Un hombre formuló una denuncia el 17 de enero de este año en contra de su concubina, quien lo habría golpeado con una botella de vidrio causándole lesiones de consideración. Ayer, la mujer fue imputada por violencia familiar.
El agente fiscal José Silguero Denis, de la Unidad Penal del Ministerio Público de Santa Rita, imputó a la mujer de 39 años por el hecho punible de violencia familiar. Según la investigación, la imputada habría agredido física y verbalmente a su pareja tras una discusión que mantuvieron.
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De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 17 de enero, a las 22:00 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el distrito de Tavapy, Alto Paraná.
La mujer mantuvo una discusión con su concubino y el tono fue subiendo rápidamente, hasta que la misma se apoderó de una botella con la que le propinó varios golpes en la cabeza y en los brazos, causándole lesiones de consideración.
Tras el hecho, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Distrital de Santa Rita, cuyo informe se encuentra agregado a la carpeta fiscal. Luego de recuperarse, declaró que era víctima de constantes maltratos, física y verbal de parte de su pareja, con quien tiene un hijo, por lo que decidió formular la denuncia en su contra y poner punto final a la relación.
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Incumplimiento del deber alimentario lidera hechos punibles que afectan a la niñez, según Fiscalía
Con motivo del Día del Niño, el Ministerio Público presentó un informe de los hechos punibles que más afectan a la niñez. La lista encabeza el incumplimiento del deber alimentario, seguido de la violencia sexual, la vulneración del deber de cuidado, el maltrato y hechos asociados a entornos tecnológicos.
El propósito del análisis es dimensionar algunas de las situaciones que requieren investigación penal y una respuesta especializada de las instituciones responsables de la protección de la niñez y la adolescencia.
El estudio revela que entre enero de 2020 y julio de 2026 ingresaron 110.886 causas, correspondientes a los ocho hechos punibles incluidos en el relevamiento. El incumplimiento del deber legal alimentario ocupa el primer lugar, con 48.832 causas. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas.
En tercer lugar se encuentra la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564 causas; seguida de la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379, y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983 causas.
En conjunto, estos cinco hechos suman 107.597 causas y representan aproximadamente el 97 % de las 110.886 causas incluidas en el relevamiento.
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El incumplimiento del deber legal alimentario constituye el hecho con mayor cantidad de registros de toda la serie analizada con 48.832 causas desde el 2020 hasta la fecha. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron otras 4.317 causas.
El punto más alto entre los seis años completos analizados se produjo en 2023, con 8.293 causas, según registro del Ministerio Público.
Abuso sexual en niños
Uno de los indicadores de mayor sensibilidad corresponde al hecho punible de abuso sexual en niños. Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas 21.839 causas. La evolución anual muestra 2.739 causas en 2020; 2.968 en 2021; 3.814 en 2022; 3.564 en 2023; 3.551 en 2024 y 3.408 en 2025.
El mayor registro entre los años completos analizados se produjo en 2022, con 3.814 causas. Entre enero y julio de 2026 se registraron otras 1.795 causas.
La franja etaria consignada se encuentra entre los 10 y 13 años, mientras que el 84 % corresponde al sexo femenino.
Entornos digitales
Los registros del Ministerio Público incluyen hechos vinculados directamente con los entornos tecnológicos. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.
Por otra parte, el hecho punible denominado abuso por medios tecnológicos registra 54 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.
Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central aparecen identificados entre las zonas destacadas en los datos territoriales del Observatorio del Ministerio Público.
En abuso sexual en niños, el 84 % de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino; en pornografía relativa a niños y adolescentes, también el 84 %; en abuso por medios tecnológicos, el porcentaje alcanza el 81 %, y en violación de la patria potestad, el 79 %. En abuso sexual en niños y el abuso por medios tecnológicos se ubican entre los 10 y 13 años.
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Denunció violencia familiar en junio, ignoraron sus pruebas y hoy está imputada por la denuncia de su expareja
La exmodelo Graciela Núñez atraviesa una situación inédita. En junio pasado denunció a su expareja, Marcos Gómez, por violencia familiar. Sin embargo, terminó siendo imputada por el mismo delito tras una contradenuncia que el hombre presentó el pasado 6 de agosto. La celeridad del Ministerio Público para formular la imputación contra la mujer levanta sospechas sobre presuntas motivaciones e intereses ocultos en el caso.
A raíz de la denuncia de Gómez, Núñez fue imputada y se ordenó su detención inmediata. La mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría Tercera de Luque. Lo llamativo del caso es que, dos meses antes (el 10 de junio), la exmodelo ya había presentado una denuncia formal en sede del Ministerio Público. A pesar de aportar videos y audios como pruebas de las agresiones sufridas, su causa quedó encajonada. En contraste, Gómez logró que la Fiscalía imputara a la mujer en cuestión de días.
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Actualmente, Graciela Núñez cuenta con contención psicológica del Ministerio de la Mujer. Según su declaración testifical, los episodios de violencia física comenzaron el 11 de julio de 2025 en la habitación matrimonial. En esa ocasión, su esposo la sujetó fuertemente del cuello contra la pared y luego la golpeó en el rostro en otro sector de la casa. La niñera presenció el hecho. Además, se adjuntaron imágenes del circuito cerrado de la vivienda en las que se observa la agresión y se identifica a Marcos Gómez.
La víctima denunció otro episodio violento el 28 de noviembre de 2025, citando como testigos a miembros de su núcleo familiar. Tras un nuevo altercado el 30 de diciembre de 2025, Graciela decidió abandonar el hogar conyugal. Sin embargo, el hostigamiento continuó. El 1 de enero de 2026, Gómez le quitó el control de las cuentas bancarias. Más tarde, el 15 de junio de 2026, un conocido le advirtió mediante mensajes que su expareja planeaba plantarle drogas en el vehículo para perjudicarla.
A pesar de las evidencias audiovisuales presentadas por Núñez, la causa a cargo de la fiscal Sonnia Spezzini (Unidad 5 de Luque) no avanzó. Por el contrario, la denuncia de Marcos Gómez, presentada el 6 de agosto de 2026, tuvo un rápido trámite. El hombre alegó haber sufrido varios episodios de violencia y afirmó que, en una ocasión, despertó y encontró a Graciela apuntándole con un arma de fuego. Tan solo 48 horas después de esta declaración, el fiscal Orlando Paiva imputó a la exmodelo, ordenó su captura y solicitó prisión preventiva por un plazo de seis meses de investigación. La mujer actualmente está con arresto domiciliario.
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Quirófanos fantasmas en IPS: “Es muy factible que haya más imputaciones”, advierte fiscal
El fiscal Julio Ortiz se constituyó este viernes hasta el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la indagación sobre las obras fallidas de quirófanos modulares que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Durante el procedimiento se verificó los insumos entregados por la empresa Neighpart S.A. “Vemos que hasta la fecha no hay una construcción, entonces la imputación tiene sustento, ya que se basa en este punto, no hay quirófanos modulares, lo que sí se encontró fueron algunos productos o objetos. Es muy factible que haya más imputaciones, personas comprometidas en esto”, indicó en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Ortiz agregó que “si es necesario imputar a alguien más, que no haya dudas que lo haré”. El procedimiento fiscal fue acompañado por el presidente de la previsional, Isaías Fretes, y el arquitecto Gustavo Masi, quien se desempeñó en el cargo de director de Infraestructura de la institución.
En la ocasión, Masi detalló que hasta el momento solo fueron entregados equipos de climatización, mientras que las estructuras de los quirófanos no llegaron a ejecutarse. La obra quedó paralizada luego de detectarse que la estructura del edificio no soportaría el peso de los equipos.
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Masi incluso dijo que no se realizaron previamente los estudios estructurales necesarios. En la causa ya se encuentran imputados por lesión de confianza los expresidentes de la previsional Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística, y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.