El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, durante la sesión plenaria, decidió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes del juez de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Ramón Alberto Florentín, debido a presuntas actuaciones irregulares en procesos sobre delitos ambientales.

El ministro y encargado de la Dirección Ambiental, Víctor Ríos, señaló que el magistrado hizo lugar a pedidos que no estarían dentro de la ley en causas en las que, durante la audiencia preliminar, se modificaba la calificación jurídica de los hechos imputados para que los acusados pudieran acceder a salidas alternativas y evitar ir a juicio oral.

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Asimismo, se advirtió que el juez habría actuado de manera irregular al otorgar una salida alternativa y designar como asesor de prueba al propio acusado, en una causa por violación de la Ley Ambiental. El ministro aseguró que el magistrado no pudo justificar su actuación.

Ahora el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el referido magistrado y en caso de encontrarse irregularidad se podría pedir la suspensión del juez de Curuguaty.

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La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.

Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.

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Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.

La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.

En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.

Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.

La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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Un técnico electricista que trabaja con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) denunció haber sido agredido por una mujer al intentar retirar el medidor eléctrico de una vivienda por falta de pago del servicio. El trabajador incluso dijo que fue amenazado con un arma de fuego, en un hecho que se produjo en el barrio Jara de Asunción.

Cuando el hombre explicó que contaba con una orden de trabajo, la dueña de casa cuestionó el procedimiento y exigió la entrega del documento. Ante este hecho, el electricista aclaró que solo podía mostrar el papel, con lo que la señora se abalanzó y lo golpeó, según quedó registrado en un video socializado por la víctima.

“No podes ser así señora. ¿Por qué sos violenta?”, recriminó el electricista tras la agresión, identificado como Andrés Báez.

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Una vecina, que se presentó como la abogada “doctora Marcela Espínola”, se solidarizó con los propietarios de la casa y también amenazó que “le iba a fundir” al técnico, alegando ser allegada de una autoridad.

En total, la casa intervenida tenía 19 facturas impagas, por lo que se autorizó el retiro del medidor, según la orden exhibida por el electricista. “Aikéta ndéve plomo hína! Mba’e pio imbécil, claro que tengo arma. Te voy a cagar a trompadas”, amenazó otro hombre, conforme se observa en la grabación acreditada como prueba por el denunciante.

El denunciante contó la complicada situación que afrontó cuando intentó cumplir con su labor. “Teníamos una orden de trabajo, estábamos verificando el medidor que tenía las 19 facturas vencidas. Al percatarnos que el medidor estaba en esa casa, llegamos y, justamente, se acercó un señor diciendo que es de la casa y en contados segundos ya le increpó a mi compañero. Se acerca, me amenaza y me empuja, y me muestra un arma de fuego”, relató al canal NPY.

Comentó que tuvo que filmar con el celular todo lo acontecido como resguardo. El joven pudo identificar al hombre que le amenazó con la pistola como Daniel Correa. “Gracias a Dios pude seguir filmando, porque lo que él quería seguramente era que yo siguiera su juego y que le agrediera también. Y hasta el último momento pude filmar, gracias a Dios”, manifestó.

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