Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?

El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.

Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.

Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.

Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.

Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.

Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.

No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.

Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.

Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.

Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.

Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.

Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.