La exsenadora liberal Blanca Lila Mignarro aseguró que el 70% de las oenegés pueden ser eliminadas, pues muchas fueron creadas solo para recibir dinero del Estado. La exparlamentaria presidió durante varios años la Comisión Bicameral de Presupuesto y conoce el funcionamiento de la figura, recordando que en un momento dado llegaron a figurar hasta 200 oenegés que pretendían recibir plata del Estado.
Según mencionó, no se pudo recortar suficientemente dicha lista por los padrinazgos, lo cual confirma la injerencia de algunos sectores –sobre todo políticos– en este tipo de entidades, según comentó en comunicación con la 730 AM.
“Me costó sudor y lágrimas el tema de la asociación de ciegos”, afirmó Mignarro, refiriéndose al escándalo registrado años atrás con los directivos de la Asociación de Ciegos del Paraguay. Recordó que los directivos de esa organización incluso fueron condenados por estafa y lesión de confianza, luego de descubrirse una millonaria malversación de fondos en la institución.
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Una de las constantes en las oenegés es que integran varios miembros de una misma familia como directivos y con millonarios sueldos. A criterio de Mignarro, se crean oenegés por todos lados “porque el Estado no funciona”.
“Yo creo que el 70% (de las oenegés) se puede eliminar”, sostuvo. Asimismo, instó a fortalecer las instituciones que fueron creadas para los ámbitos de competencia de las diferentes organizaciones existentes, sean personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, etc.
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Salario mínimo: IPC no captura el peso de los alimentos
Mientras avanza el análisis del aumento salarial que regirá desde julio, economistas advierten que el IPC utilizado para calcular el ajuste no captura el peso que tienen los alimentos en el presupuesto de las familias de menores ingresos.
A pocas semanas de definirse el reajuste del salario mínimo que entrará en vigencia desde julio, el debate ya no gira solamente en torno al porcentaje de aumento, sino también sobre si el mecanismo utilizado para calcularlo refleja realmente el costo de vida de los trabajadores paraguayos.
Actualmente, el ajuste se determina en función de la inflación acumulada entre junio de 2025 y mayo de 2026, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, para el economista Rodrigo Ibarrola, investigador asociado del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ese indicador presenta una limitación importante cuando se lo utiliza para definir salarios.
“Si se aplica únicamente la inflación observada, el ajuste sería muy exiguo”, sostiene. Punto en el que recuerda que el IPC es un indicador agregado que mide el comportamiento promedio de precios de cientos de bienes y servicios.
El problema con esto es que no necesariamente representa el patrón de consumo de los trabajadores que perciben el salario mínimo, explica el especialista.
Según indicó, una familia típica destina más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, mientras que dentro de la estructura del IPC este rubro tiene una ponderación cercana al 25 %.
“El ajuste por IPC siempre será insuficiente. El trabajador siente mucho más el aumento de los alimentos porque es ahí donde concentra gran parte de sus gastos”, remarcó Rodrigo.
Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchas familias perciben una pérdida de poder adquisitivo incluso en períodos de inflación moderada. Mientras el índice refleja el comportamiento promedio de toda la economía, los hogares de menores ingresos enfrentan una realidad distinta, marcada por el peso que tienen los alimentos dentro de su presupuesto mensual.
El economista hizo hincapié en que el propio Banco Central ha señalado en varias ocasiones que el IPC fue diseñado como una herramienta de política monetaria, y no como un instrumento específico para la política salarial.
En este contexto, señaló que existen indicios de que el Gobierno estaría evaluando un incremento superior al porcentaje que arroja estrictamente el IPC, ante el estancamiento del salario real observado en los últimos años.
No obstante, advirtió que aún falta información clave para determinar si el eventual reajuste será suficiente para recuperar capacidad de compra. “Hoy no contamos con una canasta específica que refleje el consumo típico de un trabajador asalariado. Lo único que sabemos es que ajustar exclusivamente por IPC resulta insuficiente”, concluyó.
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Abordan soluciones para la eliminación de la tuberculosis
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) llevó a cabo la Jornada Científica “Tuberculosis, un problema mayor de salud pública”, un encuentro que reunió a autoridades nacionales, investigadores y especialistas internacionales con el objetivo de fortalecer estrategias innovadoras para la eliminación de la tuberculosis (TB), el VIH y otras infecciones en poblaciones vulnerables del Paraguay.
La actividad se enmarcó en el Proyecto Estratégico “Rompiendo Cadenas”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Programa Prociencia con apoyo del FEEI, y se desarrolló el lunes 25 de mayo de 2026 en el Hotel Sheraton.
EJE CENTRAL
La jornada tuvo como eje central el fortalecimiento de estrategias innovadoras para la eliminación de la tuberculosis (TB), el VIH y otras infecciones en poblaciones vulnerables del Paraguay, promoviendo un enfoque multidisciplinario que integra investigación científica, salud pública y políticas estatales.
Durante el evento se realizó el panel “De la decisión a la acción”, en el que participó el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, junto a la Dra. María Teresa Barán, ministra de Salud Pública y Bienestar Social (MSyBS); el Dr. Rodrigo Nicora, ministro de Justicia (MJ); y el diputado Pastor Vera.
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Gamarra pide respetar a las instituciones aun cuando los fallos incomoden
El diputado colorado Rodrigo Gamarra enfatizó que las instituciones del Estado deben ser respetadas siempre, no solo cuando dicen lo que algunos sectores políticos y medios afines “quieren escuchar”. Sostuvo que destruir la credibilidad de la Justicia, de la Fiscalía o de la Contraloría solo porque no controlan esas instituciones, es seguir con plan de destrucción de la propia República.
El legislador se manifestó en estos términos luego de que sectores de la oposición cuestionaran el fallo emitido por la Contraloría General de la República respecto al examen de correspondencia de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) del presidente Santiago Peña, determinando de manera técnica que no existen irregularidades ni enriquecimiento ilícito en el patrimonio del mandatario.
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“Cuando la Justicia falla contra un colorado es un Histórico Triunfo de la ciudadanía, un golpe a la impunidad; la Justicia funciona. Cuando la Contraloría imputa o denuncia a un colorado es una institución ejemplar, un ente serio, un órgano respetable. Pero cuando investigan a alguien de la oposición, eso es persecución, dictadura, fiscalía cartista, contralor payaso, jueces vendidos”, cuestionó el legislador a través de su cuenta oficial en X.
El parlamentario colorado señaló que el verdadero fin de las críticas contra el patrimonio del presidente Peña no es la búsqueda de transparencia real, sino el uso de las instituciones del Estado como un “garrote político” para desgastar al Ejecutivo. En tanto, según su visión, se cubren o minimizan los casos de supuesta corrupción que salpican a figuras de la oposición, como Rafael Filizzola, Arnaldo Giuzzio y otros.
“La Contraloría concluyó que no existe irregularidad en el patrimonio del presidente Santiago Peña, entonces resulta que la Contraloría también es farsante, blanqueó, manipulada y cómplice. O sea, las instituciones solamente sirven cuando el resultado coincide con el capricho político de ciertos sectores. Lo que algunos quieren no es justicia independiente. Quieren garrote, látigo y alambre de púas para sus adversarios políticos y colchón de plumas para los delincuentes de su sector”, remarcó.
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Peña emite decreto para priorizar gastos en salud, educación, seguridad y programas sociales
El presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto para ordenar los gastos del Estado y priorizar hacia ciertos sectores, específicamente salud, educación, seguridad y programas sociales. Se trata de una medida para fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.
Se trata del Decreto n.° 6120, “por el cual se establecen medidas adicionales de optimización, priorización y gestión eficiente del gasto público en el marco del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”. El texto fue impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarca en los principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera del Estado y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta el actual contexto económico y la necesidad de garantizar una gestión prudente de las finanzas públicas.
El decreto establece criterios orientados a evitar la expansión de gastos no prioritarios y la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo. Entre las principales disposiciones se destaca la priorización del gasto en salud, educación, seguridad y programas sociales, garantizando la continuidad de los servicios esenciales para la población; como también la utilización prioritaria de Recursos Institucionales (Fuente 30) antes de recurrir a Recursos del Tesoro (Fuente 10), buscando una gestión más sostenible y eficiente de las finanzas públicas.
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Regularización de deudas
Además, el documento contempla la presentación de planes institucionales de regularización de obligaciones pendientes con proveedores y contratistas, a fin de ordenar y transparentar los compromisos financieros del Estado (deudas); y establece restricciones y medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones no prioritarias.
También se establecen determinadas migraciones de cuotas del Plan Financiero requieran autorización previa del MEF, reforzando así los mecanismos de control y seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Las arcas del Estado fueron golpeadas por la caída del dólar en los primeros meses del año y actualmente se está trabajando intensamente en honrar las deudas con sectores importantes, como son el de las farmacéuticas y las firmas de construcción vial.