Una maestra jubilada que trabajaba como taxista fue hallada sin vida en México tras ser extorsionada y aparecer en un video atada y rodeada de personas armadas, un caso que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió este viernes investigar “a fondo”.

El asesinato de la maestra ocurre dos semanas después de que Sheinbaum lanzara una estrategia nacional contra la extorsión, un delito común en varias zonas de México.

La comisión de búsqueda de desaparecidos del estado de Veracruz (este) lanzó una alerta para localizar a Irma Hernández Cruz, de 62 años, luego de que se denunció que habría sido secuestrada por presuntos criminales hace una semana en la ciudad de Álamo, unos 300 km al noreste de la capital mexicana.

Pero el pasado jueves, tras un cateo en ese municipio, “fue localizado el cuerpo sin vida (...) de la víctima”, que ha sido plenamente identificada, informó la fiscalía de Veracruz.

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Interrogada sobre este caso, Sheinbaum dijo este viernes que las autoridades federales ya se están coordinando para investigar lo ocurrido.

Desde que se denunció la desaparición de la mujer “hubo colaboración con el gabinete de seguridad (...) para llegar al fondo de estos hechos”, aseguró durante su conferencia matinal.

El caso ha desatado conmoción en redes sociales y la prensa porque tras ser secuestrada, circuló un video en el que Hernández Cruz aparece atada y rodeada de una decena de encapuchados con rifles de asalto.

“Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota (extorsión) como debe ser (...) o van a terminar como yo”, dice la maestra jubilada en el video.

Bandas de narcotraficantes han extendido sus actividades criminales a la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas en distintas zonas de México.

Es usual que conductores del transporte público y comerciantes sean extorsionados con las denominadas “cuotas” o “derecho de piso”.

De negarse, los criminales pueden tomar represalias, como incendiar vehículos o comercios, y en algunos casos como este, secuestran y matan a sus víctimas.

• Fuente: AFP

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El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.

“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.

Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.

“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.

“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.

Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.

A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.

Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.

“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.

En la intervenida admi­nistración munici­pal de Miguel Prieto siguen las “sorpresas”, tras revelarse que uno de sus asesores de educación y cul­tura, Pedro Bonifacio Espi­noza Chávez, guarda víncu­los directos con la líder del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Espinoza Chávez, actual fun­cionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, es pareja de Dora Meza, hermana de Magna Meza, identificada por las autoridades como líder activa del grupo crimi­nal EPP y de Aldo Meza, ante­rior líder y ahora cumpliendo condena.

Esta relación familiar ya había generado controver­sia en el pasado, pero el caso se agrava al recordar que en 2016, Espinoza y su pareja fueron objeto de un allana­miento donde se incautaron cargamentos de marihuana y panfletos alusivos al grupo criminal.

La presencia de panfletos del EPP en ese procedimiento no fue un hecho menor. Las auto­ridades lo vincularon en su momento con actividades de propaganda del grupo crimi­nal, aunque nunca se forma­lizaron acusaciones directas. A pesar de ese oscuro ante­cedente, Miguel Prieto lo incluyó dentro de su equipo municipal.

La decisión del intendente levanta serias dudas sobre los filtros éticos y legales en la contratación de personal dentro del municipio. ¿Se hizo una evaluación de antece­dentes? ¿Se investigaron las conexiones familiares con el EPP, una organización res­ponsable de secuestros, ase­sinatos y extorsiones?

En redes sociales, ciudadanos de la capital del Alto Paraná reaccionaron molestos pues consideran que el municipio no puede ser refugio de perso­nas ligadas, aunque sea indi­rectamente, a organizaciones criminales.

El ministro del Interior, Enrique Riera, refirió que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenía por objetivos a diversas auto­ridades, empresarios y traba­jadores de prensa de Canin­deyú. La operación militar Cobrarius abatió al cabecilla Rubén Darío López Fernán­dez, alias Loro, en un campa­mento con importantes ele­mentos incautados.

“La información que nosotros manejábamos es que se podría lograr o intentar atentar con­tra jueces, fiscales, producto­res, periodistas y militares. El grupo criminal no pasa de 14 los miembros identifica­dos, que tienen antigüedad”, comentó Riera en una confe­rencia de prensa. “Puede ser que tengan ayuda logística los que compran cosas, indígenas que le sirvan como campa­nas, pero que no tienen capa­cidad de organizar y enfrentar a nuestras fuerzas. Tenemos todavía como tarea pendiente el núcleo duro donde están Cristiano Mieres y Magna Meza”, acotó.

El alto funcionario de Estado agregó que no se descarta la posibilidad de que Magna Meza, una de las principales fundadoras del EPP, se encuen­tre herida de gravedad o haya fallecido, a consecuencia del enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en zona de la reserva de Mbara­cayú.

“No descartamos la posi­bilidad de que ella esté muy mal herida o que directamente falleció, pero esto se sabrá con el tiempo. Ellos no son de aban­donar a sus caídos, puede ser que hayan tenido tiempo de lle­varla y a Loro no, teniendo en cuenta que estaba metido en un matorral con el fin de prote­gerse y fue el lugar donde murió y ya no tuvieron tiempo”, dijo.

Por otra parte, el ministro ratificó el compromiso del gobierno del mandatario San­tiago Peña de localizar a los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo y el exvicepre­sidente de la República, el libe­ral Óscar Denis. “El Estado no se cansa ni se cansará. Que sus familias sepan que nosotros no descansamos como fuerza de seguridad. Esta es una tarea de resistencia y no de veloci­dad”, indicó.

En mayo pasado, la FTC confirmó que el grupo criminal EPP migró al departamento de Canindeyú en busca de refugio, al verse obligados a dejar sus guaridas en las zonas Amambay y Concepción tras la pérdida de su líder Osvaldo Villalba.

La información fue confirmada mediante las evidencias encon­tradas tras el ataque a la Subcomisaría N.º 10 de la colonia Ybyrarovana, el pasado 3 de mayo.