Este fin de semana pasado se inició el operativo verano, consistente en la verificación documental y estructural de los sitios dedicados a las actividades recreativas como balnearios y playas. Las fiscalizaciones e intervenciones a balnearios tuvieron lugar en los departamentos de Paraguarí y Cordillera.

Los trabajos son ejecutados por técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). En el recorrido por ambos departamentos se constataron dos emprendimientos veraniegos que no cumplían con las disposiciones administrativas.

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Uno de ellos no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental y el otro con las documentaciones ambientales del 2018, por lo que los responsables fueron notificados, y los mismos deberán presentarse ante el ministerio dentro de los siguientes diez días a partir de la fecha de intervención.

Los antecedentes serán remitidos a la Dirección de Asesoría Jurídica para la investigación correspondiente en el marco de la Ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental.

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Desde la cartera ambiental advirtieron que los técnicos fiscalizadores continuarán realizando este tipo de procedimientos durante toda la temporada veraniega.

El objetivo es orientar a propietarios de emprendimientos dedicados a las actividades de esparcimiento, buscando fomentar el cuidado del medio ambiente, dando especial énfasis a la concienciación y educación ambiental tanto a veraneantes como a la ciudadanía en general.

Por ello, se insta a los dueños de balnearios, playas o piscinas a cumplir con todas las normativas ambientales para brindar a los visitantes sitios saludables y seguros para el esparcimiento y la recreación.

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Medios de comunicación argentinos se hicieron eco acerca del pedido de organizaciones político-sociales al presidente Alberto Fernández para exigir que su gobierno no negocie con Paraguay, por calificarlo de un “Estado infanticida”, esto tras el operativo estatal del 2 de setiembre en que resultaron abatidas dos menores y una que presuntamente se encuentra desaparecida. Este pedido fue entregado en la oficina del mandatario argentino en la Casa Rosada ayer jueves 14.

De acuerdo con el canciller paraguayo, Federico González, las relaciones con Argentina están en un buen nivel y que respetan las posturas de ciertas organizaciones argentinas con carácter ideológico. Al respecto, consideró importante aclarar que la publicación hecha por el periódico argentino ElDiarioAr, titulado Mensaje de Fernández a Abdo: es un asunto de DDHH y requiere una explicación pública, no se ajusta a los términos reales de la comunicación entre ambos mandatarios.

“El presidente Fernández no ha hablado con el presidente Abdo sobre ese tema”, dijo el canciller en contacto directo con La Nación. En la carta de las organizaciones sociales exigen al gobierno de Alberto Fernández que consecuente con su política de DDHH no realice “ninguna transacción comercial en el marco de la impunidad de estos delitos de Estado”. El canciller González reiteró que el Paraguay sostiene que las menores nacieron en Paraguay y fueron trasladadas a la Argentina.

Consideró sumamente extraño que el día de hoy Laura Villalba se haya negado a dar su muestra de ADN, ya que presumiblemente los nombres de las madres que aparecen en los documentos no serían las verdaderas. Se presume que las menores serían hijas de los líderes del EPP, pero ilegalmente inscritas en los registros argentinos, respondió el canciller a las consultas hechas.

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De acuerdo con ElDiarioAr, tras el operativo estatal y la exigencia de Alberto Fernández a Mario Abdo Benítez para esclarecer el caso de las menores con documentación argentina que fueron abatidas en las filas del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el presidente paraguayo “ofreció en más de una ocasión hacer un viaje relámpago a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández para darle, en persona, un informe sobre la actuación de la policía y las fuerzas armadas paraguayas”.

Relatan que “Fernández se negó con un argumento específico: se trató de un hecho donde se arrasaron con los derechos humanos de dos ciudadanas argentinas, en una acción desplegada por la fuerza del Estado paraguayo”. Indican que, de acuerdo con sus fuentes, la postura presidencial “no se trata de una cuestión diplomática ni de relación política, para Olivos se trata de un asunto de DDHH, y como tal requiere una aclaración pública”.

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Por mandato del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el miércoles 13 se llevó a cabo la sesión de la Relatoría de Ejecuciones Sumarias en Ginebra, Suiza, donde dos menores, presuntamente también presentes en el campamento del EPP, dieron sus declaraciones ante la relatoría universal que investiga ejecuciones en todas las partes del mundo.

De acuerdo con el periódico Página 12, en la publicación titulada “Infanticidio de Estado”, hacen mención a la demanda internacional contra Paraguay por las dos niñas asesinadas y otra desaparecida. Informan además de las declaraciones en Ginebra, Suiza. Sostienen que el gobierno de Abdo Benítez “cuestiona la filiación, la documentación de su identidad argentina, para tratar de impedir que el gobierno argentino pueda intervenir diplomáticamente”.

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La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) continúa con los controles para el cumplimiento de los protocolos sanitarios en las unidades del transporte público en el marco del operativo verano, tras culminar las fiestas de fin de año.

“El día 6 terminamos lo que es operativo fin de año y el día 7 ya iniciamos el operativo verano. Estamos haciendo todos los controles sobre el protocolo sanitario y los documentos del transporte”, manifestó el director de Dinatran, Juan José Vidal, en comunicación con la 650 AM.

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Sostuvo que durante la Navidad y el Año Nuevo se llegó al 80% de ocupación de los buses para los viajes al interior del país y actualmente se encuentra en un 50%. Instó a la ciudadanía a respetar los protocolos establecidos para los viajes y no exponerse a un contagio con el COVID-19.

Vidal mencionó que la mayoría de los pasajeros cumple con las disposiciones sanitarias establecidas, pero “de repente” los fiscalizadores de la Dinatran encuentran personas que se quitan el tapabocas en las unidades del transporte público.

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“De repente encontramos pasajeros que se sacan el tapabocas dentro del colectivo. No queremos llegar al punto de bajar al pasajero del ómnibus y sancionar a la empresa”, agregó el titular de la Dirección Nacional de Transporte.

La multa por incumplimiento de los protocolos sanitarios es de 173 jornales, unos G. 14.500.000, para las empresas del transporte público. La institución instaló puestos móviles de control a fin de hacer respetar los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia del COVID-19.

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